La violencia contra las mujeres: crisis ignorada, silenciada y nunca presupuestada
Desde hace dos décadas, México atraviesa una crisis de violencia generalizada. Mientras el “narco” y los homicidios se llevan las primeras planas, y la estrategia de seguridad militarizada se concentra en los “delitos de alto impacto”, la violencia contra las mujeres es, por decir lo menos, ignorada. Resulta significativo que en todos los estados de México la violencia contra las mujeres ocupa los primeros lugares en incidencia delictiva. No obstante, las alertas de violencia de género, los centros de justicia para la mujer, las casas de la mujer indígena y los refugios siguen recibiendo migajas en comparación con los grandes presupuestos asignados a las fuerzas armadas. Y dónde está el dinero están las prioridades.
Las estrategias dirigidas a reducir la discriminación y la violencia multidimensional contra las mujeres son poco efectivas o prácticamente nulas; igual de inexistente es la capacidad de vigilancia, investigación fenomenológica y mecanismos de respuesta inmediata de las autoridades ante un evento de agresión. Cuando es detectado un caso, las mujeres se enfrentan a un sistema de justicia que les discrimina y revictimiza; finalmente, no existen mecanismos para que participen en el diseño de la política criminal como grupo prioritario e, incluso, las mujeres que forman parte de los cuerpos de seguridad, investigación y enjuiciamiento son violentadas constantemente en sus entornos de trabajo.
Frente a ello, este es un primer acercamiento a los problemas y alternativas de solución que nos permiten estructurar una primera maqueta de política pública integral, que se propone servir como base para generar una proyección actuarial de costos ¿Que tenemos que presupuestar para acabar con la violencia contra las mujeres?.
Hacia un futuro libre de violencia contra las mujeres:
interseccionalidad y presupuestos con perspectiva de género
La violencia en México no puede ser entendida sin considerar una perspectiva interseccional. Esto implica reconocer que las experiencias de la violencia varían significativamente según diversos factores como género, clase social, etnia, orientación sexual y muchas otras identidades.
En este sentido, podemos señalar que la violencia se encuentra estrechamente ligada con la vulnerabilidad que puede existir en la población. Las personas y comunidades que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad a menudo enfrentan un mayor riesgo de ser víctimas de violencia en cualquiera de sus formas. La falta de acceso a recursos y servicios básicos, la discriminación, la exclusión social y la falta de oportunidades, a su vez, dificultan el acceso a los canales institucionales de justicia y reparación del daño.
Una perspectiva interseccional para abordar la violencia contra las mujeres implica reconocer que el Estado no nos falla a todas de la misma forma. Reconoce las distintas experiencias y desafíos que las mujeres enfrentan debido a la intersección de factores como género, raza, clase social, orientación sexual y discapacidad, entre otros. A partir de ello, las políticas y servicios diseñados para combatir la violencia de género deben considerar estas múltiples dimensiones de la identidad y la desigualdad, garantizando que ninguna mujer se quede atrás en la búsqueda de una vida libre de violencia.
La violencia contra las mujeres se manifiesta en diversas formas (psicológica, física, patrimonial, vicaria, económica, sexual) y en diferentes ámbitos (escolar, laboral, comunitario, familiar, pareja).[1] En México, el 52% del total de la población que reside en el país (129 millones de personas) son mujeres,[2] y son susceptibles de vivir algún tipo de violencia en razón de ello. Al respecto, resulta alarmante que 7 de cada 10 mujeres han experimentado al menos una situación de violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial y/o discriminación a lo largo de su vida.[3]
Para implementar políticas que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres, los presupuestos con perspectiva de género —en tanto instrumentos que reconocen y abordan las desigualdades estructurales que perpetúan esta problemática— son esenciales.
