Sin metodologías de parlamento abierto se realizaron audiencias documentadas en videos pero estas no fueron sistematizadas, no hubo seguimiento de las participaciones ni respuestas a los razonamientos a favor o en contra.
La propuesta no desarrolla suficientemente el problema público y por lo tanto no atiende las causas, tampoco reduce los efectos del problema y en cambio ayuda a mantener los factores contribuyen a la persistencia del problema y por lo tanto resulta contraria a las alternativas de solución.
Sin metodologías de parlamento abierto, no existió transparencia en los criterios de toma de desiciones y no se valoraron las alternativas de solución. La única solución planteada fue la prisión preventiva y no existió apertura para construir alternativas.
No existió un análisis del impacto presupuestal del incremento en la inversión pública que representa mantener en prisión a un mayor número de personas.
En cuanto a la técnica legislativa, en la exposición de motivos se define con claridad y suficiencia el problema público pero no se comprueba la relación causal entre la prisión automática y la reducción de la impunidad y la violencia. Finalmente el régimen transitorio plantea evaluar esta medida periódicamente pero no define los instrumentos necesarios para lograrlo.
El debate en torno a la propuesta estuvo muy polarizado, muy pocas personas legisladoras cambiaron de opinión, no existieron argumentos basados en evidencia y constante mente se recurrió a la manipulación por medio de falacias de falso dilema.
La comunicación de la propuesta normativa estuvo marcada por el sesgo y la estigmatización hacia las personas imputadas, impidiendo la difusión imparcial de los pros y los contras.
