Se transfieren las funciones del extinto Insabi al IMSS-Bienestar, para consolidar el papel de éste en la prestación de servicios de salud para quienes carecen de seguridad social. Entre estas funciones se incluye la gestión presupuestaria, acuerdos con entidades federativas, pago de nóminas y participación en la adquisición de medicamentos.
La encrucijada democrática: ante una reforma electoral judicial que pretende devolver el poder al pueblo, se plantea este ejercicio para determinar la capacidad para repartir el poder partir de procesos de elección popular de las persona juzgadoras.
La reforma judicial es crucial para fortalecer el Estado Democrático mediante un Poder Judicial transparente, eficiente y cercano a las personas, enfocándose en superar la discriminación, fomentar la participación ciudadana y asegurar la rendición de cuentas.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito, o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito, o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley.
Esta legislación establece principios fundamentales de movilidad y seguridad vial, definiendo políticas públicas, un Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, y plataformas de datos para respaldar su implementación. Se introducen herramientas como criterios para infraestructura, regulación del tránsito, obtención de licencias, y estándares de seguridad vehicular.
Se transfieren las funciones del extinto Insabi al IMSS-Bienestar, para consolidar el papel de éste en la prestación de servicios de salud para quienes carecen de seguridad social. Entre estas funciones se incluye la gestión presupuestaria, acuerdos con entidades federativas, pago de nóminas y participación en la adquisición de medicamentos.
En 2021 se presentó una propuesta legislativa para modificar diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, mediante lo cual se otorga prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el mercado eléctrico para abastecer el sistema eléctrico nacional.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito, o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley.
En el 2022 se presentó una propuesta legislativa para transferir el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Esto implica que la SEDENA ahora tendrá la facultad de expedir manuales, autorizar planes y programas de capacitación, y organizar la distribución territorial de la Guardia Nacional. También se le traspasó el mando superior de la estructura de operaciones de la Guardia Nacional, anteriormente estas eran facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Durante los años 2022 y 2023 se presentaron propuestas legislativas importantes en materia electoral. La primera de ellas, conocida como el “Plan A”, era una propuesta de reforma constitucional que, no obstante, fuera rechazada al no contar con los votos necesarios. El mismo día de la votación del Plan A, una vez que este fuera descartado, en la Cámara de Diputados se presentó un paquete de reformas a leyes secundarias conocido como el “Plan B”.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito, o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley.
Una crisis a la vista de todos pero invisible para el presupuesto y las políticas públicas, seguimos apostando en combatir al temible crimen organizado, cuando la violencia contra las mujeres es sin lugar a dudas la prioridad en materia de seguridad pública.
El informe revela la crítica situación de violencia e impunidad que enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos en México, destacando la urgencia de mejorar la coordinación y protección a nivel nacional.
El presente artículo busca caracterizar los delitos y agresiones contra personas defensoras del medio ambiente y derechos humanos como un problema público, desde un enfoque sistémico del fenómeno criminal para definir algunas líneas estratégicas en términos de política pública, que apunten a reducir la violencia ejercida contra las personas defensoras del medio ambiente, derechos humanos y periodistas.
Mediante el Protocolo y su guía de implementación, se busca atender lo establecido en el artículo 9 del referido Acuerdo, pues se estima que ambos funcionarán como instrumentos para lograr el reconocimiento, protección y promoción de los derechos de las personas defensoras de derechos humanos en materia de asuntos ambientales en México.
Estas metodologías surgen de la facilitación constante de una gran diversidad de procesos de diseño participativo, basados en la integración de técnicas de diseño de software enfocados en mejorar la experiencia de las personas usuarias de las instituciones públicas (diseño UX), técnicas etnográficas de observación participante y una colección heterogénea de técnicas de comunicación estratégica.
Los desafíos que enfrentan las personas periodistas y defensoras de derechos humanos, el territorio y el medio ambiente.
Sexenios van y vienen; promesas de solidaridad, tolerancia, integridad y transformación, y en México, las personas periodistas y defensoras de derechos humanos, del territorio y medio ambiente, continúan siendo violentadas por realizar su labor.
Con la Guardia Nacional ya militarizada, una nueva propuesta busca reestructurar la seguridad con una estrategia civil, profesional y democrática, evitando perpetuar la violencia e impunidad que la militarización ha causado.
Ante el fracaso de la militarización, necesitamos modelos de seguridad civil y justicia restaurativa que prioricen la inteligencia y la investigación, no la fuerza bruta. Militarizar sólo perpetúa la violencia.
El fiscal Gertz Manero enfrenta múltiples escándalos y críticas por su gestión, incluyendo impunidad en casos clave, corrupción, y abuso de poder. A pesar de ello, mantiene apoyo político, consolidando un retroceso en la procuración de justicia en México.
Un proyecto en apoyo del Gobierno de México en colaboración con los Congresos Locales y el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable.
Se definen principios de movilidad y seguridad vial como la base conceptual que profundiza en la descripción del derecho a la movilidad.
El Congreso de la Unión reformó los artículos 4º, 73, 115 Y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde por primera vez se reconoce el derecho humano a la movilidad.
