INVESTIGACIÓN CRIMINAL

¿Quién investiga los delitos?

En los últimos años el modelo de persecución penal ha demostrado ser obsoleto, y el 99% de impunidad lo refleja. La implementación del sistema de justicia penal acusatorio en todo el país dejó en claro que aún falta mucho por hacer en los primeros escalafones de la investigación y procuración de justicia. Ahora contamos con jueces capacitados, salas de audiencia, transparencia en las acciones judiciales y jueces presentes a la hora de dictar sentencias; un gran avance sin lugar a dudas pero la realidad es que el inicio y el final del sistema se mantienen desarticulados e inoperantes, atados a prácticas del viejo sistema inquisitivo como lo es la “integración” de expedientes (antes averiguaciones previas, hoy carpetas de investigación; ambas con la misma metodología de acumulación de documentos).


EL EMBUDO DE LA JUSTICIA


Algunos fiscales culpan al nuevo sistema de la impunidad, pero la realidad es muy diferente. Los fiscales no tienen la respuesta; hoy contamos con cerca de 400 mil policías entre estatales y preventivos pero muy pocos ejercen la facultad de tomar una denuncia formal y ninguno de ellos investiga, porque esa facultad está concentrada en el Ministerio Público. En México nuestra justicia se enfrenta todos los días al monopolio del Ministerio Público, un monopolio de corrupción e ineficiencia con tres grandes pilares:


  1. La vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa que son residuos del viejo sistema (antes auto de formal prisión y concepto de delitos graves) que fuerza al MP a definir la materia del resto del proceso y la decisión sobre la libertad del imputado en 72 horas, sin darle el tiempo necesario para analizar las estrategias a su disposición.

 

“Un gran sistema de justicia, pero se nos olvidó la investigación de los delitos y las cárceles”

 

Todo comienza con la falta de denuncias porque el MP hace todo lo posible para no recibirlas. En el 93% de los casos el MP “batea” las denuncias, las evita o simplemente no le llegan porque para el ciudadano es muy difícil realizar este trámite (en promedio 6 horas para denunciar). De 33 millones de delitos, el MP recibe sólo 3,5 millones, es decir , 10.6%. De las denuncias recibidas solo investiga el 2.1% y tristemente judicializa un ridículo 0.3% del total. No obstante el MP mantiene el monopolio y no permite investigar ni recibir denuncias a la policías estatales y municipales. En el 93% de lo que no se denuncia el problema es:
 

 

  1.  
  2. La retención ministerial como espacio de tortura en que el MP puede inventar pruebas, obtener declaraciones bajo coacción, forzar falsos testimonios, es decir, se mantienen las viejas prácticas que se traducen en casos mal planteados que violan derechos y derivan en “caída” de juicios.
  3. Los mecanismos alternativos sin control judicial permiten al MP extorsionar a los imputados y a las víctimas con tal de obtener una salida rápida que despresurice el sistema. Esto se ha convertido en un mercado de corrupción ya que el MP toma decisiones sobre la vida de las personas de forma unilateral.

 

La falsa idea de “la puerta giratoria” se sustenta en creencias difundidas por políticos

Es un engaño con la verdad cuando aseguran que “los jueces protegen los derechos humanos de los delincuentes y los liberan”. Lo cierto es que el MP deja libre al 92% de los detenidos, en cambio los jueces dan sentencias condenatorias en el 71% de los casos. Es importante señalar que sí protegen los derechos de los imputados, todos tenemos derecho a defendernos de una acusación, derecho a no ser torturados y extorsionados.


Es otro engaño con la verdad cuando los políticos dicen que ”necesitamos más prisión preventiva oficiosa para no dejar salir a los delincuentes”. Aunque necesitamos enfrentar la delincuencia y en última instancia la cárcel es una herramienta, lo cierto es que el 33% de las personas en prisión están esperando a que el MP termine de investigar, es decir que ni siquiera sabemos si son culpables y además hay que recordar que solo estamos hablando del 0.3% de los delitos. En resumidas cuentas no importaría si pusiéramos todo el código penal en el catálogo de prisión preventiva oficiosa del artículo 19 de la Constitución, porque solo el  MP seguirá procesando sólo el 0.3% de los delitos totales y si a caso estaríamos ante un incremento marginal de encarcelamientos, como ha sucedido a la fecha con los delitos que se agregaron en 2018.


Es muy común que el único Partido Verde en el mundo que promueve la pena de muerte salga a vender la popular idea de que “se necesitan penas más duras” incluida la pena de muerte. Otro engaño punitivista que solo sirve para transformar la tortura en corrupción porque en la realidad el 99.7% queda sin juicio y sin pena alguna. El problema no es la dureza de la pena, pero sí la improbabilidad de recibirla.


También se ha vuelto común ver a fiscales dar gritos de auxilio porque necesitan mayores facultades de manera urgente, sin embargo, también se quejan de los derechos humanos que todos tenemos argumentando que dificultan trabajo. Lo cierto es que si queremos encerrar a los “malos” tenemos que investigar quiénes son y tener pruebas. A cualquier otro atajo no le podemos llamar justicia y la venganza a la larga sale mucho más cara.


El sistema de justicia penal sin lugar a dudas necesita más reformas, como adecuar el juicio de amparo al sistema penal para no burocratizar la justicia y no romper la oralidad, necesitamos quitar la vinculación a proceso, la prisión preventiva oficiosa, la puesta a disposición ante el MP, el control de detención y la retención ministerial, la facultad de llegar a acuerdos reparatorios sin revisión judicial, entre otros “detalles”. Pero sin lugar a dudas el sistema de justicia seguirá siendo inútil si no comenzamos por tomar en serio a las policías municipales y estatales para multiplicar por veinte la capacidad de recibir denuncias, así como facultarles para hacer investigación. La investigación debe ser realizada por las policías y otras instituciones como la Comisión Nacional de Competencia Económica, la Comisión Nacional Bancaria, el Servicio de Administración Tributaria y por supuesto la Comisión Nacional de Derechos Humano, entre otras muchas instituciones que son necesarias para incrementar la capacidad de generar investigaciones científicas en todos los niveles de gobierno.


Si queremos justicia, la reforma policial no puede esperar, hoy no tenemos denuncias ni tenemos suficientes personas para investigar la enorme cantidad de delitos, por eso nuestros sistemas de seguridad y justicia no dan resultados.


Necesitamos una nueva policía y reconciliarnos con su importancia social.

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