El pez por la boca muere:
La resaca del negocio de la polarización
19 de noviembre de 2026
19 de noviembre de 2026
Las narrativas del Make America Great Again (MAGA) —con sus réplicas y franquicias locales en América Latina como Javier Milei, José Antonio Kast, Abelardo de la Espriella, Nayib Bukele entre otros (hombres)— promueve como valores: la propiedad privada, la libertad económica y la responsabilidad individual 1 . Estos supuestos valores son impuestos mediante chantaje y extorsión económica, violencia política, manipulación mediática y de redes sociales, y amenaza militar so pretexto del narcoterrorismo 2. Sin embargo, su arquitectura de comunicación y movilización reveló pronto su debilidad.
El modelo de negocio que lucra con la fractura del tejido social para lograr éxitos políticos y abultar las fortunas de los billonarios, finalmente es un esfuerzo retórico y “el pez por la boca muere”, quienes hasta hace poco presumían sus excesos y promovían impunemente la discordia; hoy, después de la histórica derrota electoral comienzan a caminar cuesta arriba, se asfixian en su propia trampa retórica. 3 La resaca de la polarización ha dejado a sus bases sociales fragmentadas, una esfera pública capturada por la indignación y la incapacidad, adeptos manipulados por algoritmos y despojados de herramientas para la deliberación comunitaria. Frente al desgaste del eje bidimensional entre derecha e izquierda, nace la “política del amor” que plantea un reencuadre ético y analítico: reorientar el conflicto político hacia las asimetrías reales de poder —los de arriba contra los de abajo—, emplazando a las élites económico-tecnológicas mediante una propuesta articulada de responsabilidad colectiva, cuidado mutuo y dignidad compartida 4.
Hoy, algunos demócratas como James Talarico, Jon Ossoff, Abdul El-Sayed, Adam Hamilton 5 como algunos de los principales garantes de la derrota de MAGA, se posicionan como una nueva corriente de la política norteamericana que, sin buscarlo, guarda una clara analogía semiótica con la Teología de la Liberación latinoamericana, la cual, desde el catolicismo buscó atender las causas de la pobreza deconstruyendo las estructuras de opresión 6. En aquellos tiempos, este movimiento enfrentó el severo freno doctrinario impuesto la postura dogmática anticomunista, como inercia del macartismo combinado con el trauma polaco que sufrió con la represión de la URSS Juan Pablo II quien mediante una disciplina ferrea excomulgó y persiguió a los teólogos latinoamericanos 7 mientras apostó por los Legionarios de Cristo. De forma paralela EUA impuso sistemáticamente dictaduras militares para neutralizar la crítica a las jerarquías y aislar a americalatina de la influencia soviética.
En cambio, esta nueva corriente político-multirreligiosa disputa la narrativa de la fe a partir de un caro activismo político. Ahora, además, tenemos a León XIV, quien retoma la tradición de la doctrina social de la iglesia inspirándose en el espíritu de la encíclica Rerum Novarum 8—la cual denunció el sufrimiento de la clase trabajadora frente al capital desmedido— e incluso, en un acto sin precedente, el papa hace pública su participación cívica al emitir su voto —y nadie le preguntó y él no dijo pero se intuye que no fué un “voto por Trump” —. Así, nace la “política del amor” como un bloque político, social y religioso que se consolida frente al totalitarismo discursivo y la captura corporativa de la fe. Esta gran derrota republicana nos permite dilucidar, incluso en un país con los mayores anticuerpos contra el socialismo, la “política del amor” desafía el dominio de las élites y reivindica los derechos y la pluralidad. Como un paralelismo cíclico del movimiento luterano que desafió el monopolio de la fe papal defendiendo el libre examen de la Biblia combinado con los pensadores ilustrados que combatieron el derecho divino de los reyes mediante la enciclopedia como herramienta de emancipación y soberanía popular.
Por otro lado, el negocio de la polarización opera como un modelo de capitalismo de extracción y rentismo. Lejos de ser un fenómeno espontáneo u orgánico, la polarización es una industria orientada a rentabilizar la fragmentación social mediante dinámicas muy precisas:
Incentivos algorítmicos y monetización de la rabia: Las plataformas de big tech diseñan arquitecturas de recomendación optimizadas para maximizar el engagement. La investigación académica sobre desinformación y comunicación política demostró que los contenidos que generan indignación, sesgo de confirmación y deshumanización del adversario circulan hasta seis veces más rápido que la información matizada. Esto genera ingresos publicitarios masivos (rentas atencionales) para las corporaciones y capital político inmediato para liderazgos populistas de “izquierda o derecha” 9.
Franquicias trasnacionales e ingeniería de desinformación: La expansión del modelo MAGA hacia América Latina opera como una franquicia ideológico-financiera. A través de redes de consultorías, laboratorios de desinformación (troll farms), fundaciones opacas y ecosistemas de medios ultraconservadores, se exportan narrativas estandarizadas de “guerra cultural”. Estas franquicias extraen recursos mediante microdonaciones, financiamiento corporativo de élites locales y la captura de presupuestos de comunicación pública al llegar al poder liderazgos populistas de “izquierda o derecha”10.
