El presidente Enrique Peña Nieto y el Senado de la República presentaron, de forma individual, controversias constitucionales respecto de los derechos de las audiencias, tema contenido en la Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual fue publicada el 21 de diciembre del 2016 en el Diario Oficial de la Federación.

La controversia del presidente Peña Nieto refiere que fue el Congreso de la Unión el que, al aprobar la ley, dotó de facultades al IFT para regular los derechos de audiencia, exclusivos del Ejecutivo; mientras que la controversia presentada por el senado argumenta que el IFT se atribuyó derechos exclusivos del Legislativo.

Ambas controversias coinciden en que la Ley Telecom en los Lineamientos sobre la Defensa de las Audiencias limita la libertad de expresión, opinión y crítica, al obligar a los medios a diferenciar entre opinión e información, con sus sanciones respectivas, lo cual podría resultar en una censura al derecho a la libertad de expresión.

Por su parte, el IFT argumenta que considera haberse apegado a los límites constitucionales que ésta le otorga; sin embargo, determinó diferir la entrada en vigor de los lineamientos publicados, esperando a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea quien resuelva sobre este tema.