No se puede tapar el sol con un dedo:

Incluso la Santa Sede ha mostrado mayor continuidad que muchas instituciones públicas mexicanas para abrir una deliberación ética, aunque sus instrumentos no constituyan regulación jurídica vinculante. En 2020, la Pontificia Academia para la Vida promovió el Rome Call for AI Ethics junto con empresas tecnológicas, organismos internacionales y autoridades públicas. El documento propone principios de transparencia, inclusión, responsabilidad, imparcialidad, fiabilidad, seguridad y privacidad.¹⁰ En 2025, Antiqua et nova amplió la discusión hacia el trabajo, la educación, la democracia, la guerra y las relaciones humanas.¹¹ En 2026, la Santa Sede creó una comisión interdicasterial para coordinar políticas internas y promover diálogo, participación e intercambio institucional.¹² No elaboró un código penal algorítmico: puso la mesa y trató la gobernanza como una responsabilidad compartida.

La pregunta es qué diseño regulatorio permitiría aprovechar la inteligencia artificial sin automatizar desigualdades ni bloquear el desarrollo tecnológico. La hipótesis sostiene que un régimen participativo, preventivo y basado en riesgos protegerá mejor los derechos y dará mayor certeza a la innovación que una suma de delitos y prohibiciones aisladas. Para examinarla, el análisis contrasta cuatro referencias. La ENDUTIH muestra las condiciones desiguales de acceso.¹ El T-MEC delimita algunas obligaciones comerciales.⁷ El Reglamento europeo gradúa obligaciones según el riesgo.⁸ Las fábricas europeas de inteligencia artificial vinculan la regulación con infraestructura, datos, talento y capacidad de cómputo.⁹ Los criterios de comparación son inclusión, auditabilidad, capacidad pública y posibilidad efectiva de impugnación.

La comparación muestra que México conserva margen para actuar. El T-MEC protege los flujos transfronterizos de información y limita las exigencias generales de localización de instalaciones informáticas.⁷ También restringe la transferencia obligatoria de código fuente, aunque permite que una autoridad lo requiera para investigaciones, inspecciones o procedimientos específicos.⁷ Además, el capítulo de comercio digital no se aplica a la contratación pública ni, con una excepción sobre datos abiertos, a la información procesada por el Estado.⁷ La Unión Europea combinó obligaciones reforzadas para sistemas de alto riesgo con espacios controlados de prueba y apoyos a la innovación.⁸ Sus fábricas de inteligencia artificial articulan centros de supercómputo, universidades, pequeñas empresas e industria.⁹ La lección es clara: regular riesgos y desarrollar capacidades tecnológicas no son políticas opuestas.

Para ser democrática, la inteligencia artificial debe asistir las decisiones colectivas, no sustituirlas. Todo sistema público con efectos relevantes sobre derechos debería registrarse y someterse a una evaluación de impacto antes de operar. Sus datos, finalidad, criterios y responsables deben quedar documentados. Las auditorías independientes y la revisión humana deben ser exigibles, no voluntarias. La participación social tendría que intervenir en tres momentos: la definición del problema, la evaluación de los posibles daños y la revisión periódica de los resultados. En el trabajo, la educación, la salud y la seguridad, el nivel de supervisión debe crecer con el riesgo. **La eficiencia no puede utilizarse para borrar responsables, cerrar la deliberación ni convertir una recomendación algorítmica en decisión incuestionable.**⁶ ⁸

México necesita una ley marco y una política de implementación que avancen juntas. La primera debe clasificar riesgos, prohibir usos incompatibles con los derechos y garantizar información, revisión y reparación. La segunda requiere una autoridad supervisora con independencia técnica, presupuesto y facultades suficientes. También hacen falta un registro nacional de sistemas públicos, evaluaciones de impacto, espacios controlados de prueba, formación especializada e infraestructura compartida para investigación y servicios estatales. La participación debe comenzar antes de comprar o incorporar una herramienta, no después del daño. No se trata de tapar los riesgos ni de frenar la tecnología. Se trata de gobernarla con reglas comprensibles, instituciones capaces, conocimiento público y pluralidad humana.