Los presupuestos públicos son la herramienta principal de la política económica y social, y reflejan las prioridades de un gobierno. No obstante, es importante destacar que los presupuestos no son neutrales ni imparciales, pues la captación de recursos como el ejercicio del gasto público pueden reducir las desigualdades sociales o, por el contrario, pueden consolidar, reafirmar y perpetuar las injusticias.[4]
En México, la falta de presupuestos con perspectiva de género son un factor crítico que contribuye significativamente a la persistencia de la violencia contra las mujeres. Al analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2024 distintos estudios señalan la falta de priorización para programas y acciones puntuales para prevenir, atender y erradicar la violencia de género: “aunque el monto total etiquetado a la igualdad de género es mayor que en años anteriores, su asignación no prioriza los programas orientados a cerrar las brechas de género, como la prevención y atención de violencia contra las mujeres (0.08% del total) y la salud materna, sexual y reproductiva (0.5% del total), que mantienen una baja proporción con respecto al monto total.”[5]
Entre los recortes y estancamientos presupuestarios a programas importantes (como apoyos para instancias de mujeres y refugios) y a dependencias encargadas de operar las políticas de igualdad y combate a la violencia contra las mujeres, el PEF 2024 sigue sin incorporar una perspectiva de género, y “el 89% del presupuesto se dirigirá hacia programas sociales que no inciden directamente en la reducción de brechas de desigualdad ni en la incidencia de la violencia contra las mujeres.”[6]
Esta falta de recursos públicos resulta contradictoria si consideramos que una de las medidas principales con las que se ha buscado disminuir la violencia contra las mujeres es la Alerta por Violencia de Género, un mecanismo de protección de los derechos de las mujeres, que se presume como único en el mundo. Actualmente, se encuentra activo en 22 entidades del país, y hasta 2021, solo 18 de éstas habían sido evaluadas. Los resultados arrojaron que 9% de las medidas recomendadas han sido cumplidas, mientras que el 5% no han sido cumplidas y el 86% se encuentran en proceso o parcialmente cumplidas.[7] ¿Cómo podría haber un porcentaje mayor de acciones cumplidas a cabalidad cuando constantemente se recora el presupuesto para atender esta problemática?
¿Qué hay detrás de los números?
La magnitud de la violencia contra las mujeres
En las siguientes lineas retomamos cifras y estadísticas para destacar la magnitud del problema y sus impactos en la sociedad, con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública y promover un cambio positivo en donde las mujeres podamos ejercer con plenitud nuestros derechos humanos. Sin embargo, no perdemos de vista que detrás de cada número hay vidas reales, experiencias personales y luchas colectivas. A estos esfuerzos queremos encaminar nuestra reflexión en las siguientes y próximas llíneas para imaginar y analizar, desde las políticas públicas, cómo podemos transformar esta realidad, reconociendo la diversidad de nuestras luchas, experiencias y necesidades.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) es la principal fuente de información sobre la situación de violencia que viven las mujeres en México, con el fin de apoyar en el diseño y seguimiento de políticas públicas orientadas a atender y erradicar la violencia contra las mujeres por razón de género. En su última edición, en 2021, documentó información sobre el impacto de la pandemia por COVID-19: al respecto, se destacó que entre las mujeres de 15 años y más que declararon haber experimentado al menos un incidente de violencia, que inició o aumentó durante la emergencia sanitaria, el 23.7% señaló que fue por parte de un familiar y el 15.4% por su pareja actual o última[8].
Ahora bien, respecto a la prevalencia de violencia total (derivada de la evaluación de los distintos ámbitos de violencia: escolar, laboral, comunitario, familiar y pareja), y de acuerdo con aspectos demográficos, los grupos que manifestaron mayor índice de violencia general son aquellas que viven en entorno urbano, que tienen entre 15 y 24 años y son solteras. Esto nos deja ver que las mujeres más jóvenes son las más violentadas, en tanto están expuestas a frecuentes cambio de ámbitos por su etapa de vida (como la transición escolar, laboral y comunitaria). Otro dato relevante sobre la prevalencia de violencia es que 4 de cada 10 mujeres hablan alguna lengua indígena o se consideran indígenas, lo que también enciende las alarmas sobre la violencia en entornos rurales.[9]
Por otro lado, a nivel estatal, según la ENDIREH, en 2016 y 2021 tres de las entidades donde más aumentó la violencia contra las mujeres fueron Guerrero, Colima y Sonora, mientras que Ciudad de México, Jalisco, Estado de México y Chiapas registraron una reducción significativa[10]. No obstante, estas tres últimas entidades tienen activa la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), por lo que valdría la pena preguntarnos qué está pasando en la administración y distribución de recursos desde nivel federal y el diseño de esta política pública a nivel local para tener resultados tan diferenciados.
Otro de los factores a tomar en cuenta en la violencia de género es la disparidad en la división de las tareas de cuidado, pues el 63.4% de las encuestadas respondió que solamente ellas se hacen cargo de estas tareas, frente al 34.8% comparten la responsabilidad con un hombre. A esto es importante añadir que el 50% avisa o pide opinión a su esposo o pareja para trabajar o estudiar y el 28% enfrenta un contexto donde solo el hombre decide qué hace con el dinero que gana[11]. Esto nos demuestra un factor grave de desigualdad económica, de autonomía y de perpetuación de estereotiposM pues las mujeres no solo se enfrentan a un doble rol de estudiantes y/o trabajadoras y además cuidadoras, sino que además tienen que lidiar con la poca o nula independencia económica y la limitación de tiempo para su desarrollo personal.
Otra fuente relevante de información sobre la violencia contra las mujeres en nuestro país son los datos reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); en este artículo, nos enfocamos en aquéllos con fecha de corte al 31 de agosto de 2023 sobre feminicidio, homicidio doloso, homicidio culposo, lesiones dolosas y presuntos delitos de violencia familiar. [12]
Respecto a los feminicidios ocurridos a nivel nacional, se han reportado 572, siendo el Estado de México, Nuevo León y Veracruz las entidades con el índice más alto y Nayarit, Aguascalientes y Baja California Sur con el más bajo.[13] Así pues, es importante destacar que el presente año pareciera tener una tendencia similar al año 2018, donde hubo un total de 898 feminicidios.
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Centro Nacional de Información. Información sobre violencia contra las mujeres. Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911.
Por lo que se refiere a homicidio doloso, en lo que va del año, se han registrado 1,740 mujeres víctimas, de las cuales en Guanajuato, Estado de México y Baja California han presentado el mayor índice, mientras que en el estado de Coahuila no se ha registrado ni una sola víctima de este delito. En cuanto a homicidio culposo, tenemos 2,655 mujeres víctimas, siendo Guanajuato, Estado de México y Jalisco las entidades con mayor número de víctimas y Tlaxcala con la menor incidencia.
Con estos datos, podemos notar una clara reincidencia de violencia en las entidades de Guanajuato y Estado de México. La última es además la entidad con el mayor número de feminicidios este año, mientras que Guanajuato se encuentra en la media promedio de la mayoría de los estados. Habría que cuestionar si con índices tan altos de homicidios se está cometiendo algún error u omisión al momento de clasificar los feminicidios, y esto daría como resultado que no estuviese en los estados con mayor índice de este delito.
Por otro lado, el SESNSP reporta 195,130 presuntos delitos de violencia familiar, mostrando un 6.2% (11,372 casos más) de aumento de este delito con respecto al año 2022. Siendo Estado de México, Ciudad de México y Nuevo León las entidades con mayor índice de casos y Tlaxcala con el menor.
Ante este delito, es crucial analizar la cifra de delitos denunciados, pues según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023 (ENVIPE), el 92.4% de los delitos a nivel nacional no se denunció, ni hubo una carpeta de investigación. El segundo delito clasificado como “otros delitos” que incluye violación y hostigamiento o intimidación sexual tiene una cifra negra del 96.8%. Del 10.9% de delitos que sí se denunciaron, solo del 7.6% se inició una carpeta de investigación, en 5 de cada 10 de estas carpetas no ha sucedido nada y solo en 2 se ha reparado el daño[14].
De esta cifra negra, el 59% no denunció por causas atribuidas a la autoridad (desconfianza, miedo, pérdida de tiempo, etc.). Ahora bien, esta cifra es general y por lo tanto incluye a hombres y mujeres. No obstante, en la ENDIREH se reporta que en 2021 el siguiente porcentaje de mujeres que han experimentado violencia física y/o sexual no denunció, ni solicitó apoyo a ninguna autoridad: 91.2% en el ámbito escolar, 92% en el laboral, 94.7% en el comunitario (éste representa el aumento más significativo respecto a lo registrado en 2016), 89.9% en el familiar y 78.3% en pareja.[15] Lo anterior nos deja ver que, en promedio, 9 de cada 10 mujeres no denuncian actos de violencia ante las autoridades.
Según la misma fuente, la mayoría de mujeres no denuncia porque lo consideró algo “sin importancia” y que “no les afectó”, por “falta de conocimiento sobre cómo y dónde denunciar” y por “miedo a las consecuencias o amenazas”. Que la principal causa de no denuncia sea que se trató de algo sin importancia nos demuestra no solo la normalización de la violencia en todos los ámbitos en los que las mujeres se desarrollan, sino también una falla sistemática a nivel judicial, político y social que no ha sido atendido con la prioridad, sensibilidad y pericia que se requiere.
