Por un lado, el artículo 21 Constitucional establece que: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas… La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos… Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública…”

En la Cámara de diputados se discuten las iniciativas sobre la Ley de Seguridad Interior las cuales le darían un marco jurídico a las fuerzas armadas para actuar, estas propuestas han sido presentadas por el PRI, PAN, PRD y MC, las cuales sustentan lo siguiente:

PRI:

Intervención progresiva y gradual del Gobierno Federal

Intervención de las Fuerzas Armadas como último recurso

PAN:

El titular del Ejecutivo Federal podrá ordenar las acciones necesarias en caso de obstáculos que requieran medidas urgentes

Creación de las Fuerzas Especiales de Apoyo Federal con requerimientos especiales de adiestramiento

PRD:

Medidas excepcionales delimitadas por decreto del titular del Poder Ejecutivo Federal

Límites de participación a elementos de las fuerzas armadas

Alejandro Madrazo, investigador académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), ha señalado que estas iniciativas buscan crear un marco jurídico en el cual las fuerzas armadas hagan labores de seguridad pública. Indicó que éstas pretenden “darle la vuelta a la constitución” debido a que en esta se establece que la seguridad pública debe ser exclusivamente una función de los cuerpos civiles. Esto permite que las fuerzas armadas puedan usarse como sustitutos de las policías, lo cuál provoca mayor inseguridad y violaciones a los derechos humanos.

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vía Borde Político.