La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe relativo a su visita a México en octubre de 2015. Los resultados dan cuenta de una situación crítica de violencia en el país que ha provocado un incremento constante de violaciones a los derechos humanos. Entre los diferentes factores que han contribuido a esta situación crítica de violencia, el informe de la CIDH apunta dos en particular que desde Borde Jurídico queremos llamar la atención por estar vinculados con la administración de justicia y la cultura jurídica en México: los niveles críticos de impunidad y “la profunda brecha que existe entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas”.[1]

De acuerdo con el informe de la CIDH, en México existe una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de violaciones graves a los derechos humanos[2]. Esta impunidad, a su vez, trae como consecuencia una sociedad amedrentada por parte de agentes estatales y que desconfía de las autoridades y que por miedo a amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones u otro tipo de represalias por los agentes estatales no denuncia. Esto provoca un ciclo de impunidad imperante que impide que las personas puedan acceder a la justicia.

Sobre este aspecto, el informe de la CIDH coincide con lo que desde otros informes y espacios de ha venido documentando respecto de la situación de la administración de justicia en el país. Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) que realiza anualmente el Instituto de Geografía y Estadística (INEGI), del 100% de los delitos cometidos, sólo el 10.7% fueron denunciados y el 89.2% no llegaron a denuncia. De este 89.2% de delitos que no llegaron a denuncia, el 63.1% de los delitos no fueron enunciados debido a: causas atribuibles a la autoridad^[3]. En esta categoría se entienden como causas atribuibles a la autoridad: actitud hostil por parte de las autoridades, miedo a la extorsión, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles; y desconfianza en la autoridad.

Además, el Índice Global de Impunidad (IGI) 2015[4] ubica a México en el segundo lugar de los países con mayores índices de impunidad con 75.7%. El IGI señala que gran parte de la impunidad se genera en los eslabones del sistema judicial que permitirían un acceso a la justicia eficiente y eficaz para la ciudadanía.

También el Rule of Law Index del World Justice Project[5] apunta a las deficiencias del Estado mexicano en lo relativo a la administración de justicia. A nivel regional México se encuentra en el lugar 14 de 19 países analizados y a nivel mundial se encuentra en el lugar 79/102. En los rubros que considera este índice, los relativos a la corrupción y la administración de justicia criminal son los que más llaman la atención por ser los más bajos.

Por si no fueran suficientes estos reportes, recordemos que el año pasado se presentaron también los resultados del Informe Justicia Cotidiana, coordinado por el CIDE[6]. Según señala ese informe, los procesos de justicia son largos, costosos, poco flexibles o adaptables a las circunstancias; existen numerosos obstáculos tanto para el acceso a la justicia como para que el resultado contribuya a solucionar efectivamente los problemas de los ciudadanos; la justicia se percibe como lejana, resulta mayormente incomprensible para los ciudadanos y tiende a incrementar la desigualdad social.

La constante en todos estos informes es la impunidad reinante en el sistema judicial que socava cualquier posibilidad de administrar justicia de forma eficiente en México. Esta situación nos lleva directamente al segundo tema que el Informe de la CIDH plantea y que vale la pena rescatar y esto es la eficacia del Derecho en México.

De acuerdo con la CIDH, en México ha habido y se han registrado avances en materia legislativa que no han podido materializarse por las “ineficiencias, insuficiencias y obstáculos en la respuesta gubernamental en el cumplimiento de sus obligaciones”. Este es un problema de eficacia y ejecución de la norma por parte de la autoridad. En otras palabras, los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley son los que no la cumplen. La CIDH lo apunta: “en ese sentido, el gran reto del estado mexicano es cerrar la brecha existente entre el marco normativo y la actuación arbitraria y discrecional de quienes están a cargo de hacer cumplir la ley”.

Este sin duda es el gran reto que hay que resolver respecto de la administración de justicia: la norma y su eficacia. Las crisis de violencia, las crisis de derechos humanos son, en realidad, crisis de la razón jurídica y del sentido del Derecho que deben ser atendidas y resueltas para romper con este lamentable ciclo de impunidad y de ausencia de justicia constante en el país.

[1] Pag. 11, parr. 3

[2] Pag. 14 parr. 12

^[3] Causas atribuibles a la autoridad es una categoría de la ENVIPE: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_09_7.pdf, consultado el 22 de febrero de 2016.

[4] Elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla: http://udlap.mx/cesij/files/IGI_2015_digital.pdf

[5] Consultable en: http://data.worldjusticeproject.org/#/groups/MEX

[6] Consultable en: http://equidad.scjn.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/RESUMEN-INFORME-CIDE_JusticiaCotidiana_2015-1.pdf