El problema no es tanto la disputa sobre la legalidad. También, desde la primera línea se aclara que los procedimientos importan menos que las virtudes del ejercicio: pone sobre la mesa una discusión importantísima; es una forma de politizar a la sociedad.
Es, desde luego, una idea muy optimista. Y todo eso estaría bien, sino fuera por lo verdaderamente grave: la erosión del poder judicial.
En el proceso para que una consulta tenga validez, ya sabemos, es necesario el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el ministro ponente podría elaborar un proyecto que tomara en cuenta la sociología jurídica del ejercicio y sus virtudes simbólicas, si las hay, y reivindicar el derecho de construir la discusión pública en esferas más allá de las formales. Aun así, tendrá que echar abajo la consulta. No es una manera formalidad, ni se asemeja a los casos de países que han logrado, con relativa fortuna, llevar a tribunales internacionales a actores políticos pasados. Las diferencias son jurídicas, no pueden ser de otro tipo, aunque los efectos sean políticos también.