Resalta, entonces, la revictimización y la falta de perspectiva de género en las autoridades que son primeras respondientes ante estos casos. Sin embargo, también señala que los actos de violencia son percibidos como algo cotidiano y que no tiene importancia; a esto sumemos que ni con la AVGM se ha logrado una reducción significativa de la violencia contra las mujeres en los distintos estados donde se ha activado. En suma, las mujeres en México enfrentan un panorama con una capacidad de respuesta a casos de violencia casi nula y con una tendencia a la alza que las expone a vivir un caso de violencia con mayor facilidad e impunidad.
La violencia institucional
Los problemas que contribuyen a la violencia contra las mujeres son diversos y se manifiestan tanto de manera directa como indirecta. Al respecto, proponemos agrupar los problemas identificados en torno a cuatro problemas centrales: (1) falta de capacidad para atender las causas y prevenir actos de violencia contra las mujeres; (2) falta de vigilancia para la detección temprana de la violencia contra las mujeres; (3) falta de capacidad de respuesta para reparar el daño y garantizar castigo a culpables; y (4) instituciones de seguridad y justicia sin políticas públicas que contemplen sistemas de mejora; por lo que son susceptibles a la corrupción, hay poca transparencia y no cuentan con mecanismos de participación social ni espacios de rendición de cuentas.
En primer lugar, existe una falta de capacidad para abordar las causas subyacentes y prevenir los actos de violencia contra las mujeres de manera efectiva. Esta deficiencia se agrava por la carencia de una estrategia integral que involucre a mujeres, hombres, niñas y niños en la superación del machismo, misoginia y estereotipos discriminatorios que persisten en la familia y la sociedad.
Otro problema directo radica en las deficiencias estructurales del Estado, ya que las instituciones públicas a menudo no incorporan una perspectiva de género, derechos humanos e interseccionalidad, lo que les impide abordar adecuadamente la violencia multidimensional contra las mujeres según sus particularidades.
También, la explotación económica de los roles de género es un factor directo que perpetúa estereotipos y contribuye a la normalización de la violencia, mientras que intereses económicos en la explotación de estereotipos femeninos y el impacto del mercado de drogas en la violencia de género son factores indirectos que agravan la situación.
En cuanto a la educación y la sensibilización, la falta de mecanismos para formar a las personas sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, así como la ausencia de programas educativos en la enseñanza básica sobre la violencia de género, contribuyen a la permanencia del problema.
En segundo lugar, existe una falta de capacidades institucionales para la detección temprana de la violencia contra las mujeres. En este sentido, se observa una falta de capacidades institucionales para llevar a cabo investigaciones fenomenológicas y para comprender el contexto específico de las comunidades locales en relación con la violencia de género. Esta carencia de investigación contextual dificulta la prevención y la atención adecuada de este problema, ya que se carece de información precisa y detallada que sea útil para el diseño e implementación de políticas y programas.
Además, existe una falta de mecanismos efectivos para brindar respuestas inmediatas ante ataques y delitos de violencia de género. La urgencia de actuar en estos casos requiere de una capacidad de respuesta rápida y eficiente por parte de las instituciones a cargo. Esta carencia de mecanismos ágiles puede resultar en una mayor vulnerabilidad de las víctimas y en la perpetuación de la violencia.
Asimismo, se identifica una falta de capacidad para prevenir que la violencia escale, esto significa que las instituciones no están equipadas adecuadamente para intervenir de manera temprana y efectiva en situaciones de violencia contra las mujeres, lo que puede permitir que las agresiones continúen y se agraven con el tiempo, como lamentablemente sucede a menudo.
En tercer lugar, hay una falta de capacidad de respuesta para reparar el daño y garantizar el castigo a los culpables. Esta carencia de respuesta efectiva se debe a una serie de causas directas que afectan al sistema de justicia y su capacidad para abordar los delitos de violencia contra las mujeres.
Aunado a esto, se encuentra la falta de capacidades institucionales para investigar y perseguir penalmente los delitos de violencia contra las mujeres y esto afecta la capacidad de las autoridades para recopilar pruebas sólidas, llevar a cabo investigaciones exhaustivas y presentar casos de manera efectiva ante los tribunales, lo que puede resultar en la impunidad de los agresores.
