Se prohíben los esfuerzos por corregir la orientación sexual (ECOSIG)

El proceso legislativo refleja un largo y complejo camino hacia la prohibición de los ECOSIG. Desde 2018, se presentaron propuestas en el Senado, respaldadas por senadoras de distintos partidos políticos. Fue hasta el 2024, cuando la reforma fue aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión.

Durante este proceso, se definió el problema público en los siguientes términos: aunque en México la discriminación está tipificada como un delito, las prácticas conocidas como “Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género” (ECOSIG), también llamadas “terapias de conversión”, dirigidas a inducir cambios en la preferencia sexual o identidad de género de personas de la comunidad LGBTTTI, no están sujetas a sanciones legales. Estas “terapias de conversión” han operado fuera del marco legal en nuestro país, ya que no existen disposiciones normativas específicas que las regulen. 

Varias organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTI en nuestro país han reportado casos de personas que han sufrido los llamados “Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG)”. Estos incluyen diversas formas de violencia como privación de libertad, violaciones “correctivas”, violencia económica, terapias de conversión o reparativas, tortura, entre otros. Esta situación ha llegado al extremo de normalizar la violencia experimentada por las víctimas, que en muchos casos no denuncian. En este sentido, los ECOSIG han obstaculizado la visibilización del tema, la implementación de políticas públicas y la aplicación de sanciones a quienes ofrecen estos servicios. Asimismo, dificultan la detección de las víctimas y la garantía de su reparación integral.

También es importante mencionar que se distingue a las ECOSIG de los tratamientos de hormonización, feminización y masculinización corporal, que son apropiados cuando una persona de la comunidad LGBTTTI elige llevarlos a cabo para alinear su identidad de género autopercibida.Al respecto, el enfoque de la reforma es esencialmente punitivo, por lo que será necesario complementar con otras políticas públicas para atender el problema de la violencia y discriminación estructural por motivos de orientación sexual e identidad de género. También es necesario considerar otros sistemas de opresión (clase, raza) que agravan la vivencia de la violencia y discriminación contra este grupo poblacional. La reforma se reconoce como un asunto de relevancia considerable para una amplia franja de la sociedad, con un impacto especialmente notable en grupos específicos de la población. Ha generado un marcado interés en la opinión pública y tenido una presencia notable en medios de comunicación a nivel nacional y local, pues la prohibición de los ECOSIG se ha dado también en dieciocho estados de la república.

Se considera que el proceso consultivo para la elaboración de esta reforma involucró la solicitud de opiniones en espacios de retroalimentación, respaldado por una documentación básica que proporcionó una visión general para la toma de decisiones. Surgió de la labor conjunta de organizaciones sociales y civiles dedicadas a la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+. Se estableció un grupo diverso que representaba a personas afectadas e interesadas, con un enfoque interseccional. La relación entre el problema y la solución se fundamentó en información objetiva, aunque no se identificó un análisis de impacto presupuestal. La exposición de motivos y la redacción de los artículos mostraron coherencia y alineación. El régimen transitorio abordó la mayoría de los aspectos planteados. La propuesta resultante manejó contradicciones, integró puntos de vista diversos y se adaptó dinámicamente a los argumentos. Hubo respeto y apertura a diferentes perspectivas, aunque se observó poca autocrítica y orientación al consenso. La difusión en canales oficiales fue mayormente imparcial y accesible, aunque con aspectos mejorables en términos de transparencia.