Segun el académico Leonardo Morlino (2008), la complejidad de las actuales democracias requiere un enfoque plural, por ello Borde Político en el proyecto de “Observación de la calidad de la información y socialización en medios digitales de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la elección presidencial de 2018”, busca una visión ciudadana de la calidad de las sentencias y la socialización, para fortalecer a dicha instancia mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación.

A través de un trabajo metodológico, se analizará la argumentación y forma en que los magistrados comunican sus decisiones por medio de los canales institucionales a su disposición. La observación será un análisis cualitativo y cuantitativo de sentencias relevantes de la Sala Superior del TEPJF desde las precampañas, campañas y proceso de impugnación de la elección presidencial 2018, se dará un enfoque especial a temas vinculados con publicidad y propaganda, por lo que una parte de las sentencias analizadas provendrán de la Sala Regional Especializada.

Debido a la alianza institucional realizada con la organización civil local PC29 Laguna, se analizarán también sentencias del estado de Coahuila. Esta organización coahuilense, fue parte del grupo de ciudadanas y ciudadanos que cuestionaron la decisión del TEPJF, con respecto a los gastos de Facebook efectuados por el candidato Miguel Riquelme, de la alianza liderada por el PRI, en la elección local de 2017.

Por otra parte, se realizará un seguimiento de la difusión de los asuntos que competen al Tribunal en las cuentas de redes sociales como Facebook y Twitter tanto del TEPJF, como de las magistradas y magistrados. Además se dará seguimiento a la información pública de oficio y los gastos publicados en su sitio web.

Lo anterior complementará desde una perspectiva ciudadana el análisis, y permitirá darle visibilidad a las sentencias desde los medios digitales con base en lo establecido en el artículo 31, numeral V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sobre la obligación de las instituciones de “coadyuvar en la elaboración, fomento y difusión entre los sujetos obligados de los criterios para la sistematización y conservación de archivos que permitan localizar eficientemente la información pública de acuerdo a la normatividad en la materia”; así como en lo establecido por el artículo 8 numeral VI de la misma Ley, que señala que “toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible”.

Morlino (2008), señala que para mejorar la calidad de la democracia es necesario potenciar la esfera pública a través de una actividad informativa y de discusión sobre las cuestiones políticas de relevancia colectiva. Proyectos como éste, buscan potenciar la máxima difusión de información y la recuperación de la confianza en las instituciones, a través de los medios digitales.

El TEPJF ha sido observado en otras ocasiones, a través del proyecto realizado por el Comité Conciudadano de Observación Electoral (CCOE) en el cual se enfocaron los esfuerzos para revisar la imparcialidad, independencia y la protección del interés público y ciudadano (Jusidman, 2012). Dicho proyecto es un precedente relevante que demuestra la importancia del seguimiento ciudadano a instancias electorales desde la lógica de los derechos fundamentales.

Como resultado de sus observaciones sobre la actuación del IFE y del TEPJF en el 2006 y 2012, el CCOE formuló una propuesta ciudadana de Reforma Electoral que fue utilizada como referencia para la reforma política de 2007-2008.

El CCOE se conformó de una red de 22 organizaciones de la sociedad civil que concluyeron que las decisiones del TEPJF en 2009 no contribuían a generar confianza en la ciudadanía, pues se encontró en sus actuaciones una conducta errática, al aplicar criterios distintos para asuntos de naturaleza similar y un intervencionismo exagerado, oneroso e ineficiente que redundó en aumentar la carga de trabajo del IFE al devolverle asuntos que podrían resolver directamente (Jusidman, 2009).

Adicionalmente, cuestionaron que el TEPJF en esas fechas de elecciones intermedias, había estado exento de un escrutinio público mayor y que la reciente reforma electoral aumentó su poder.

De acuerdo con el Índice Estado de Derecho del World Justice Proyect  2017-2018, México se encuentra en el lugar 92 de 113 países en el ranking global y en el lugar 105 en lo que se refiere a Justicia Criminal; es decir, los ciudadanos tienen una imagen de las instituciones de procuración de justicia que cuestiona la forma en que desempeñan su función, por lo que es muy importante acortar la brecha entre ciudadanos y órganos encargados de la impartición de justicia, para lo que es fundamental generar estrategias de comunicación y análisis de datos de las sentencias desde una perspectiva ciudadana (Ponce, 2017).

De acuerdo a sondeos del mismo TEPJF, Parametría y Latinoaberómetro, la credibilidad en las instituciones electorales en México y América Latina ha bajado de 2006 a la fecha; y según los académicos Mikel Barreda y Leticia Ruiz, el desempeño efectivo de estos organismos no garantiza la existencia de elecciones legítimas y de calidad, pero su rol suele ser más visible en las democracias emergentes, debido a las frecuentes debilidades de la administración electoral y los elevados niveles de desconfianza existentes entre los actores políticos (Barreda y Rodríguez, 2013).

Según el 2016/17 Americas Barometer, un estudio significativo que muestra elementos relevantes de la calidad de la democracia y la confianza en las instituciones en el subcontinente. De los 21 países analizados México se encuentra entre los niveles más bajos de confianza en las elecciones con 26% (lugar 17), muy por debajo del promedio de 39% y de países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia y El Salvador. Sólo por encima de Haiti, Brasil y Colombia (Cohen, Lupu y Zechmeister, 2017).

Dicho estudio muestra que se cree más en las elecciones en países como Venezuela o Nicaragua que en México, países que durante las actuales campañas en nuestro país ha sido denostados como malos ejemplos de democracia.

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La agencia Latinobarómetro informó que del 2006 al 2017 la confianza en tribunales (como el TEPJF) y las instancias electorales (como el INE), perdieron confianza de manera significativa en América Latina. Mientras en 2006 alcanzaban un 51% de confianza, en 2017 llegan a sólo 29%, el menor nivel registrado hasta la fecha. La corporación señaló que este dato es uno de los indicadores que muestra el deterioro de los procesos electorales en toda su magnitud.

Específicamente cuando la corporación preguntó sobre la confianza en el Tribunal Electoral, la información con la que se cuenta es de que en 2006 era del 51%, en 2007 del 40% y hasta 2010 del 43%. Una disminución del 8%, pero no se cuenta con estudios más recientes.

Otro estudio relevante es la encuesta nacional de SigmaDos México, solicitada por el mismo TEPJF, donde analiza confianza en instituciones, y concluye que de noviembre de 2015 a 2016, bajó casi un punto porcentual la confianza en dicha instancia, sólo superados por el INE, INAI y el Ejército. Aún así se encuentran en niveles de credibilidad más altos que la SCJN, la Fepade y el Senado (TEPJF, 2016).

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En dicha encuesta, ante la pregunta sobre la cercanía de los magistrados con los ciudadanos, un 63% contestó nada o poco, y el 61% cuestiona su honestidad. Esas evaluaciones aplican a los magistrados que dejaron su cargo en 2016, aún no se cuenta con las cifras más recientes.

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Otro momento relevante de las elecciones 2006 fue la calificación de la polémica elección presidencial donde se reconoció, por un margen muy estrecho, el triunfo  del panista Felipe Calderón, lo que dividió las opiniones y disminuyó la confianza de los ciudadanos sobre el TE.

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De acuerdo con la agencia Parametría (2006), el 46% de los encuestados estuvo muy de acuerdo con el recuento parcial de los votos para declarar válida la elección presidencial, mientras que el 48% hubiera preferido un recuento total.

Otro documento es el trabajo del académico Alejandro Díaz Domínguez, quien analizó al INE y al TEPJF sobre las razones por las que el Tribunal confirma o revoca las multas que impone el IFE (INE) a los partidos políticos mexicanos, como resultado de la revisión a sus ingresos y gastos de 1997 a 2010.

Entre sus principales conclusiones señala que aunque los magistrados confirman tres de cada cuatro multas, cuando revocan decisiones del INE se trata de temas visibles como gastos de campaña o cuando las élites políticamente relevantes son las que impugnan (Díaz, 2016).

La perspectiva de este proyecto de observación de Borde Político, A.C., coincide con el número 16 de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, que se centra en “la promoción de un acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles” (ONU, 2015).

Nota: Quiero agradecer a Mariana Niembro por haber confiado en el devenir de este proyecto que sin duda fortalecerá, no sólo la democracia representativa y procedimental, sino a las nuevas formas de construir democracia mediante la comunicación digital y la participación de usuarios en diversas plataformas.

*Profesor universitario y periodista. Coordinador del proyecto de Observación del TEPJF de Borde Político.

Referencias:

Barreda, M., Rodríguez, L. (2013)  La cadena causal de la confianza en los organismos electorales de América Latina: sus determinantes y su impacto sobre la calidad de la democracia. Revista de Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile, Vol. 33, núm. 3, 2013, pp. 649-673.

Cohen, M., Lupu, N. y Zechmeister. E. (2017). The Political Culture of Democracy in the Americas, 2016/17. A Comparative Study of Democracy and Governance. Program in Democracy and Governance of the United States Agency for International Development. Universidad de  Vanderbilt, Estados Unidos. https://www.vanderbilt.edu/lapop/ab2016/AB2016-17_Comparative_Report_English_V2_FINAL_090117_W.pdf

Díaz, A. (2016) El tribunal electoral y los gastos de los partidos políticos en México. Perfiles Latinoamericanos, 24(47) 2016 | pp. 69-94

Jusidman, C. (2009) Las cuentas de Tribunal Electoral. El Universal, Ciudad de México.  http://archivo.eluniversal.com.mx/editoriales/44253.html

Jusidman, C. (2012) El modelo del Comité Conciudadano de Observación Electoral (CCOE). Clarajusidman.com.mx. http://clarajusidman.com.mx/wp-content/uploads/2015/08/El-modelo-del-Comit%C3%83%C2%A9-Conciudadano.pdf

Latinobarómetro (2015)  La Confianza en América Latina 1995 – 2015.  20 años de opinión pública latinoamericana. Corporación Latinobarometro. Santiago de Chile
http://www.latinobarometro.org/LATDocs/F00005085-INFORME_LB_LA_CONFIANZA_1995_2015.pdf

Latinobarómetro (2017) Informe 2017, democracia en América Latina. Corporación Latinobarómetro. Buenos Aires, Argentina.

Morlino, L. (2008). Calidad democrática entre líderes y partidos. Colección Temas de la Democracia, Serie Conferencias Magistrales 16.  Primera edición. Instituto Federal Electoral, México.

ONU (2015) Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.  Organización de las Naciones Unidas, Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.

Parametría (2006)  El Tribunal Electoral pasó la prueba y aumentó la confianza en el IFE. Parametría, Ciudad de México. http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4032

Ponce, A. (2017) World Justice Project Rule of Law Index 2017–2018. World Justice Project https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP_ROLI_2017-18_Online-Edition_0.pdf

TEPJF (2016). Estudios de Opinión de Carácter Cuantitativo a Nivel Nacional. TEPJF. Cuarta medición – Noviembre 2016.

TEPJF (2017) Informe de Labores : 2016-2017 / Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. — Ciudad de México . Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Alejandro Cárdenas López*