La justicia que queremos:
10 necesidades 5 amenazas
27 de febrero de 2024
Si hay algo bueno que pueda salir ante la amenaza actual de destruir a un Poder del Estado, es aceptar la profunda necesidad que hay para reformarlo. Necesitamos que el Poder Judicial se consolide como un pilar fundamental del sistema de pesos y contrapesos que sostiene el Estado Democrático de Derecho. Que bueno que hoy lo volteamos a ver: es momento de aceptar la responsabilidad y generar un escenario propicio para la mejorar la impartición de justicia.
En este contexto, la transparencia, eficiencia y proximidad del sistema de justicia con las personas usuarias; no solo son características deseables, sino requisitos indispensables para garantizar un poder judicial que verdaderamente sirva al interés público y responda a las necesidades de la sociedad. Porque es muy popular destruir lo que no sirve, pero más allá de la tentación autoritaria, la mejor defensa está en aceptar que necesita un cambio y en generar un proceso participativo que le de sustento y contenido. La importancia de esta reforma radica en su capacidad para transformar estructuras obsoletas y prácticas enquistadas que, a lo largo del tiempo, han mermado la confianza ciudadana en las instituciones judiciales.
Debemos aceptar que tenemos un sistema de justicia profundamente discriminatorio e ineficiente y a partir de ello reflexionar ¿Cuál es la justicia que queremos? en este sentido proponemos al menos estos 5 temas a considerar:
- Justicia con enfoque interseccional, dedicada a mejora de la experiencia de las personas usuarias:
Necesitamos un sistema de justicia que reconozca y atienda las intersecciones de discriminación y vulnerabilidad que sostienen los sistemas de opresión existentes en nuestro país, como un antídoto contra estructuras ineficientes y discriminatorias.
- Mecanismos de participación para facilitar el diseño participativo en la política pública judicial
Necesitamos separar las funciones judiciales y administrativas para abrir paso al diseño participativo de las políticas públicas judiciales y procesos de planeación estratégica dirigidos a mejorar la calidad de los servicios de impartición de justicia, como medio para contrarrestar la opacidad y discrecionalidad que persisten en la administración del sistema de justicia y que permiten a los partidos políticos y otros actores de poder, influir o presionar alas personas juzgadoras para obtener beneficios.
- Procesos de designación de las personas juzgadoras basadas en la evaluación periódica de competencias
Necesitamos fortalecer el servicio profesional de carrera judicial para reducir la corrupción, aumentar la eficiencia y asegurar la imparcialidad de las personas juzgadoras. Además de construir mecanismos de participación ciudadana en el proceso de resolución judicial para garantizar la democratización de la justicia y aumentar el contacto de los poderes judiciales con la sociedad.
- Un sistema robusto de control interno que fortalezca la autonomía y permita detectar y reparar los abusos
Fortalecer la investigación y resolución de posibles delitos cometidos por personas juzgadoras; balanceado con un sistema integral de protección para salvaguardar su integridad, mantener su independencia y perseguir los ataques a su autonomía.
- Poderes judiciales que garanticen el acceso a la información y la rendición de cuentas
Necesitamos desarrollar una plataforma de datos abiertos para el análisis de sentencias y aprovechamiento masivo de jurisprudencia y precedentes; una herramienta para promover la transparencia y facilitar esquemas efectivos de rendición de cuentas para difundirlas en lenguaje ciudadano las resoluciones judiciales. Además es necesario garantizar la máxima publicidad de las audiencias y la oralidad en todos los rincones del sistema de justicia.
Las audiencias públicas en un sistemas de corte adversarial deben ser transparentes, accesibles y basarse en la oralidad. Deben permitir la contradicción, asegurar la inmediación, y enfocarse en la continuidad y concentración del proceso. Para lograrlo, es crucial el uso de tecnología para el acceso y registro y requiere la capacitación de las partes (jueces, fiscales y defensores).
En este sentido, debemos lograr una reforma integral que incluya mejorar el funcionamiento de los tribunales locales, que son las instituciones con mayor contacto con la ciudadanía y también las más débiles y susceptibles a la corrupción y cooptación política.
…aceptar que tenemos un sistema de justicia profundamente discriminatorio e ineficiente…
Tenemos, pues, mucho trabajo por delante; y, si queremos llegar a un mejor resultado, esta reforma debe partir de otro lado y para ello consideramos necesario aprovechar esta oportunidad para emprender un proceso nacional de participación social que no deje a nadie afuera, que incorpore a las distintas voces que desde diversos contextos, que integre a aquellas personas que llevan decenas de años pidiendo justicia, aquellas que han sido históricamente discriminadas.
Si los poderes judiciales se cierran a el cambio, si se apuesta por defenderlos y dejarlos como están, si no entendemos que las reformas legislativas promovidas actualmente son una llamada de atención, son políticamente rentables y permitimos a los oportunistas imponer la agenda de cambio; estaremos firmando una sentencia que tarde o temprano implica la caída de este pilar del Estado Democrático de Derecho.