Al iniciar el último periodo de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 2015, el Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales anunció los siguientes asuntos como algunos de los más relevantes a tratar para finalizar su primer año como Presidente de la SCJN:

En Pleno

1. Acción de Insconstitucionalidad sobre la validez de la prohibición absoluta a las personas unidas en sociedad de convivencia para realizar adopciones o compartir patria potestad y la guardia o custodia de menores en Campeche.
2. Acción de Inconstitucionalidad sobre la validez del nuevo sistema de financiamiento de las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado de Veracruz.
3. Inejecuciones de sentencia que proponen separar del cargo a funcionarios públicos del Estado de Morelos.
4. Controversias Constitucionales contra legislaciones locales en materia educativa.
5. Acciones de Inconstitucionalidad contra legislación electoral en Baja California, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
6. Amparos en Revisión para revisar constitucionalidad de limitaciones establecidas por el Congreso a las deducciones de gastos realizados por los contribuyentes del ISR respecto de sus trabajadores.
7. Alcances de la reforma a la Ley de Amparo de 2013.

En Salas:

1. Ley de Movilidad del Distrito Federal.
2. Contabilidad Electrónica.
3. Prácticas monopólicas en el transporte de gasolina.
4. La información de operaciones relevantes al SAT.

Todos estos asuntos revisten de importancia para la sociedad mexicana y deberían estar presentes en la deliberación pública. Se pondrán en juego criterios sobre el Interés Superior de la Niñez, sobre derechos laborales, sobre la soberanía de los estados de la república, sobre derechos político-electorales, derechos de los contribuyentes, así como sobre los derechos de quienes habitan en la Ciudad de México. Temas sustantivos que valdría la pena fueran seguidos de forma puntual por los medios de comunicación y por la sociedad, pues quizá estas discusiones podrían dotar de contenido a derechos que pueden estar relacionados con nuestro patrimonio, nuestra vida privada o nuestro futuro.

La pregunta con todo sigue siendo: ¿es posible que un ciudadano común pueda darle seguimiento adecuado a estos asuntos? Todo indica a que si lo intenta tendrá muchas dificultades. Por ejemplo, no hay ningún vínculo en la lista oficial de asuntos de la SCJN que le permita enterarse de los antecedentes de los casos que se discutirán y tampoco le será fácil encontrarlos en otro sitio. Por lo demás, es casi seguro que la sesión en vivo de la Corte en el Canal Judicial le parezca incomprensible tanto por la tecnificación del lenguaje, como por la ausencia de una producción que dote al televidente de elementos que le permitan saber qué es lo que están discutiendo ministras y ministros.

Todo esto resulta preocupante para una sociedad donde cada vez hay menos confianza en las intituciones y donde se han implementado al menos tres reformas en años recientes (la Penal, la de Derechos Humanos y la de Amparo) que en uno u otro sentido apuntan a que mejore la relación de los ciudadanos con su derecho. Los tribunales, incluído por supuesto el Máximo Tribunal, deben ser instancias que le generen confianza al ciudadano; instancias que le den la seguridad de que se están protegiendo sus derechos. Para generar esa confianza se necesitan desde luego funcionarios judiciales bien capacitados y honorables; pero también una comunicación bidireccional donde los ciudadanos reciban información clara, de la que se puedan apropiar para mejorar la administración de justicia a través de la deliberación, la crítica y la participación activa. Por el momento, no es difícil concluir que le ciudadano no especializado está excluído de la información sustantiva sobre la Corte y los tribunales.

Es importante recordar que este es el periodo en el que terminan su encargo la Ministra Olga Sánchez Cordero y el Ministro Juan Silva Meza. Habrá entonces dos lugares vacantes muy pronto. Seguramente, el tema sobre el perfil ideal para sustituir a la Ministra y el Ministro volverá a ser tratado en periódicos, foros y academia. ¿No sería adecuado agregar a la discusión la necesidad de que quienes integren las ternas sean personas capaces de abrirse a la sociedad en aras de fortalecer la confianza en la administración de justicia? Así como seguramente se discutirá sobre las virtudes técnicas y morales que deben tener  las y los candidatos ¿No sería pertinente agregar al perfil que se trate de personas capaces de utilizar la tecnología para favorecer la comunicación con la sociedad?

El próximo mes de octubre, se llevará a cabo la Cumbre Global de la Alianza para el Goebierno Abierto (Open Government Partnership) en México que es el país que preside la Alianza este año. Uno de los temas que está en la agenda para la Cumbre con la que nuestro país cerrará su año de presidencia es el de Poder Judicial Abierto (lo que en otros foros se ha denominado como Justicia Abierta). Se trata de un tema que no ha tenido tanta visibilidad como el de Parlamento Abierto y del que definitivamente hay que celebrar esté en la agenda. Con eso en mente quisieramos apuntar lo siguiente para finalizar:  una agenda Justicia Abierta, supondría algo más que estadísticas sobre ingresos y egresos de casos a los tribunales, algo más que sentencias de cientos de páginas publicadas en formatos pdf, algo más que sesiones del Pleno de la Corte transmitidas en vivio. Desde nuestra perspectiva la discusión debe dirigirse hacia la relación del ciudadano con sus derechos y las instituciones encargadas de protegerlos ¿Qué hace que un ciudadano se sienta dueño de sus derechos? es una pregunta que es importante responder si se quiere apuntalar una agenda de apertura del Poder Judicial; no menos importante sería diagnosticar qué necesita un ciudadano de a pie para poder estar al tanto de lo que se hace en los tribunales e implementar acciones para realizarlo. Un país donde esas preguntas estuvieran en la mesa de diálogo sería un país en vías claras de consolidación democrática ¿estamos ya en ese camino?