Elegir personas juzgadoras no democratizó por sí mismo la justicia mexicana. La primera elección trasladó el poder desde una carrera judicial cerrada hacia comités de postulación política, redes de movilización partidistas y guías capaces de simplificar una oferta electoral inabarcable. El resultado no fue una ciudadanía con mayor capacidad para controlar tribunales, sino una nueva intermediación política. La participación alcanzó apenas 12.9286 por ciento.³ Los “acordeones” orientaron votos hacia candidaturas determinadas.⁷ El TEPJF confirmó la existencia de esa propaganda, aunque estableció límites probatorios para atribuir su autoría y efectos.⁹ **Más caro resultó el mecanismo que el beneficio prometido: se debilitó la independencia sin acreditar mejoras equivalentes en acceso, calidad, integridad o cercanía al “pueblo”.**⁵

El cambio ya puede evaluarse como política implementada. La reforma constitucional se publicó el 15 de septiembre de 2024.² El 1 de junio de 2025 se eligieron 881 cargos federales, además de cargos locales, y las nuevas integraciones comenzaron a operar en septiembre.²² El 2 de junio de 2026, otra reforma trasladó a 2028 la renovación pendiente.¹¹ Esa modificación homologó procedimientos, pero conservó comités nombrados por los tres poderes, la aprobación política de listas y la identificación del poder postulante en las boletas.¹¹ No corrigió el déficit principal: una certificación profesional previa, nacional, comparable y ajena a los intereses de quienes postulan.

En el artículo "Democratizar la Justicia" se planteó que el nivel de democracia que implica validar opciones previamente definidas es limitado si no existen opciones reales de toma de decisiones ni un proceso previamente informado.¹ La OEA documentó baja participación, complejidad electoral e información difícil de procesar.⁴ Human Rights Watch sostuvo que el proceso socavó la independencia judicial.⁵ La Relatoría de Naciones Unidas recibió información sobre deficiencias serias de implementación.⁶ La pregunta pertinente dejó de ser si la elección parece democrática y pasó a ser qué costos produjo, quién los absorbe y qué instituciones pueden corregirlos sin depender de la mayoría que promovió la reforma.

Democratizar la justicia significa distribuir capacidades para diseñarla, vigilarla, usarla y evaluarla, pero definitivamente las urnas y el voto electoral no son los mecanismos idóneos para lograrlo. Captura política no implica que cada sentencia sea dictada por un partido; describe un sistema en el que las rutas de acceso, la visibilidad electoral y la continuidad profesional dependen de actores con intereses políticos. Profesionalización tampoco equivale a restaurar concursos cerrados que reprodujeron endogamia judicial. Exige evaluar conocimientos, habilidades y aptitudes para ingresar, permanecer y crecer. La independencia, por último, protege la decisión jurisdiccional: los errores se corrigen mediante recursos y solo el dolo, la corrupción o la incompetencia grave justifican medidas disciplinarias.²⁰

La hipótesis es que la reforma concentró simultáneamente control y responsabilidad. Cuando la coalición gobernante diseña el modelo, domina rutas de postulación y defiende sus resultados, disminuye su capacidad para atribuir cada falla a una judicatura autónoma. La acusación presentada en abril de 2026 por fiscales estadounidenses contra el gobernador de Sinaloa y otras personas funcionarias contiene alegaciones, no condenas.¹⁹ Sin embargo, constituye una prueba de estrés político: ahora el gobierno de un solo partido debe dar una sola respuesta judicial. La concentración de lealtades en los tres poderes puede facilitar la política interna; pero en política exterior se vuelve más directa la atribución del fracaso. Los contrapesos no solamente reparten el poder, también reparten el error al ejercerlo.

Este análisis combina seis tipos de evidencia: normas de 2024 y 2026; resultados y fiscalización electoral; decisiones del TEPJF; observación internacional; documentos económicos y comerciales; y casos de funcionamiento cotidiano. Los videos de audiencias se usan solo como indicios ilustrativos. Muestran errores, dudas procesales, dificultades para conducir actos, problemas de elegibilidad y renuncias tempranas, pero no constituyen una muestra nacional ni prueban por sí solos una pérdida general de acceso; medirlo llevará tiempo. Entre los ejemplos documentados destacan:

• Torreón: exhiben en redes sociales a juez recién electo por errores en audiencia federal, sobre José Daniel Olvera López y dificultades durante una audiencia federal.

• Vuelven a señalar a juez penal electo de Coahuila por mal manejo de audiencia, un segundo episodio atribuido al mismo juzgador.

• Jueza electa por voto popular genera críticas; la acusan de desconocer este procedimiento, sobre la conducción de una audiencia por Carla Liliana González Infante.

• Claudio Azul Bañuelos vincula a proceso a víctima de fraude por error, caso en el que el juzgador confundió verbalmente a la víctima con la persona imputada.

• Problemas y renuncias marcan a jueces electos en elecciones judiciales, recopilación audiovisual sobre dificultades de implementación y salidas tempranas.

• Jueces electos renuncian a pocas semanas de tomar protesta; ¿a qué se debe esto?, pieza audiovisual que documenta renuncias ocurridas después del inicio de funciones.

• INE anula triunfo a personas ganadoras de la elección judicial por incumplir requisitos académicos, ejemplo de problemas en los filtros de elegibilidad posteriores a la votación.

• SM-JDC-138/2025: sentencia relacionada con experiencia profesional y elegibilidad de Claudio Azul Bañuelos Jurado, resolución jurisdiccional que permite contrastar la controversia pública con el expediente judicial.

• Jueces capitalinos enfrentan críticas por capacitación exprés; juez no logró conducir las audiencias, caso sobre dificultades operativas en el Juzgado Familiar 28 de la Ciudad de México.