Editorial 5 de noviembre

Designación de presidencia #CNDH; los casos de #Tlatlaya y #Ayotzinapa siguen en la agenda; fueron rechazadas todas las consultas populares en la #SCJN.

El proceso de designación del nuevo ombudsperson en México ha sido uno con reflectores. Las repetidas violaciones a Derechos Humanos en el país, han provocado que la designación se vuelva un tema importante para los medios de comunicación. Parte del problema se le achaca a la Comisión. Duras y recurrentes críticas a la actual presidencia de la Comisión ha sido una de las características primordiales del proceso: sociedad civil, académicos, activistas y los propios candidatos han señalado que la Comisión ha actuado de forma irresponsable ante las diversas violaciones que ha habido en los últimos años en el país. Aumento de presupuesto sin que eso haya derivado en una mejor protección de los Derechos Humanos; poca efectividad al momento de atender a las víctimas; distanciamiento de la sociedad; y demasiada cercanía con el gobierno han sido las principales críticas. Por su parte Raúl Plasencia ha defendido su gestión anotando cifras con las que -desde su perspectiva- se demuestra la efectividad del organismo, así como la confianza que hay en él y ha obtenido el apoyo de rectorías de universidades como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Panamericana y la Escuela Libre de Derecho. Los años que vienen para la Comisión implican muchos y complicados retos para su consolidación como organismo de protección de Derechos Humanos, quien lo presida tendrá que enfrentarse a una presión muy grande de la sociedad y también a una expectativa muy alta.

Los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa siguen generando notas tanto en la prensa nacional como la internacional. Ambos casos han llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la presión internacional va en aumento. En días pasados trascendió la aprehensión en la delegación Iztapalapa del Distrito Federal de José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda a quienes se ha señalado como principales sospechosos de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Al momento, la PGR no ha ahondado en detalles y se ha concentrado en explicar las pistas que permitieron la localización y detención. Son muy diversas las voces que han expresado que la detención de Abarca no debe sobredimensionarse y que es necesario no perder de vista que encontrar a los estudiantes, esclarecer los motivos del crimen y reparar a las víctimas deben ser los objetivos. En medios se especula mucho sobre el tema y se construyen muy diversos escenarios. Mientras tanto, en prensa internacional se señala que si no se atiende el problema con seriedad y profundidad, podría derivar en un conflicto social de mayores magnitudes. También ha trascendido que siete miembros del ejército -aparentemente vinculados con el caso Tlatlaya- han sido puestos a disposición de un Juez de Distrito. El desenlace de los dos casos podría ser determinante para la defensa de Derechos Humanos y la consolidación de un modelo jurídico democrático en un futuro próximo.

El día lunes, la SCJN terminó de analizar la constitucionalidad de las consultas populares presentadas por los partidos políticos PAN, MORENA, PRD y PRI. Todas ellas fueron declaradas como inconstitucionales. En el Pleno, se argumentó que las consultas sometidas a consideración no podían ser aceptadas porque incluían temas restringidos por  la Constitución. En específico, la restricción para hacer consultas que afecten ingresos y gastos del estado (en los casos de las iniciativas del PAN, PRD y Morena); y la restricción para hacer consultas que afecten la materia electoral (que fue el caso de la consulta propuesta por el PRI). Para conocer más a detalle lo sucedido en estas sesiones, puede leer nuestro resumen. Ha habido reacciones muy diversas sobre el desechamiento de estas consultas, desde la reprobación absoluta a lo que decidió la Corte, hasta anotaciones donde se critica a los ciudadanos por no haber participado más en la elaboración de consultas. Así, este ejercicio de democracia directa tendrá que esperar más tiempo para ser realizado.

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