Impulsa la apertura en instituciones de persecución penal, mediante la implementación de políticas de datos abiertos, diseño participativo de la política de persecución penal, bienestar laboral integral, reestructura normativa y reingenería de procesos; para generar instituciones más eficientes y humanas.
Como parte del modelo de Gobierno Abierto enfocado en mejorar la confianza ciudadana en las instituciones públicas por medio de la instrumentación de acciones de acceso accesibilidad de la información e instrumentos de rendición de cuentas, la Justicia Abierta tiene como objetivo mejorar el acceso a la justicia por medio de la participación ciudadana en procesos de diseño, seguimiento y evaluación de políticas de las instituciones de justicia. Para ello definimos un decálogo de 10 puntos esenciales:
Garantizan el derecho de acceso a la información que producen, poseen y resguardan, mediante mecanismos, sistemas, marcos normativos, procedimientos, plataformas, que permitan su acceso de manera simple, sencilla, oportuna, sin necesidad de justificar la solicitud.
Promueven la participación ciudadana en el diseño de las políticas públicas de las instituciones del sistema de seguridad y justicia; aplican mecanismos y herramientas que facilitan la supervisión de sus tareas por parte de la población, así como las acciones de control realizadas por sus contralorías internas y los demás organismos legalmente constituidos para ello.
Publican y difunden de manera proactiva la mayor cantidad de información relevante para las personas, utilizando formatos sencillos, mecanismos de búsqueda simples y bases de datos en línea con actualización periódica, sobre: datos estadísticos, fundamentaciones, agenda, criterios de priorización, así como los informes recibidos de actores externos a la institución.
Publican y divulgan información oportuna, detallada sobre la gestión, administración y gasto del presupuesto asignado a la institución, así como a los organismos que lo integran: presupuestos basados en resultados y estándares de contrataciones abiertas.
Requieren, resguardan y publican información detallada sobre los procesos de contratación, nombramiento, salarios, nivel del puesto, responsabilidades y desempeño individual.
Presentan la información normalizada y verificada que conforma un archivo histórico, accesible y abierto, en un lugar que se mantenga constante en el tiempo con una URL permanente y con números de identificación que permitan la trazabilidad de los procesos judiciales de inicio a fin.
Presentan la información con característica de datos abiertos, interactivos e históricos, utilizan software libre y código abierto y facilitan la descarga masiva de información en formatos de datos abiertos.
Aseguran que las instalaciones, las audiencias y reuniones sean accesibles y abiertas al público, promueven la transmisión en tiempo real de los procedimientos judiciales por canales de comunicación abiertos.
Regulan ordenan y transparentan las interacciones con privados, declaraciones de interés, procedimientos de contratación de personas y servicios. Cuentan con mecanismos para evitar conflictos de intereses y aseguran la conducta ética de las y los integrantes.
Aprueban implementan y evalúan políticas públicas de apertura y las institucionalizan en reglamentos, protocolos y planes de acción.
Unificar los sistemas institucionales para garantizar simultáneamente el máximo aprovechamiento de la información y la seguridad de la información.
Definir quién, cómo, cuándo y dónde puede generar, editar, administrar o consultar la información.
La política de manejo de datos abiertos y acceso a la información define los estándares, lineamientos, modelos y protocolos; que debe cumplir el personal de la Fiscalía en el ejercicio de sus funciones
Política general de seguridad y resguardo de la información:
La fiscalía propuso generar un instrumento normativo interno que permita abrir procesos administrativos relacionados con la falta de captura oportuna y de calidad por parte de las áreas que componen la institución, de tal manera que sea posible hacer vinculante el llenado de las bases de datos:
Se propone redactar y firmar como acuerdo del Fiscal General los Lineamientos de Manejo de Información que contendrán los siguientes capítulos:
Definición de datos de captura, características y tiempos de entrega
Captura de información, tiempos y sistemas
Administración de información
Consulta de información
Mantenimiento de sistemas informáticos
Proceso de entrega y recepción de usuarios y contraseñas
En conjunto con la fiscalía se propuso agregar una política de manejo de datos e información bajo estándares internacionales de datos abiertos que utilicen APIs (Application Program Interface) para consulta automatizada de bases de datos:
Estándar de diseño de bases de datos:
Independencia: capacidad de conectarse con otras bases de datos, aplicaciones y frameworks.
Redundancia: evitar la duplicación de datos e inconsistencias en la base.
Seguridad: métodos de control de los accesos y peticiones.
Claridad: diseño estructurado y mapeado.
Flexibilidad: para introducir archivos (vídeo, gráficos, archivos de imagen y texto, audio, configuraciones o relaciones entre los datos, numéricos, alfanuméricos).
Funcionalidad:
Estándares de calidad de los datos:
Disponibilidad: garantizar que los datos son fácilmente accesibles y manejables.
