Porque la #Ley3de3 para empresarios sí, y la Reforma Educativa no.

En las recientes semanas hemos vivido una difícil situación nacional derivado del conflicto entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno federal por la llamada Reforma Educativa, reforma que fue aprobada desde el 2013 y que hoy en día sigue sin contar con la legitimidad que se esperaba.

El conflicto magisterial llegó hasta la utilización de armas de fuego por parte de las autoridades policiales. En el enfrentamiento que se suscitó en Nochixtlán y dejó un total de ocho personas fallecidas.

Fue sólo hasta este acontecimiento que el gobierno federal decidió abrir la puerta al diálogo con los maestros, pues en ocasiones anteriores el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, repitió que sólo habría diálogo hasta que la CNTE reconociera la reforma educativa.

Sin embargo esta “apertura” estuvo marcada por las palabras del presidente Peña Nieto, quien mencionó que habría diálogo pero que la ley no estaba sujeta a negociación.

Paralelamente, en el Congreso de la Unión se aprobaron las leyes anticorrupción que habían tenido una fuerte cobertura mediática derivada de la participación de las organizaciones de la sociedad civil y empresarios con la Ley 3 de 3. El texto aprobado por el Congreso quedó a deber en dos aspectos fundamentales relacionados con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, específicamente en la modificación de los artículos 29 y 32.

El artículo 29 establecía la publicidad de las declaraciones patrimoniales, de interés y fiscal a partir del formato establecido por las organizaciones de la sociedad civil promotores de la #Ley3de3, sin embargo, esto fue modificado de último momento para que sea el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción quien tome la decisión final del formato de las declaraciones, contraviniendo la propuesta ciudadana.

Por otro lado, se agregaron de último momento disposiciones que obligan a las personas físicas y morales que reciban recursos públicos a presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses. Derivado de la ambigüedad en la redacción del artículo 32, esto implicaba que no sólo los empresarios sino hasta beneficiarios de programas sociales o becarios tuvieran que presentar declaraciones.

Esto generó la reacción de distintos sectores de la sociedad, pero fueron principalmente los empresarios quienes se manifestaron en el Ángel de la Independencia en contra de esta disposición, pues la consideraban una ocurrencia de los senadores. A pesar de esto, todo indicaba que las leyes anticorrupción iban a ser promulgadas sin mayor contratiempo, pues desde el gobierno federal ya se había emitido la invitación para su promulgación el 22 de junio pasado.

Sin embargo, después de una reunión privada entre Peña Nieto y el sector empresarial, el presidente decidió hacer uso del veto presidencial para mandar observaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en lo relacionado a la obligación de las personas físicas y morales a presentar su 3 de 3.

El veto parcial es una buena noticia, pues la redacción del artículo 32 hacía inviable el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, la lógica y el discurso con el que operó Peña Nieto es incongruente en los casos presentados.

Entonces, ¿la ley se negocia o no? ¿importa más la voz de los empresarios que la de los maestros o la de los 634 mil firmantes de la #Ley3de3? Las respuestas al parecer son evidentes; sin embargo, la democratización nacional implica apertura, congruencia y diálogo con todas las partes.

Finalmente en el Sistema Nacional Anticorrupción quedará pendiente la publicidad de las declaraciones con los formatos que propusieron las organizaciones de la sociedad civil, el Presidente tuvo la oportunidad ideal de cambiar esto y responder a la demanda de los firmantes de la Ley 3 de 3, pero la dejo ir.

Artículo originalmente publicado en La Silla Rota
@OpinionLSR

Rodrigo Ramírez @rodrigo_rq
Coordinador de investigadores en el área de Análisis Político y Legislativo de Borde Político A.C.
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