Argumentos de evaluación
Esta reforma representa un retroceso con respecto a la legislación de 2019, la cual, tras extensos debates, logró un consenso en el Congreso para preservar la naturaleza civil de la Guardia Nacional. Contrariamente, las modificaciones legislativas de 2022 inclinan la balanza a favor de su carácter militar, con consecuencias significativas para nuestros derechos:
- La reforma sigue vulnerando el derecho a la justicia en el ámbito de los derechos humanos, ya que la militarización se asocia con prácticas más severas y menos reguladas, lo que podría aumentar el riesgo de violaciones a los derechos humanos, incluida la tortura o trato inhumano. Además, la presencia militar en tareas de seguridad puede dar lugar a procedimientos judiciales opacos y sujetos a la jurisdicción militar.
- La militarización limita la libertad de expresión y reunión, e impone restricciones a manifestaciones o protestas bajo el pretexto de mantener el orden público.
- La naturaleza militar de la Guardia Nacional obstaculiza la transparencia, rendición de cuentas y el derecho a la información debido a que frecuentemente se argumentan razones de “seguridad nacional”.
- Otro de los grandes problemas es que los recursos públicos se concentran en financiamien de la estrategia de militarización, afectando negativamente los presupuestos de otras áreas fundamentales del gasto público, como la salud, la educación, la seguridad social e incluso la reinserción social.
