En México, el problema no es escoger entre fiscalías y justicia cívica, ni entre coerción y prevención. El problema es una arquitectura que concentra recursos, atribuciones y capacidad de decisión en instituciones penales, mientras las escalas municipal y vecinal carecen de herramientas suficientes para atender la conflictividad social.⁹ ¹⁰ Cuando un conflicto, un daño menor o una disputa carecen de atención cercana, pueden quedar sin respuesta, generar frustración, escalar, repetirse o terminar en trámites que ensanchan las carpetas de investigación de las fiscalías.⁹ Este es el momento de reforzar la justicia cívica.

La respuesta debe partir del territorio. Esto exige herramientas de análisis contextual e instrumentos de política pública que permitan transparentar los criterios de decisión, sin impedir la intervención simultánea de las autoridades competentes en materias civil, penal, familiar o administrativa cuando resulte necesaria, pero sin duplicar funciones. La disyuntiva real no está entre coerción y prevención, sino entre un paralelismo coordinado que produzca sinergias y una segmentación institucional que disperse responsabilidades, aun cuando concentre formalmente las atribuciones en unas cuantas instituciones.

Por su parte, el Congreso de la Unión confirma el rezago. La reforma constitucional de 2017 adicionó al artículo 73 la fracción XXIX-Z, que faculta al Congreso para expedir una ley general de justicia cívica e itinerante.¹ El artículo segundo transitorio ordenó emitirla en un plazo máximo de 180 días naturales; ese plazo venció en 2017 y el mandato permanece incumplido.² Durante el receso legislativo, el 25 de junio de 2026, la Comisión de Justicia del Senado retomó dos iniciativas diferenciadas y anunció una ruta para armonizarlas y recibir observaciones.³ ⁴ ⁵ Después de tantos años de retraso, la fórmula “sin prisa pero sin pausa” llega tarde. El reto será evitar una ley declarativa o rígidamente legalista: se requiere una Ley General de Justicia Cívica e Itinerante y Bases Nacionales de Procedimiento, con garantías comunes y capacidad de adaptación territorial.

La discusión existente se apoya en información fragmentada y poco comparable sobre el sistema de justicia, aunque ofrece algunas pistas. El Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica de 2019 vinculó policía municipal, proximidad, prevención e intervención temprana.⁶ La Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias distribuye competencias entre personas facilitadoras públicas o privadas, poderes judiciales y tribunales de justicia administrativa.⁷ La materia penal conserva un régimen nacional específico, operado por instituciones especializadas vinculadas con fiscalías y poderes judiciales.⁸ A su vez, estudios recientes sobre las fiscalías documentan sobreutilización del archivo temporal, bajo uso de acuerdos reparatorios y reducidos niveles de judicialización.⁹

Leídas en conjunto, esas normas, modelos y evaluaciones dejan un vacío en la frontera institucional: falta una instancia territorial con capacidad para recibir, clasificar y resolver la dimensión cívica de un conflicto, así como para activar, sin peregrinaje burocrático, las competencias familiares, civiles, administrativas o penales correspondientes.⁶ ⁷ ⁸ ⁹ El planteamiento choca con la estructura jurídica mexicana, organizada por materias, procedimientos y órdenes de gobierno. Sin embargo, las personas usuarias no tienen por qué dominar esas diferencias. Esperan una atención integral, cercana y comprensible, no una lección de derecho procesal antes de saber quién atenderá su problema.

Por tribunal territorial de justicia cívica debe entenderse un órgano administrativo municipal o intermunicipal, con cobertura vecinal y capacidad de atención temprana, humana y cercana; no una fiscalía ni un juzgado penal en miniatura. Su competencia propia abarcaría faltas administrativas, convivencia, mediación cívica, medidas reparadoras y trabajo comunitario no punitivista. También podría atender la dimensión cívica de problemas relacionados con otras materias. Su competencia de interfaz consistiría en recibir relatos, preservar información, evaluar riesgos y canalizar asuntos. No resolvería divorcios, delitos ni controversias patrimoniales civiles. “Itinerante” tampoco significa únicamente una unidad móvil: implica asegurar disponibilidad según densidad poblacional, dispersión geográfica, tiempo de traslado, costo de acceso, horarios, accesibilidad física y pertinencia cultural.