Intervencionismo de tercera generación: La desinformación y el discurso de odio funcionan como herramientas de guerra híbrida. Se polariza a la población para inhabilitar consensos básicos sobre bienes públicos (salud, medio ambiente, justicia social) y así, privatizar la deliberación democrática, desmantelando la cohesión comunitaria para impedir que la sociedad formule exigencias unificadas frente a las élites económicas 11.
Para contrarrestar el uso instrumental y corporativo del discurso religioso sin caer en la censura, la legislación y las políticas públicas en México ofrecen salvaguardas históricas, pero que requieren una urgente y sustantiva actualización:
El laicismo constitucional como garantía de pluralidad: El Artículo 24 y el Artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respaldados por la Ley Asociaciones Religiosas y CULTO Público, imponen una separación estricta entre el Estado y las iglesias. Esta barrera impide legítimamente que una corporación eclesiástica o dogmática capture el aparato público o condicione derechos fundamentales pero claramente las corporaciones cristianas sionistas han formado partidos y son transversales a las fuerzas políticas existentes 12.
Habilitar la ética pública de la fraternidad: La “política del amor” no requiere dogmatizar la ley, sino traducir el concepto ético del cuidado mutuo en derechos de corresponsabilidad social. La inclusión del principio, las acciones afirmativas y el enfoque de derechos humanos, entre otros que en su conjunto, constituyen el vehículo idóneo para limitar la polarización y asegurar la pluralidad, como una obligación distributiva y de protección de la política nacional frente al intervencionismo.
Sin intención de exotizar, desde el sur global, existe experiencia en el antídoto anti MAGA y su polarización. No es una abstracción teórica; existe en filosofías y sistemas normativos que ya han puesto en práctica la “política del amor“:
Sistemas Normativos Indígenas y Trabajo Comunitario (Tequio, Mita, Minga): En México y la región andina, el gobierno comunitario se sostiene en la reciprocidad no mercantil. El mandato cívico se ejerce mediante el servicio comunitario no remunerado (tequio) y la asamblea comunitaria, donde el liderazgo no confiere privilegios, sino obligaciones de cuidado colectivo 13.
El Buen Vivir (Sumak Kawsay / Suma Qamaña): Constitucionalizado en países como Bolivia y Ecuador, reorienta la acción pública desde la acumulación de capital hacia la armonía entre seres humanos y con la naturaleza, anteponiendo el bienestar comunitario a la competencia salvaje 14.
Filosofías de Interdependencia (Símil de Ubuntu en la Afrodescendencia Latina): El principio “Yo soy porque nosotros somos” encuentra réplica en las comunidades afrodescendientes e indígenas latinoamericanas mediante la maternidad comunitaria, la gestión colectiva del territorio y los marcos de justicia restaurativa, donde el delito o el conflicto no se resuelve con el punitivismo, sino con la sanación del tejido social 15.
Frente a la polarización y la “escenografía plebiscitaria” —donde las autoridades organizan consultas que nos permiten elegir entre opciones prefabricadas, mecanismos puramente consultivos o rituales electorales para validar decisiones ya tomadas en las cúpulas—, la respuesta no es la prohibición o el castigo, darle poder a los monopolios de “de redes sociales” para constreñir la libertad de expresión y reducir los discursos de odio, abrir la puerta a que el Estado imponga otros algoritmos y se lance a la batalla contra el mercado, perseguir penalmente a los nuevos fascismos y encarcelar a personas autoritarias de izquierda o derecha. Así, estaríamos cayendo en el círculo vicioso. Tampoco se trata de sustituir a una democracia representativa por una participativa, líquida o por cualquier otro modelo.
El antídoto democrático debe hacer referencia a otros valores, la “política del amor” erige a la comunidad, la corresponsabilidad y la fraternidad como sus valores axiológicos fundamentales, entendiendo que la creación, la tierra y los recursos esenciales son de titularidad colectiva, proyecta un horizonte ético de la función social y al deber moral inquebrantable de que nadie carezca de lo elemental para vivir con dignidad; bajo el paradigma de que a mayor posibilidad de compartir mayor la capacidad de humanizarnos y desarrollarnos. Por ello, antepone la regulación ética del mercado para frenar la explotación del trabajo y la concentración desmedida de la riqueza mediante justicia fiscal, al tiempo que desmonta el mito de la autosuficiencia individual para reconocer que la existencia humana es inherentemente relacional y finalmente evita el falso dilema de abrazos no balazos y sustituye el sistema punitivista por uno de corresponsabilidad social y de justicia transicional.
