Cinco preocupaciones respecto a la Gendarmería nacional. Por @IvanGGarate

Reseña del texto: El debate entre políticas de seguridad, democracia y derechos humanos. El caso de la Gendarmería Nacional /publicado por FUNDAR

Las políticas represivas del Estado mexicano en materia de seguridad son nuevamente documentadas por Fundar en el segundo de la serie de cuadernos Otros referentes para pensar al país, en esta ocasión a partir de una investigación realizada por Miguel Moguel (quien se encarga de la redacción final del texto) y Nicholas Zebrowsky. Este texto lleva a cabo una investigación a fondo sobre la Gendarmería Nacional y los problemas que una institución de este tipo tiene para los derechos humanos y la democracia en el país.

Presentada como uno de los ejes del Plan de Seguridad del gobierno de Peña Nieto, la Gendarmería nacional genera más dudas que certezas sobre su idoneidad como medida para enfrentar la seguridad en el país. Estas dudas adquieren mayor relevancia porque de acuerdo con la poca información pública que existe sobre el tema, la Gendarmería entrará en funciones a finales de julio o principios de agosto y para ello se ha asignado en 2013 y en 2014 un presupuesto que llega casi a los 6 mmp.

El concepto de “gendarmería” se utiliza para referirse a una fuerza altamente móvil con formación civil y militar, cuya organización interna y decisiones responden a una lógica castrense. El modelo que pretende seguir la Gendarmería Nacional es el modelo francés que de acuerdo con Moguel, es también el modelo que siguió la Guardia Civil española. La Gendarmería estaría a cargo de la Secretaría de Gobernación como parte de la Policía Federal (como la séptima división) y en un principio se integraría con 5,000 efectivos.

El texto de Miguel Moguel explica 5 principales problemáticas asociadas a la creación de la Gendarmería Nacional. La primera de ellas es la naturaleza militar de la iniciativa. Durante años y a pesar de varias revisiones del EPU, de relatores de naciones unidas y de varias sentencias de la CorteIDH, el Estado mexicano ha desplegado un modelo militarizado de políticas en materia de seguridad que no responde a las necesidades democráticas de respeto a los derechos humanos y pone en situación de vulnerabilidad a la población. La perspectiva castrense, nos dice el autor, “colisiona con la perspectiva de seguridad ciudadana al enfatizar la eliminación del enemigo y no de la protección de la población civil”.

Una segunda preocupación es la inexistencia de un marco constitucional y legal que determine las facultades de la Gendarmería en las labores de seguridad y sus responsabilidades. Esto puede generar vacíos que pueden traducirse en la vulneración de derecho y libertades. Por otro lado, la ausencia de un marco legal y constitucional impide que haya una discusión de fondo sobre las funciones, facultades y atribuciones que en materia de seguridad deba asumir la Gendarmería.

Una tercera preocupación es la ausencia de una perspectiva de seguridad ciudadana y de derechos humanos. La Gendarmería se da dentro de un contexto general de medidas que han favorecido la perspectiva represiva que favorece al Estado y a las instituciones de seguridad. La seguridad ciudadana favorece lineamientos para garantizar los derechos y las libertades de las personas, se enfoca en las víctimas, en la rendición de cuentas y la responsabilidad pública por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

Una cuarta preocupación es la falta de transparencia y acceso a la información en torno al Gendarmería que van desde su organización, sus recursos, su funcionamiento y otros datos fidedignos en torno a esta nueva institución. Las iniciativas como la de la Gendarmería revisten un interés especial por parte de la sociedad que busca información sobre la misma y los resultados de su actuación policial, por ello la falta de transparencia en todo este proceso de creación de la Gendarmería es motivo de preocupación.

Por último, la quinta preocupación de Fundar es que la Gendarmería corra la misma suerte en los temas en los que otras instituciones de seguridad anteriores han fracasado rotundamente: la corrupción y el respeto a los derechos humanos.

A partir de estas preocupaciones Miguel Moguel nos plantea una serie de conclusiones que vale la pena leer sobre todo quienes tienen interés particular en las políticas de seguridad y de protección de los derechos humanos.

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