Acceso a la justicia

• Enfoque interseccional en la impartición de justicia:

  • Vinculación con grupos históricamente discriminados.

  • Análisis del contexto social desde los poderes judiciales. 

• Cobertura en términos de acceso:

  • Procesos y procedimientos estandarizados.

  • Certificación de procesos.

  • División de procesos judiciales y administrativos.

  • Espacios de coordinación entre niveles (estatal, federal, y municipal).

• Capacidad de planeación estratégica:

  • Proyección de costos en base a la demanda de servicios.

  • Modelos de gestión de las relaciones humanas y laborales.

  • Normatividad interna y lineamientos transversales. 

  • Estructura orgánica flexible y adaptable.

Justicia abierta

• Política pública judicial:

  • Métodos participativos de diseño, seguimiento y mejora de la política pública judicial.

  • Estándares de datos abiertos para los poderes judiciales.

  • Desarrollo de tecnología e inteligencia informática para garantizar el acceso al conocimiento jurídico y facilitar el análisis de sentencias, jurisprudencia y precedentes.

  • Comunicación social asertiva de los procesos y resoluciones.

  • Espacios periódicos y estructurados de rendición de cuentas.

  • Audiencias públicas y orales en todos los procedimientos de impartición de justicia.

• Contraloría social de la impartición de justicia:

  • Participación de organizaciones, colectivos y la academia, en la evaluación de las resoluciones judiciales (observatorios ciudadanos) ligados a la evaluación del desempeño.

  • Alternativas a la participación ciudadana en la impartición de justicia (validación de resoluciones por parte de personas elegidas al azar, jurados, tribunales colegiados de jueces ciudadanos o escabinado y de carrera profesional). Espacios de contacto y pedagogía social.

Justicia humana

• Bienestar laboral integral de las personas operadoras:

  • Mecanismos de comunicación efectiva y horizontal para mejorar el flujo de información en los equipos de trabajo.

  • El clima y la cultura organizacional para generar un ambiente creativo, propositivo y libre de violencia (espacios seguros).

  • Esquemas de reconocimiento mediante incentivos claros y transparentes.

  • Negociación colectiva y capacidad de resolución de conflictos.

  • Recursos materiales, suministros e infraestructura que cumplan con estándares óptimos para la prestación de servicios. 

  • Respeto y valoración de las diferencias y diversidad en la composición de los equipos de trabajo.

  • Servicios de bienestar integral para garantizar la salud física y mental de las personas operadoras.

• Enfoque en la calidad de los servicios para mejorar la  experiencia de las personas usuarias:

  • Satisfacción de las personas usuarias considerando el tiempo invertido y los costos asociados, frente al resultado obtenido.

  • Profesionalismo, trato humano y cumplimiento de estándares.

  • Accesibilidad de instalaciones y la información (acceso universal).

  • Valor percibido en términos de reducción del conflicto social.

• Servicio profesional de carrera judicial:

  • Definición perfiles por competencia profesional.

  • Formación de capacidades.

  • Evaluación y certificación de competencias profesionales.

  • Evaluación del desempeño como base del desarrollo personal (crecimiento horizontal). 

  • Plan de vida profesional que garantice la estabilidad laboral.

Independencia judicial

• Equilibrio de poderes y espacios de colaboración.

  • Los poderes Legislativo, Ejecutivo y órganos autónomos como contrapeso a los poderes judiciales. 

    • Persecución penal de las personas juzgadoras. 

    • Designación o elección política de las personas juzgadoras.

    • El ciclo presupuestario de los poderes judiciales y discusión del presupuesto en el Poder Legislativo.

    • Cumplimiento de obligaciones de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

  • Herramientas y límites de los poderes judiciales como contrapeso democrático.

    • Accesibilidad del amparo y sus límites

    • Suspensiones con efectos generales

    • Acciones de inconstitucionalidad

    • Control de convencionalidad

• Mecanismos de control interno

  • Detección e investigación de malas prácticas.

  • Sustanciación de casos de corrupción.

    • Faltas administrativas

    • Casos penales

• Protección de la integridad de las personas juzgadoras ante amenazas, sobornos e intimidaciones.

  • Estrategias interinstitucionales de prevención

  • Sistema de evaluación de riesgos.

  • Capacidad de respuesta:

    • Sistema de solicitud de protección.

    • Protección personal y del entorno social de las personas operadoras frente a amenazas.

    • Capacidad para responder a campañas de desprestigio mediático de personas juzgadoras.

    • Investigación, persecución penal y sanción de actos que minen la independencia judicial.

  • Defensoría jurídica de las personas juzgadoras.