De nada servirá para nuestra sociedad la creación de nuevas instituciones anticorrupción, si éstas no están fincadas en la solidez de la legitimidad ciudadana. Una institución representa la consolidación organizada de un Estado para proveer a sus habitantes los elementos necesarios para que la vida social sea plena. De ahí que es labor del Estado fortalecer, de manera sistemática, las estructuras de instituciones que garanticen seguridad, justicia, democracia, rendición de cuentas, control, supervisión, transparencia y fiscalización.

Cuando la teoría nos habla de la perpetuidad del Estado moderno, lo hace en el entendido de que los actores sociales que generacionalmente se han encargado del Estado como funcionarios, lo han hecho bajo la premisa de enfrentar las problemáticas que a diario surgen en la sociedad. Así, conforme las sociedades se van complejizando, las tareas de las instituciones también se modifican para dar cabida a nuevas formas y alternativas de enfrentar la realidad.

Podemos suponer que la eficacia, funcionamiento y continuidad de las instituciones se sustenta de manera vital a partir de las acciones de los individuos que las componen; cuando ese principio se incumple, a causa de prácticas equívocas por parte de sus guías, las instituciones se debilitan y quebrantan ante la vista de la ciudadanía, debido a que se pierde el propósito para el cual fueron creadas. Es ahí que las instituciones dejan de ser el instrumento y herramienta que soluciona la necesidad social y se convierten en el lastre que impide su realización.

Aquí la acción clave es el “cuidado”. Cuidar las instituciones, su funcionamiento y desempeño, y de manera consecuente cuidar el desarrollo y estabilidad social de la ciudadanía. La Dra. en filosofía, Irene Comins, tiene extensos trabajos sobre la concepción del cuidado como una responsabilidad tanto del Estado como de la propia ciudadanía, para conservar la estabilidad de las instituciones; en otras palabras, dicha responsabilidad establece una serie de vínculos morales entre gobierno y sociedad en el afán de que las redes de instituciones que garantizan la dinámica y funcionalidad de una nación, no caigan en desviaciones o –en el peor de los casos- la parálisis.

Los mexicanos recientemente estamos involucrados en la construcción de las instituciones más notables de la historia contemporánea de nuestro país en materia de anticorrupción. La creación del Sistema Nacional Anticorrupción y de los Sistemas Locales, se refieren por sí mismos a un padecimiento que, en el caso de México, podemos considerar crónico.

Atentar contra las instituciones es hacerlo contra la sociedad de manera directa. Su debilidad o fortaleza es en buena medida obligación del Estado, pero en el plano del cuidado social es necesario que, ante el surgimiento de las reformas que están creando o transformando instituciones como fiscalías anticorrupción, tribunales de justicia administrativa, auditorías, órganos de control, comités ciudadanos, entre otras que atenderán la corrupción e impunidad en nuestro país y en nuestro Estado, vigilemos, supervisemos, exijamos, empujemos y participemos activamente para provocar verdaderas instituciones que hagan frente a la corrupción y que logren transformar de fondo la función pública en México. Cuidemos como sociedad el establecimiento de las instituciones anticorrupción para que sea posible atender los problemas reales y más profundos de la actualidad.