Introducción
Se trata de una serie de reformas bajo las cuales se establece el derecho a la movilidad en la Constitución, se expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y se crea un marco adaptable a diferentes contextos locales en México.
Proceso legislativo
Después de un proceso legislativo que inició en 2018, en diciembre de 2020, el Congreso de la Unión reformó los artículos 4º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Por primera vez, se reconocía la movilidad como un derecho humano, sujeto a garantías de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Además, se facultó al Congreso para expedir leyes en materia de movilidad y seguridad vial.
Posteriormente, el 14 de ciembre del 2021, en el Senado de la República se aprobó el Dictamen de las Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad, y de Estudios Legislativos, Segunda, que contiene proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y se remitió a la Cámara de Diputados. Ahí, fue turnada a las Comisiones de Movilidad para su dictaminación, y de Comunicaciones y Transportes para opinión. El 24 de marzo el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen. Finalmente, el 17 de mayo del 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Esta legislación establece principios fundamentales de movilidad y seguridad vial, definiendo políticas públicas, un Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, y plataformas de datos para respaldar su implementación. Se introducen herramientas como criterios para infraestructura, regulación del tránsito, obtención de licencias, y estándares de seguridad vehicular. La ley aborda la sostenibilidad financiera, distribuye competencias entre niveles de gobierno, promueve la coordinación interinstitucional y establece responsabilidades para los servidores públicos. Además, propone convenios metropolitanos para el diseño integral de ciudades y contempla un régimen transitorio para una implementación gradual.
Relevancia pública del tema
Al momento de su aprobación, la ley tuvo presencia en la opinión pública, aunque no fue el tema dominante. Si bien no dominaron el debate público nacional, la importancia de las reformas fue reconocida por su impacto en la seguridad, la infraestructura y el desarrollo territorial, aspectos críticos para el bienestar de la población.
No obstante la profundidad del problema diagnosticado en las exposiciones de motivos de este conjunto de reformas, la seguridad vial y la movilidad no son las mayores preocupaciones de la población en México. Encuestas indican que los problemas que más preocupan son el crimen y la violencia, el desempleo, la inflación, la pobreza y la corrupción. Estos resultados sugieren que, mientras la movilidad y seguridad vial son importantes, no se encuentran entre las cinco principales preocupaciones de la población a nivel nacional, lo que podría reflejar un interés más específico o limitado a grupos especializados en el tema. Sin embargo, independientemente del posicionamiento en la opinión pública del tema, la movilidad se considera un problema de interés significativo para gran parte de la población ya que ésta invierte en promedio cerca de 88 minutos diarios en transporte y el 30% invierte más de dos horas.
En conclusión, este conjunto de reformas marcan un cambio significativo en la manera en que México aborda la planificación de la movilidad en condiciones de seguridad. Al definir la movilidad no sólo como un servicio, sino como un derecho con énfasis en la accesibilidad y la sustentabilidad, de esta forma, la normativa promueve una transformación profunda en la estructura social y política; ya que implica un nuevo marco de referencia para la toma de decisiones públicas en materia de desarrollo territorial.
Consideraciones sobre la calidad del proceso legislativo
El proceso legislativo incluyó la aplicación de metodologías de parlamento abierto, la documentación, el debate y la comunicación de los diferentes puntos de vista. Por lo que a continuación se evalúa el nivel de apertura, la transparencia y la participación efectiva, así como la calidad técnica en la redacción y estructuración de la propuesta legislativa.
Se aplicaron metodologías de participación activa de amplios grupos de la población interesada o afectada. En este sentido, se realizó una convocatoria abierta durante el “Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad“. Vale la pena detallar que no fue una convocatoria con enfoque interseccional pero se prioriza su participación paritaria y diversa que además incluía a personas discapacitadas. La metodología de participación fué previamente diseñada y compartida con las personas participantes y la información resultante fué debidamente sistematizada y analizada. De esta forma se promovió la participación población de la población en decisiones clave durante todas las etapas del proceso.
El proceso legislativo de la reforma fue documentado de manera exhaustiva y detallada. Se llevaron a cabo numerosas mesas de trabajo y foros regionales, con participación activa de diversos sectores, incluyendo gobierno, sociedad civil, sector privado y personas operadoras de diversas instituciones públicas relacionadas con el tema. Esta metodología permitió recopilar y sistematizar ampliamente las necesidades y propuestas, asegurando un proceso transparente y bien fundamentado.
Se documentó el proceso legislativo desde el desarrollo de la convocatoria, la metodología, la evidencia de talleres, las bases de datos que resultan de las entrevistas y encuestas realizadas. por lo que se considera fue exhaustiva y detallada sobre el diseño, implementación y análisis de convocatorias, metodología, talleres, bases de datos y criterios de valoración y priorización de soluciones.
Si bién el ejercicio no implicó un un proceso de consulta pública los talleres de participación regionales que involucran a organizaciones, activistas, funcionarios públicos de la mayoría de los estados de México.
En este conjunto de reformas se define el problema público, sus causas, efectos y los factores que contribuyen a su persistencia. Esto permite entender las necesidades de grupos afectados por diversos sistemas de opresión. La información detalla de manera exhaustiva el problema de la movilidad urbana en México, abordando sus causas (crecimiento desproporcionado del parque vehicular, diseño urbano centrado en automóviles), efectos (altos costos de transporte, siniestros viales, emisiones de gases de efecto invernadero) y factores de persistencia (políticas públicas inadecuadas, falta de conciencia pública). Además, se destaca cómo estos problemas afectan desproporcionadamente a grupos vulnerables, como habitantes de zonas remotas y poblaciones de bajos ingresos, evidenciando la necesidad de abordar la opresión sistémica.
