Argumentos de evaluación
1. Esta medida se argumnetó como parte de un conjunto de reformas dirigidas a fortalecer la seguridad en puertos y aduanas, respondiendo a una lógica de eficiencia y combate a la corrupción. Siendo así, la organización evaluadora considera que, en sí misma, no genera impacto alguno en la esfera de derechos. No obstante persisten preocupaciones con respecto a si la militarización de las funciones civiles supone el abandono de las funciones de las instituciones públicas; en este caso, indirectamente ello impediría el ejercicio eficaz de nuestros derechos.
2. La reforma contempla el contexto y la capacidad institucional, dado que la Secretaría de Marina se encuentra más enfocada en los temas referentes a seguridad de puerto.
3. Por otro lado, no considera un enfoque interseccional ni un marco flexible. En este sentido, tampoco prevé un enfoque interseccional para el acceso a la información y protección de datos, pero no resulta discriminatorio porque no afecta a un grupo determinado.
4. Asimismo, si bien requiere una inversión considerable, es sostenible y factible dado que los recursos que se destinaban a la Secretaría de Comunicación y Transporte para el tema en cuestión pasarán a la Secretaría de Marina, y esta misma buscará la manera de generar recursos (conforme al cuarto transitorio pág. 61).
5. En cuanto a la capacidad de la reforma legislativa para adaptarse a distintos contextos socioculturales, se podría catalogar con una adaptabilidad moderada. No obstante, al tratarse de una legislación más especializada, carece necesariamente de un enfoque social definido. Sin embargo, es importante destacar que esta reforma podría tener repercusiones significativas en el ámbito social, especialmente en la percepción que la ciudadanía pueda tener sobre la presencia de la Marina.
