Introducción
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que el Ejército y la Marina tomarán control de los puertos y aduanas del país para combatir la corrupción, el contrabando y el narcotráfico, en respuesta al aumento del tráfico de precursores sintéticos para fentanilo desde Asia. La decisión, revelada en Colima, busca “limpiar” estos espacios críticos. Aunque la estrategia de militarización de aduanas no es nueva en México, esta medida profundiza el papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad y administrativas, en un contexto de violencia y crisis de seguridad pública que el país ha enfrentado por más de una década. La inclusión militar en la gestión aduanera y portuaria se ve como un esfuerzo para frenar el flujo de sustancias ilegales, especialmente el fentanilo, hacia Estados Unidos, y para asegurar ingresos significativos provenientes de los pasos marítimos y terrestres. Sin embargo, esta aproximación ha suscitado preocupaciones sobre la opacidad y el crecimiento del poder del Ejército como agente económico en México.
Balance de derechos
Este cambio normativo implica la transferencia de facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de corte civil, a la Secretaría de Marina, de corte militar. Se destaca que esta medida es parte de un conjunto de reformas dirigidas a fortalecer la seguridad en puertos y aduanas, respondiendo a una lógica de eficiencia. Siendo así, la organización que evaluó esta iniciativa considera que en sí misma no genera impacto alguno en la esfera de derechos. No obstante persisten preocupaciones con respecto a cómo la militarización de las funciones civiles supone el abandono de las funciones de las instituciones públicas y esto indirectamente impide el ejercicio eficaz de nuestros derechos.
La legislación no especifica mecanismos concretos de transparencia y rendición de cuentas, lo que plantea interrogantes sobre el seguimiento y la fiscalización de las acciones emprendidas bajo este nuevo esquema.
Aunque no se adopta un enfoque interseccional explícito, la medida no parece tener consecuencias discriminatorias hacia algún grupo social en particular. No obstante, subsiste la aversión desde ciertos grupos hacia las personas armadas que en su mayoría son hombres.
Se considera que la reforma legislativa tiene cierto potencial para reducir el problema de seguridad a corto plazo, aunque su impacto a largo plazo es limitado porque no ataca la problemática de raíz que representa la corrupción sistémica y la falta de eficiencia en los puertos y aduanas. Además, aunque se considera que la inversión necesaria para implementar la reforma es factible dado que los recursos previamente asignados a la Secretaría de Comunicación y Transportes ahora serán gestionados por la Secretaría de Marina. No logra definir con claridad cómo es que este cambio puede unificar los esfuerzos y atender el problema del sector; y en cambio, pudiera tener repercusiones negativas en cómo la Marina es percibida por la ciudadanía al aumentar los puntos de contacto.
Relevancia
Esta propuesta de reforma fue promovida principalmente por el Presidente de forma pública y reiterada en al menos tres conferencias de prensa, e incluso ocupó algunas primeras planas. No obstante el debate en torno a la reforma se limitó a círculos pequeños de quienes apoyan al presidente y quienes están en contra de la militarización, siendo así la opinión pública general no profundizó en la discusión. Finalmente se considera que la reforma aborda un tema muy especializado, el cual poca gente conoce y en la opinión popular no se suele comentar a profundidad.
Proceso legislativo
Si bien se estableció un formato de parlamento abierto que incluyó a académicos, políticos, y expertos con diferentes posturas; y esto refleja un esfuerzo por incorporar procesos participativos. Este proceso no contempló un ejercicio dialéctico, no se dió respuesta puntual a las preocupaciones expresadas por las personas ponentes, finalmente se considera que fué una simulación de apertura ya que no se contempla la realización de una consulta amplia e informada, caracterizada por su neutralidad y la utilización de medios óptimos para incluir a grupos diversos. Además, la definición del problema público tratado por la reforma fue considerada poco clara y la exploración de alternativas fue limitada, centrándose principalmente en la solución de unificar las facultades para el control de los puertos bajo la Secretaría de Marina. Este enfoque, aunque con cierto potencial eficientista, dejó sin explorar otras opciones que podrían haber enriquecido o complementado la propuesta legislativa.
La discusión no implicó un análisis de impacto presupuestario detallado y el régimen transitorio se limitó a señalar la reasignación del presupuesto y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores, aunque con poca claridad y de forma muy general.
El proceso legislativo aceptó contradicciones y sintetizó diferentes perspectivas, aunque con márgenes limitados de negociación. La discusión se llevó a cabo de manera respetuosa, permitió exponer las preocupaciones de quienes disentían con la propuesta, pero esto no implicó la búsqueda de soluciones consensuadas y la iniciativa resultante es en esencia la misma que fue presentada en un inicio.
La comunicación sobre la reforma fue parcial y solo se posicionó una postura predominante ante la opinión pública. Además, aunque existió difusión a través de canales oficiales, el alcance fue muy limitado.
Conclusión
La reforma legislativa para militarizar los puertos y aduanas de México, impulsada por el Presidente López Obrador, responde a la necesidad de combatir la corrupción, el contrabando y el narcotráfico, particularmente el tráfico de fentanilo. Aunque forma parte de un conjunto de reformas para reforzar la seguridad, su impacto en la esfera de derechos es ambiguo, generando preocupaciones sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la militarización de funciones civiles, lo que podría afectar indirectamente el ejercicio eficaz de derechos.
El debate sobre la reforma se mantuvo circunscrito a círculos reducidos, sin alcanzar una discusión amplia en la opinión pública. A pesar de la relevancia dada por el ejecutivo y su presencia en medios, la comprensión y el análisis público del tema fueron limitados, reflejando en lo general, la polarización de opiniones, sin profundizar en sus implicaciones sistémicas.
El proceso legislativo, aunque intentó adoptar un formato participativo resultó en simulación. La falta de un análisis detallado sobre el impacto presupuestario y la limitada exploración de alternativas subrayan una oportunidad perdida para enriquecer la propuesta con enfoques complementarios y consensuados, evidenciando márgenes de negociación restringidos.