Queda claro que para enjuiciar a quien sea, lo que se necesita es una investigación judicial; o varias. Y queda claro, también, que esas investigaciones no pueden estar sujetas a los caprichos de nadie. Si lo han estado –como también es claro que han estado–, es menos un problema del derecho en sí y más de la forma de ejercerlo. Antes, aclaro que esa discrecionalidad no es exclusiva de México, ni tampoco supone que la política contamine todo.
Desde la primera línea de defensa, se dice que la consulta tiene un alto contenido simbólico, y no del que se usa como sinónimo de insignificante, sino todo lo contrario: hablamos aquí del que construye los significados.
Nuestra vida cotidiana está plagada de actos simbólicos. Pagar con dinero, por ejemplo. Asignar un valor a un metal o a un pedazo de papel porque tiene los sellos y respaldo adecuado no tiene nada de lógico, así como tampoco lo tiene portar un plástico con una foto y que, a partir de eso, se puedan realizar trámites. Lo que hace del papel y el plástico documentos, es el significado atribuido y el reconocimiento al ente que lo expide.
El gobierno en turno tiene una forma particular de pensar en el derecho que se enarbola a partir de la narrativa de la justicia, que conecta con muchísima gente: la ley, su aplicación, es diferenciada; y siempre ganan los mismos. Desde luego, no les faltan motivos para sostener que así se legitima un buen número de fechorías.
El problema no es tanto la disputa sobre la legalidad. También, desde la primera línea se aclara que los procedimientos importan menos que las virtudes del ejercicio: pone sobre la mesa una discusión importantísima; es una forma de politizar a la sociedad.
Es, desde luego, una idea muy optimista. Y todo eso estaría bien, sino fuera por lo verdaderamente grave: la erosión del poder judicial.
En el proceso para que una consulta tenga validez, ya sabemos, es necesario el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el ministro ponente podría elaborar un proyecto que tomara en cuenta la sociología jurídica del ejercicio y sus virtudes simbólicas, si las hay, y reivindicar el derecho de construir la discusión pública en esferas más allá de las formales. Aun así, tendrá que echar abajo la consulta. No es una manera formalidad, ni se asemeja a los casos de países que han logrado, con relativa fortuna, llevar a tribunales internacionales a actores políticos pasados. Las diferencias son jurídicas, no pueden ser de otro tipo, aunque los efectos sean políticos también.
"El gobierno en turno tiene una forma particular de pensar en el derecho que se enarbola a partir de la narrativa de la justicia, que conecta con muchísima gente"
"para su narrativa, el derecho seguirá en propiedad de unos pocos, los mismos."
En aquellos casos, se trata de actos concretos: tortura, desaparición forzada. En el caso mexicano, no se habla de actos concretos, aunque podría haberlos, sino de la posibilidad general de llevarlos a juicio. La causa es lo de menos, al parecer. Judicialmente, es insostenible.
Y, entonces, la culpa volverá será de los jueces. No sé qué tanto le importe al presidente construir simbólicamente al poder judicial, pero, para su narrativa, el derecho seguirá en propiedad de unos pocos, los mismos. Políticamente, puede ser un golazo: el villano siempre es el otro; de preferencia los jueces. Creo que lo grave está ahí.