Oportunidad: se actualizan con una regularidad temporal definida y el intervalo de tiempo entre la recopilación y el procesamiento de los datos es el óptimo.
Usabilidad: los datos son relevantes y cumplen con estándares de datos abiertos
Confiabilidad: los datos son auditados regularmente
Funcionalidades para los sistemas
Crea y actualiza los perfiles de los usuarios en la plataforma por medio de su cuenta única personal.
Asigna el nivel de publicidad de la información que producen las unidades.
Aprueba la publicación oficial de toda la información en la Plataforma Fiscalía Abierta.
Capacidad para corregir datos para asegurar la consistencia de la información.
Capacidad para generar notificaciones a los titulares de las unidades
Aprueba la publicación interna de la información estadística.
Capacidad para corregir datos para asegurar la consistencia de la información.
Capacidad para generar notificaciones a los titulares de las unidades.
Aprueba la publicación interna de la información estadística.
Publicación de información en el portal interno.
Emitir peticiones de edición y corrección al Gestor de Información.
Funcionalidades para los sistemas de ciudadanos
Crea y actualiza los perfiles de los usuarios en la plataforma por medio de una cuenta única personal.
Aprueba la publicación oficial de toda la información en la Plataforma Fiscalía Abierta
Capacidad para corregir datos para asegurar la consistencia de la información.
Capacidad para generar notificaciones a los titulares de las unidades
Aprueba la publicación interna de la información estadística.
Capacidad para corregir datos para asegurar la consistencia de la información.
Capacidad para generar notificaciones a los titulares de las unidades.
Aprueba la publicación interna de la información estadística.:
publicación de información en el portal.
emitir peticiones acceso a la información.
1. Definir el enfoque, los alcances y el impacto esperado del PPP para encontrar los motivadores, el propósito, el objetivo general y los objetivos específicos, las métricas de éxito y los cambios necesarios en el comportamiento de la institución y los ciudadanos.
2. Analizar la información disponible en cuanto a procesamiento de casos (datos procesales), la información demográfica de la incidencia delictiva y la inversión de recursos humanos, materiales y económicos.
3. Diseñar indicadores, criterios de valoración de casos, plan de gobernanza de la información pública, plan de atención integral a las víctimas y los criterios de inversión de recursos.
4. Implementar el diseño del plan de seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan de Persecución Penal
5. Difundir los resultados del PPP y el impacto en la impunidad y los fenómenos delictivos.
El bienestar laboral integral y los procesos estandarizados son condiciones clave para fortalecer a las instituciones de persecución penal; reducen desgaste, ordenan responsabilidades, mejoran la coordinación y favorecen decisiones más consistentes, trazables y oportunas, con efectos directos en la calidad del servicio, la integridad institucional y el acceso a la justicia.
Esta encuesta es una herramienta de diagnóstico para identificar necesidades de bienestar laboral, vinculando condiciones de trabajo, desarrollo profesional y clima institucional con la transición hacia una Fiscalía humana donde las personas operadoras de la institución tienen cubiertas sus necesidades y por lo tanto adquieren la capacidad de prestar una atención de calidad a las personas usuarias.
Diagnostica bienestar integral mediante ocho secciones que exploran perfil, satisfacción laboral, equilibrio personal, comunicación, incentivos, condiciones materiales, capacitación y ambiente.
Relaciona el bienestar con productividad, retención de talento, calidad investigativa, ética profesional y reputación institucional dentro del proceso de transición.
Busca evidencia sobre cargas laborales, remuneración, horarios, prestaciones y estabilidad, para orientar decisiones de recursos humanos más justas internas.
Incluye preguntas sobre salud, tiempo personal, colaboración, liderazgo, inclusión y cultura organizacional, para detectar riesgos y oportunidades de mejora institucional.
Advierte tensiones metodológicas relevantes, como confidencialidad limitada, redacciones en revisión y sesgos potenciales en preguntas sensibles o ambiguas del instrumento.
Un diagnóstico de mapeo de procesos para sustentar la reingeniería institucional, identifica flujos estratégicos, modelos de gestión operativa y actividades de soporte, contrastando norma y práctica, y proponiendo bases para una, efectiva y mejor coordinada.
Clasifica procesos institucionales en estratégicos, operativos y de soporte, para entender cómo cada función contribuye al mandato fiscal.
Reconstruye procesos clave mediante entrevistas y grabaciones, incluyendo atención temprana, investigación, justicia restaurativa, feminicidios y atención de quejas institucionales prioritarias.
Compara la estructura formal del reglamento vigente con la operación real, revelando desajustes, áreas no previstas y duplicidades funcionales persistentes.
Analiza capacidades institucionales desde distribución de personal, perfiles y cargas, destacando concentración jerárquica y asignaciones poco coherentes con funciones sustantivas.
Identifica áreas de oportunidad normativas y operativas para mejorar coordinación, discrecionalidad regulada, uso de salidas alternas y autonomía institucional efectiva.
