El artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas establece que cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos tendrá que presentar sus declaraciones de interés y patrimonial. Esta disposición no sólo afectara las ciudadanas y ciudadanos beneficiarios de programas sociales o que reciben becas de cualquier nivel de gobierno; de acuerdo con la coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, Mariana Campos, esta disposición también generará problemas en las contrataciones del sector público.

En el siguiente video, Mariana Campos habla sobre las buenas prácticas internacionales para combatir la corrupción en las contrataciones del gobierno y explica el por qué el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, carece de viabilidad técnica para lograr este objetivo.