COLECTIVO:
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MÉXICO Y SU IMPUNIDEMIA
Desde hace muchos años, México vive y padece de una IMPUNIDEMIA: su peor crisis de derechos humanos, corrupción, y violencia.
La cura contra esa, nuestra peor y más letal pandemia, se encontró desde hace varios años, cuando se decidió extinguir la enfermedad, la corrupta y colapsada Procuraduría General de la República (PGR) que tenía secuestrada la procuración de justicia como herramienta política de los gobiernos en turno, para crear una Fiscalía General de la República (FGR) autónoma, eficaz e independiente del poder político.
Sin embargo, la cura para la IMPUNIDEMIA no ha querido aplicarse. Ni el gobierno anterior, ni el actual, han tenido la 1 voluntad de cumplir lo más básico, que son las reglas dadas por el Congreso de la Unión para concretar la transición de la PGR a la FGR.
Para decirlo claro: el Fiscal General de la República lleva más de un año violando la ley que rige la institución que encabeza. Su propia ley.
En las últimas semanas, la extradición de Emilio Lozoya han puesto a la Fiscalía General de la República (FGR) y a su titular en el centro de la atención pública.
Fuera de ese caso de alto perfil, la actuación de Alejandro Gertz Manero ha sido opaca y distante de las víctimas y de la sociedad civil. La misma opacidad que rigió su designación por el Senado de la República, el 22 de enero de 2019, a pesar de las serias dudas sobre su independencia, dada la cercanía de Gertz con el Presidente de la República, quien desde el primer día de su gobierno lo nombró encargado del despacho de la PGR. Gertz pasó de titular de la PGR, a titular de la FGR. En otras palabras, a pesar de que el “pase automático” fue eliminado de la Constitución, Gertz termino siendo electo, tras un proceso de selección en el Senado que fue calificado por muchos como “una simulación” .
" la actuación de Alejandro Gertz Manero ha sido opaca y distante de las víctimas y de la sociedad civil"
"A 18 meses del nacimiento de la FGR, la Ley Orgánica ha sido incumplida"
La transformación de la PGR a la Fiscalía suponía algo mucho más profundo e importante que el nombramiento de su titular o de la solución de casos emblemáticos o mediáticos.
Durante el periodo de transición del nuevo gobierno, diversas organizaciones de la sociedad civil construyeron 2 las bases para combatir la impunidad e iniciar una nueva era en México –donde los políticos y las fuerzas de seguridad rinden cuentas de sus actos ilícitos y los ciudadanos/as confían en el sistema de justicia penal– a partir del diseño de la Ley Orgánica de la institución.
A 18 meses del nacimiento de la FGR, la Ley Orgánica ha sido incumplida, e incluso despreciada, por el propio Fiscal General, quien ha mantenido y ampliado la brecha con la ciudadanía, las víctimas del delito y las organizaciones de la sociedad civil que les acompañan.
La resistencia de reunirse con víctimas y organizaciones de la sociedad civil, a pesar de múltiples solicitudes, es una muestra clara y contundente del abismo entre la institución y la sociedad, que lamentablemente se ha materializado en el cierre de espacios para la participación ciudadana y la falta de rendición de cuentas ante un Senado de la República que tampoco ha estado a la altura para exigir al Fiscal el cumplimiento de postulados importantes de la Ley Orgánica, como en la integración del Consejo Ciudadano que no ha sido designado a la fecha; el nombramiento discrecional de las fiscales especializados en materia anticorrupción y derechos humanos (que las senadoras y senadores no objetaron); o en la elaboración del Plan de Persecución Penal sin participación de la sociedad civil (como lo estipula la ley).