El Observatorio de Violencia Política es un proyecto de observación electoral jurisdiccional enfocado en analizar sentencias de la Sala Superior y Sala Regional Especializada, sobre el proceso electoral 2021. Un ejercicio centrado en evaluar la aplicación del nuevo marco jurídico contemplado en las reformas en materia de paridad y violencia política.
En total la muestra se compone de XX sentencias
Para profundizar en las sentencias más relevantes que caracterizan fenómenos jurisdiccionales, se realizaron tres sesiones de análisis con personas expertas:
Finalmente es relevante difundir los hallazgos, recomendaciones y buenas prácticas que surgen del análisis de sentencias. Para ello se plantea una breve campaña de producción de contenidos multimedia (infografías, ilustración y audiovisual) que permitan que esta información llegue a las personas que integran nuestro público objetivo:
Nuclear: mujeres en puestos de representación, candidatas o integrantes de sus equipos de trabajo para generar entendimiento de los alcances de la legislación en materia de paridad y violencia
Cercano: personas juzgadoras y en puestos de toma de decisión con capacidad de impulsar que las recomendaciones se conviertan en un protocolo para sustanciar estos casos
Superficie: medios de comunicación para difundir los avances y áreas de oportunidad que subsisten en la forma de integrar las resoluciones
Si se cuantifica la calidad de la representación ejercida por parte de los actores políticos y se contrasta con la calidad de las propuestas contenidas en agendas ciudadanas, entonces se abre un nuevo espacio para la representación política de sectores tradicionalmente marginados y se fortalece es estado democrático de derecho.
El Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) ha sido históricamente la vía más utilizada para analizar casos relacionados con violencia política contra las mujeres.
Los partidos políticos aparecen como los principales actores involucrados en los litigios, tanto en disputas por paridad como en casos de violencia política contra las mujeres.
Con frecuencia, son los propios partidos y sus candidaturas quienes resultan señalados como involucrados.
Los cargos más controvertidos ante los tribunales son las gubernaturas (29%) y las diputaciones federales (21%), lo que refleja una alta conflictividad en estos espacios de poder.
Aunque con menor número de sentencias, los casos más extremos de violencia se presentan en el ámbito municipal.
Solo algunas sentencias consideran de manera explícita condiciones como pertenencia a comunidades indígenas, identidad trans o situación de pobreza, a pesar de su relevancia para comprender la violencia.
Durante el proceso electoral 2020-2021 se incrementaron los casos de violencia simbólica y psicológica ejercida a través de medios de comunicación y redes sociales, particularmente durante campañas electorales.
Solo en 17.5% de los casos se da vista a otras autoridades para el cumplimiento de las sentencias.
En los casos de violencia política contra las mujeres, la sanción más frecuente es la multa.
Selección de muestra jurisprudencia de la SUP y Proceso Electoral 2020-2021
Criterios a analizar y evaluar.
Para el estudio cuantitativo y cualitativo de las sentencias se retomaron algunos criterios propuestos en un estudio realizado por Sandra Serrano que abarcan a niveles de análisis:
