Dada la ambigüedad de la ley en lo que se refiere a las causales de nulidad, cabe la posibilidad de que la elección presidencial de 2018 pueda ser anulada si los contendientes que quedaran en segundo y tercer lugar rebasáran sus topes de gastos de campaña, aunque el primero no lo haya hecho.

“Yo no recuerdo un solo asunto donde las violaciones del segundo y tercer lugar sirvan para anular la elección, pero con la ambigüedad de la redacción de lo que señala la ley en un caso muy remoto se podría dar”, explicó Javier Martín Reyes, maestro en ciencia política por la Universidad de Columbia y licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El especialista explicó que ello puede suceder aunque eso vaya en contra de la lógica de las nulidades y en contra de los precedentes del propio Tribunal  Electoral del Poder Judicial de la Federación “y además generaría incentivos perversos”.

Martín Reyes añade que para que una elección federal o local sea anulada, deberán presentarse violaciones graves, dolosas y determinantes que impidan comicios libres, de acuerdo al artículo 41 de la Constitución General de la República.

¿Beneficio propio al violar la ley?

En materia electoral hay un principio que establece  que un candidato  no puede beneficiarse de su propio dolo ni de las irregularidades que él mismo comete.

“Así, en el caso de que un segundo lugar rebase los topes de gastos de campaña y con eso pida la nulidad sería un contrasentido, pues él  mismo generaría  con esas violaciones un beneficio propio para participar de nuevo o su partido”, refiere Reyes.

El especialista insiste que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación antes de anular una elección deben preguntarse si las irregularidades que se presentaron fueron determinantes para el resultado de la elección.

Los tres casos en los que una elección se anularía son:

1.- Que algún candidato se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado.

2.- Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos de radio y televisión fuera de la ley.

3.- Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

En su opinión advierte que la redacción de la primera causal de nulidad  es incierta, pues sólo refiere que si algún candidato excediera el gasto de tope de campaña en un cinco por ciento debiera anularse.

 “Si rebasan el segundo y el tercero el tope de gastos de campaña, pero el ganador no y anulas, generas incentivos súper perversos, así  el segundo y el tercero  tendrían  todo para gastar de más y tener otra oportunidad”, agrega.

Señala además que es necesario castigar de manera ejemplar a quienes violen la ley y traten de sacar ventaja ilegal. “Hasta cárcel en aquellos casos de quienes hicieran uso de recursos públicos o de procedencia ilícita para sacar ventaja, eso sería más efectivo que incluso anular elecciones”, afirma.

Explica que sí hay cierto tipo de violaciones e irregularidades que pueden cambiar el resultado de la elección, se asume que el gasto por encima del límite puede influir en el resultado. Por ejemplo, si el candidato ganador y el segundo lugar en ambos casos rebasaran en un cinco por ciento o más el gasto de tope de campaña las elecciones, deberían anularse pues se vulnera el principio de equidad para el resto de los participantes.

 “La anulación no es la panacea ni el remedio, tendríamos que sancionar de manera más efectiva a quienes violan la ley.  De por sí es difícil que la gente se anime a votar, si anulas, millones de votos terminan en la basura y eso a largo plazo genera una percepción en el ciudadano de que su voto no cuenta, es un costo social muy alto”, finalizó.

Gerardo Romo