México ha colocado una parte decisiva de su conversación pública en manos de plataformas digitales globales. Durante la última década, sus sistemas de recomendación han dejado de ser simples herramientas de navegación: seleccionan, jerarquizan y distribuyen noticias, opiniones y mensajes políticos.¹⁰ El problema no es la intermediación de estas plataformas, sino que sus criterios centrales permanecen bajo control corporativo⁵ y fuera de la deliberación pública. Las instituciones se comunican mediante redes y utilizan inteligencia artificial privada; con ello, hipotecan el conocimiento público y la forma en que las personas se relacionan con el Estado. Votamos dentro de un sistema constitucional, pero la formación de nuestras preferencias puede verse influida por sistemas algorítmicos¹² y genera información que aprovechan infraestructuras privadas opacas. Los nuevos medios y sus audiencias pasan a formar parte de los dominios de grandes actores tecnofeudales globales, y la democracia conserva el ritual electoral, pero pierde capacidad para construir narrativas soberanas.

La tensión es jurídica y temporal. Los artículos 6 y 7 constitucionales protegen la expresión, el acceso a la información y la difusión de ideas¹; sin embargo, el marco mexicano regula a las plataformas de manera fragmentaria. La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión conserva una estructura regulatoria de casi una década; menciona a las plataformas en obligaciones específicas de publicidad, pero no establece un régimen general de transparencia, evaluación de riesgos o auditoría². Tampoco la regulación electoral contiene una prohibición expresa equiparable a la prevista para radio y televisión, según reconoció el INE en 2024³. La tecnología avanza vertiginosamente y el Estado democrático lo hace con una lentitud desesperante: una carrera desleal que tendrá un ganador ilegítimo.

La discusión comparada ofrece tres respuestas que conviene leer sin caricaturas. Estados Unidos combina la inmunidad limitada de la sección 230⁴ con una protección constitucional relevante de la discreción editorial de las plataformas⁵. El resultado favorece la innovación, pero deja amplios márgenes de autorregulación a los gigantes tecnológicos; en otras palabras, confía en que el mercado tecnológico se autorregule. La Unión Europea avanza más: la Ley de Servicios Digitales exige transparencia de los recomendadores, evaluación de riesgos sistémicos, auditorías, acceso de personas investigadoras a ciertos datos y una opción de recomendación no basada en el perfilamiento para las plataformas de mayor tamaño⁶. Taiwán entra a la comparación por otra vía, no como una ley integral de control algorítmico: vTaiwan y Pol.is⁷, junto con la propuesta de pluralidad⁸, muestran cómo incorporar inteligencia colectiva al diseño tecnológico. El vacío común es quién define, en la práctica, el interés público algorítmico.

El Estado tecno-feudalista¹³ supone un orden en el que el Estado conserva instituciones democráticas, del mismo modo que el mercado conserva sus empresas y sus marcas; sin embargo, ambos dependen de territorios digitales privados para organizarse y llegar a sus audiencias, personas consumidoras y votantes. Las personas pueden hablar y asociarse, aunque la visibilidad de sus mensajes depende de reglas unilaterales. La democracia se pulveriza cuando una conversación común se fragmenta en secuencias personalizadas orientadas por objetivos comerciales. La soberanía popular se refiere a la capacidad colectiva para conocer, discutir y modificar las reglas que nos rigen como sociedad; sin embargo, el Estado y el mercado ya dependen de reglas de orden superior llamadas algoritmos. 

¿Cómo podemos generar o fortalecer una tercera esfera de gobernanza cívica⁸ y policéntrica⁹? No para reemplazar al Estado ni al mercado, sino con el fin de distribuir el control para que subsista la democracia.

La pregunta decisiva es si puede hablarse de soberanía popular cuando una empresa define por sí sola los criterios que administran la tensión entre las fuerzas políticas y cuando, a mayor tensión, aumenta la necesidad de información que los actores políticos deberán comprar si quieren competir. «Polariza y ganarás» se convierte así en el incentivo tecnofeudalista. La hipótesis es negativa: la autorregulación privada de los grandes actores tecnológicos resulta incompatible con la democracia y, al beneficiarse de la polarización, puede convertirse en un factor desestabilizador. La evidencia hasta el momento es mixta: un experimento en Facebook e Instagram no encontró cambios significativos en polarización al sustituir el feed algorítmico por uno cronológico¹⁰; otro mostró que reducir la exposición a mensajes antidemocráticos y de animosidad partidista disminuyó la hostilidad hacia el grupo contrario¹¹; y un experimento en X detectó desplazamientos de las opiniones políticas hacia posiciones más conservadoras al cambiar de un feed cronológico a uno algorítmico¹². La heterogeneidad de resultados, sin embargo, refuerza la necesidad de evaluación independiente y constante.