Además, existe una falta de capacidad de persecución penal y de fiscales que litiguen de forma estratégica y con una perspectiva de género adecuada. Esta carencia se traduce en la incapacidad de los fiscales para abordar los casos de violencia de género de manera integral, considerando las dinámicas de poder y las desigualdades (género, clase, grupo étnico, raza y edad, por ejemplo) que subyacen en estos delitos.
La falta de capacidades institucionales de impartición de justicia también son un problema directo que afecta la capacidad de los tribunales para brindar una respuesta adecuada a los casos de violencia de género. Esto incluye la falta de recursos, la sobrecarga de trabajo y la falta de capacitación en cuestiones de género. Asimismo, la insuficiente capacidad de resolución de conflictos desde el ámbito municipal agrava la situación. La falta de mecanismos efectivos de resolución de conflictos en el ámbito local puede resultar en la prolongación de situaciones de violencia de género y en la falta de acceso de las víctimas a una justicia rápida y efectiva.
Finalmente, en cuarto lugar, la falta de políticas públicas orientadas hacia la mejora de las instituciones de seguridad y justicia constituye un problema crítico que socava la eficacia y la integridad de estos entes gubernamentales. Este problema tiene causas directas que contribuyen a la debilidad y la vulnerabilidad de estas instituciones.
En este sentido, la ausencia de políticas públicas que contemplen sistemas de mejora deja a las instituciones de seguridad y justicia susceptibles a la corrupción y la opacidad. La falta de un marco de mejora continua permite que prácticas no éticas y no transparentes perduren, lo que puede socavar la confianza de la ciudadanía en estas instituciones y obstaculizar la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Además, la carencia de capacidades de diseño de políticas públicas en las instituciones de seguridad y justicia, particularmente en lo que respecta a la inclusión de las personas usuarias en su diseño, seguimiento y mejora, afecta directamente a la capacidad de estas instituciones para atender de manera adecuada a las mujeres víctimas de violencia.
La falta de perspectiva de género y de participación de las víctimas en el diseño de políticas puede resultar en enfoques inadecuados y en la insatisfacción de las necesidades de las personas afectadas. Asimismo, la carencia de un sistema de coordinación interinstitucional y entre niveles de gobierno es otro obstáculo directo para la calidad de los servicios brindados a las víctimas de violencia de género. La falta de coordinación puede dar lugar a la duplicidad de esfuerzos, a la falta de cohesión en las respuestas y a la ineficiencia en la prestación de servicios esenciales.
Por último, la carencia de apoyo para estructurar redes de personas dedicadas a defender los derechos de la mujer a una vida libre de violencia es un problema directo que afecta la capacidad de la sociedad civil para abogar por el cambio y promover la protección de las víctimas. Sin redes organizadas y respaldadas, las voces que luchan por la erradicación de la violencia de género pueden quedar dispersas y perder la visibilidad que necesitan.
Estos problemas reflejan la complejidad y la urgencia de atender la violencia de género como un problema social y de derechos humanos. Abordar estos desafíos requiere un enfoque integral que involucre a diversas partes interesadas, incluyendo a las instituciones gubernamentales, la sociedad civil y la comunidad en general, para impulsar un cambio significativo y duradero en la prevención y respuesta a la violencia de género.
Hacia un enfoque integral y multidimensional
La violencia contra las mujeres es un problema complejo, arraigado en estructuras políticas, sociales, culturales y económicas. Frente a ello, es necesario adoptar un enfoque sistémico y multidimensional que considere los diversos elementos y dinámicas que contribuyen a su perpetuación. Al respecto, se proponen los siguientes cuatro conjuntos de acciones que consideramos se deben implementar desde una perspectiva de política pública:
- Prevención: Es esencial para evitar que la violencia contra las mujeres ocurra en primer lugar. Esto implica acciones de concientización y sensibilización de distintos actores sociales.
- Detección temprana: Implica establecer mecanismos efectivos de vigilancia y detección temprana de casos de violencia contra las mujeres, lo que es esencial para intervenir de manera oportuna y brindar apoyo a las víctimas. Esto requiere la capacitación de profesionales de seguridad, salud, educadores y otros actores clave en la identificación de señales de abuso.
- Respuesta: Garantizar que los casos de violencia de género sean procesados adecuadamente y que los agresores sean llevados ante la justicia. Esto implica mejorar la capacidad del sistema legal y judicial para tratar estos casos de manera efectiva y con empatía hacia las víctimas y la aplicación efectiva de sanciones desde un enfoque de género, derechos humanos e interseccionalidad.