El planteamiento anterior puede sonar a idealismo, teoría o investigación antropológica pero en la práctica tiene una materialidad muy específica , una arquitectura institucional basada en el ciclos de diseño colaborativo de los sistemas de toma de decisiones públicas, que se estructura bajo al menos los siguientes ejes estratégicos:
Sincronización de ciclos de planeación y procesos de gobernanza distribuida: Se requiere transitar de consultas aisladas a procesos donde la ciudadanía participe activamente en las tres etapas centrales del poder público: el ciclo de política pública (diagnóstico e implementación), el ciclo de planeación estratégica (situado en el territorio) y el ciclo presupuestario (asignación directa de recursos). La toma de decisiones debe sustentarse en un modelo de co-diseño obligatorio y no en meros formatos de opinión.
Infraestructura de datos abiertos, trazabilidad y transparencia sistémica: Para neutralizar el sesgo algorítmico y la desinformación, los sistemas de información pública deben ofrecer trazabilidad completa sobre las aportaciones ciudadanas. Toda propuesta o deliberación comunitaria debe contar con un registro de respuesta motivada, donde la autoridad esté obligada legalmente a justificar qué aportaciones se integraron y cuáles se descartaron, garantizando la auditoría cívica y abierta de los acuerdos.
Mecanismos de Estado abierto y evaluación de calidad: Sustituir los eventos de simulación por instancias de gobernanza policéntrica (Consejos de Deliberación con representación interseccional, multisectorial y territorial) donde las consejerías sociales no sean cuotas partidistas. Estos espacios deben incluir la evaluación de la calidad de la participación, asegurando que los procesos deliberativos respeten los contextos locales, los lenguajes diversos y los sistemas normativos indígenas.
Formación y pedagogía para la deliberación democrática: La cultura política no se impone por decreto; se cultiva en el territorio. Se deben establecer programas continuos de formación en capacidades deliberativas para grupos prioritarios, colectivos y movimientos sociales, concibiendo a la participación no como un trámite electoral esporádico, sino como una práctica cotidiana de autoorganización, solidaridad y co-gestión de lo común.
El impacto que esto debería de tener en nuestra constitución, pasa por establecer los mecanismos, métodos y procedimientos de participación social para la planeación democrática y deliberativa del Artículo 26, expandir los derechos políticos a la participación a mecanismos colaborativos en el Artículo 35 constitucional, entre lo más urgente. De forma complementaria en Artículo 71 establecer parámetros que permitan legislar de forma concurrente para expedir una ley general de participación y planeación democrática, desarrollar responsabilidades entre niveles de gobierno en los artículos 115, 116 y 122 constitucionales. Incluso podrían requerirse adecuaciones mínimas a derechos habilitantes como en el Artículo 1° remarcar la equivalencia y supletoriedad de los tratados internacionales con respecto a nuestra constitución, definir estándares internacionales para la consulta previamente informada en artículos constitucionales 1° y 2° para que sean promovidos, diseñados e implementados por y desde las comunidades indígenas y afrodescendientes; pero incluso desde otros grupos históricamente discriminados. Sobre transparencia sistémica en de la información pública en el 6° y en el 8° definir el derecho de petición y respuesta fundamentada y motivada, finalmente y 9° desarrollar el marco de la libertad de asociación y participación en asuntos políticos de las organizaciones en general, incluso las religiosas 16.
En conclusión, redoblar la apuesta democrática es el grán antídoto contra los neo-fascismos 17 tecno-feudalistas 18
El análisis presentado parte del supuesto implícito de que la institucionalización de la “política del amor”, la gobernanza policéntrica y la regulación de la economía atencional son suficientes para desmantelar la atracción estructural de las franquicias de extrema derecha. Sin embargo, este enfoque presenta tensiones y sesgos metodológicos que deben ser explicitados:
La asimetría de poder frente al capital tecnológico: puede que el texto asuma que la sociedad civil organizada y las comunidades pueden competir en condiciones de equidad contra los incentivos financieros del mercado global de datos, la ingeniería algorítmica y los laboratorios de desinformación. Romper la monetización de la rabia requiere una confrontación directa contra la infraestructura monopolística de las grandes corporaciones de big tech, estas posibilidades de regulación se exploran en otros textos: No se puede tapar el sol con un dedo: regular la inteligencia artificial exige un proceso democrático sin precedentes y Más vale pájaro en mano: Tecno-feudalismo o gobernanza cívica y policéntrica.
El riesgo de idealización de los sistemas normativos comunitarios: Al apelar a filosofías como el Sumak Kawsay, el Ubuntu o el tequio, suena no solo a exotización, sino existe un sesgo en cuanto a su capacidad de escalabilidad e integración para otras estructuras sociales. Por lo tanto, no se sugiere copiar a las culturas originarias, es solo una referencia de posibilidad.
Omisión de la reforma estructural al sistema de partidos: La propuesta deposita la esperanza democrática en la reforma constitucional a la planeación y la participación (Arts. 26, 35, 73). Sin embargo, deja fuera el debate sobre el financiamiento y la democracia interna de los partidos políticos, esto es sin duda otra vía de reforma que se deberá explorar en otro texto.
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