- Reparación del daño y garantías de no repetición: Trabajar en la prevención de la reincidencia es fundamental, mediante la mejora constante del sistema de prevención, vigilancia y respuesta, así como el desarrollo de programas que garanticen el bienestar integral de las mujeres desde una perspectiva interseccional.
En conclusión, la violencia contra las mujeres es un problema profundamente arraigado que requiere un enfoque integral y multidimensional. En ello, la implementación de presupuestos públicos con un enfoque de género es fundamental para respaldar estas acciones en la lucha contra la violencia contra las mujeres. Estos presupuestos permiten asignar recursos de manera equitativa y efectiva a programas y políticas diseñados para abordar este problema. Además, garantizan que se financien adecuadamente las campañas de prevención, la capacitación de profesionales en detección temprana, la mejora de sistemas legales y judiciales, así como los programas de apoyo a las víctimas y la prevención de la reincidencia. De esta manera, se asegura que los recursos estén alineados con los objetivos de una política pública integral y se maximiza el impacto de las acciones emprendidas en la erradicación de la violencia contra las mujeres. En este sentido, los cuatro conjuntos de acciones anteriores forman un sistema interconectado que busca tanto prevenir la violencia desde su origen como brindar apoyo a las víctimas, responsabilizar a los agresores y reparar integramente el daño.
BIBLIOGRAFÍA:
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INEGI, “Encuesta Nacional de Victimizacióny Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2023)”, septiembre del 2023, https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2023/doc/envipe2023_4_denuncia_delito.pdf
INEGI, “Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares”, 2021, https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf.
INEGI, “Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Población”, 06 de julio de 2023,https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2023/EAP_DMPO23.pdf.
INMUJERES, “Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”, 24 de octubre del 2021, https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739
Natalia Campos, IMCO, “Presupuesto para la igualdad: verdades a medias”, 13 de septiembre del 2023, https://imco.org.mx/presupuesto-para-la-igualdad-verdades-a-medias/.
ONU Mujeres LAC, “Presupuestos con Enfoque de Género”, https://lac.unwomen.org/es/presupuestos-con-enfoque-de-genero.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “Información sobre violencia contra las mujeres. Incidencia delectiva y llamadas al 911”, 31 de agosto del 2023, https://drive.google.com/file/d/19wXac8xDT4MV8QXK2ZhgrWWoCR9hNBYp/view
[1] Loc. cit. Al respecto, según la ENDIREH 2021, el “ámbito” de violencia se conceptualiza como “el espacio definido por las relaciones sociales en el que se producen las situaciones de violencia contra las mujeres”. Por ello, el ámbito se establece con relación del tipo de vínculo con la persona agresora y con relación al espacio físico en donde ocurre el acto de violencia.
[2] INEGI, “Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Población”, 06 de julio de 2023,https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2023/EAP_DMPO23.pdf.
[3] INEGI, “Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares”, 2021, https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf.
[4] ONU Mujeres LAC, “Presupuestos con Enfoque de Género”, https://lac.unwomen.org/es/presupuestos-con-enfoque-de-genero.
[5] Natalia Campos, IMCO, “Presupuesto para la igualdad: verdades a medias”, 13 de septiembre del 2023, https://imco.org.mx/presupuesto-para-la-igualdad-verdades-a-medias/.
[6] FUNDAR, “Reducir las desigualdades, un tema pendiente en el Paquete Económico 2024”, 13 de septiembre del 2023, https://fundar.org.mx/pendientes-del-paquete-economico-2024.
[7] INMUJERES, “Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”, 24 de octubre del 2021, https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739
[8] INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2021, https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf
[9] Loc. cit.
[10] Loc. cit.
[11] Loc. cit
[12] Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “Información sobre violencia contra las mujeres. Incidencia delectiva y llamadas al 911”, 31 de agosto del 2023, https://drive.google.com/file/d/19wXac8xDT4MV8QXK2ZhgrWWoCR9hNBYp/view
[13] Loc. cit.
[14] INEGI, “Encuesta Nacional de Victimizacióny Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2023)”, septiembre del 2023, https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2023/doc/envipe2023_4_denuncia_delito.pdf
[15] INEGI, “Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares”, septiembre del 2023, https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf
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