Los dictámenes analizados ofrecen una serie de medidas y estrategias en respuesta a los problemas identificados en la movilidad y seguridad vial. Se observa un enfoque integral que abarca desde la gestión de la demanda de movilidad hasta la implementación de políticas y programas específicos para mejorar la movilidad y la seguridad vial. Las estrategias propuestas incluyen regulación del flujo de vehículos, gestión de zonas de alta demanda, implementación de sistemas de control vial, y medidas de sensibilización, educación y formación en la materia. Además, se contemplan aspectos financieros y de infraestructura, así como la participación de diversos niveles de gobierno y de la sociedad en la formulación y ejecución de estas políticas.
En conjunto este análisis presenta respuestas directas a los desafíos identificados, como el diseño urbano centrado en el automóvil, el crecimiento desproporcionado del parque vehicular, y los altos costos de transporte para zonas remotas, entre otros. Por lo tanto, se evidencia la generación de alternativas de solución que están directamente relacionadas con el problema público y que están justificadas en función de las necesidades planteadas en el diagnóstico del problema. De esta forma, las reformas planteadas, definen una relación causal entre el problema de la movilidad urbana y las soluciones propuestas se establece claramente con base en evidencia objetiva.
De acuerdo a la dictaminación, se contemplan esquemas de presupuestación generales, pero no se detalla una proyección presupuestal de costos a largo plazo ni se consideran los pasivos y recursos necesarios en ese horizonte temporal. Se esbozan reglas generales de operación y esquemas de monitoreo y evaluación generales pero no se detallan de forma específica que permita medir el impacto final, los avances parciales y la inversión puntual en tiempo real. Si bien la ley está alineada con el objetivo y esto contribuye al bienestar y la consecución de los objetivos estratégicos a largo plazo y en cambio su implementación plantea evidentes retos de financiamiento u un impacto no calculado en diversos mercados.
Existe coherencia entre la exposición de motivos y la redacción de los artículos de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. La exposición de motivos aborda problemas de movilidad y seguridad vial a nivel nacional e internacional, y establece la necesidad de una legislación integral en estas materias. Esta visión se refleja en los artículos, que proponen medidas específicas y detalladas para abordar estos problemas.
Respecto a los artículos transitorios, cada uno define esquemas de implementación relacionados con los cambios propuestos en la ley. Estos artículos transitorios establecen plazos y responsabilidades específicas para la implementación de las diversas disposiciones de la ley, asegurando así una transición ordenada y efectiva hacia las nuevas normativas y estructuras en materia de movilidad y seguridad vial.
En conclusión, el dictamen demuestra una alineación y coherencia lógica entre los motivos, los artículos sustantivos, y los artículos transitorios, lo que refleja una planificación y consideración cuidadosa en la elaboración de la ley.
El dictamen de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial refleja una integración efectiva de diversas iniciativas y puntos de vista. En las secciones de antecedentes y consideraciones, se evidencia un proceso colaborativo y un análisis profundo de distintas propuestas. Se abordan temas como la seguridad vial, la movilidad urbana, y la accesibilidad, con un enfoque inclusivo y basado en evidencia y datos de calidad.
Este enfoque integrador maneja las contradicciones de manera efectiva, incorporando diferentes perspectivas en un marco de coherencia legislativa. La participación de senadoras y diputadas de diversos grupos parlamentarios, así como la inclusión de organizaciones y expertos en un proceso de co-creación, refuerza la validez y pertinencia del dictamen. La discusión, caracterizada por el respeto y la apertura a distintas perspectivas, enfatiza la autocrítica y se orienta hacia soluciones consensuadas, asegurando que el dictamen aborde las necesidades y desafíos actuales en materia de movilidad y seguridad vial.
En cuanto a los esfuerzos de comunicación a lo largo de los dos años que implicaron la implementación del el proceso nacional de armonización, la reforma constitucional y la dictaminación; se comunicó de forma eficiente, posicionando la propuesta en la opinión pública en los diversos estados, esto pese a que fué limitada la publicidad en medios generada por parte de las instituciones públicas.
El análisis del “Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad” revela que, aunque se basó en datos y evidencia verificables y accesibles, la complejidad técnica de las fuentes pudo limitar en alguna medida la comprensión y participación de la sociedad en general; lo que finalmente define un área de oportunidad importante a mejorar en el proceso legislativo. Es relevante señalar que en cambio desde la Coalición Movilidad Segura, que integra diversas organizaciones, personas, especialistas y profesionales de movilidad y seguridad vial se realizó una campaña con gran alcance que logró posicionar en medios y en la agenda pública la discusión.
A pesar de estas limitaciones en materia de comunicación, la participación social durante todo el proceso fue amplia en la mayoría de las regiones, con la integración activa de grupos de interés, expertos y activistas de todos los estados. Este proceso se caracterizó por una toma de decisiones descentralizada, permitiendo contextualizar las propuestas de solución y asegurando la adaptabilidad de las reformas. La discusión se mantuvo abierta y respetuosa, permitiendo la autocrítica y orientándose hacia soluciones consensuadas. La integración efectiva de diferentes perspectivas y la negociación de las contradicciones destacan como elementos clave en el éxito del proceso.
Conclusión: balance de derechos
A continuación, resaltamos los siguientes aspectos que apuntan a que esta legislación amplía la esfera de derechos actuales en los siguientes ámbitos:
a) Derechos individuales, sociales, culturales y colectivos
Reconoce nuevos derechos al definir a la movilidad en condiciones de seguridad como un derecho humano en la constitución, permite a cada Estado legislar en la materia y genera criterios de armonización normativa.
Comprueba la relación causal entre el cambio y la necesidad.Este conjunto de reformas justifica la necesidad legislativa del cambio al comprobar la relación causal entre el problema y la solución; pues de acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal del INEGI que indican un crecimiento desproporcionado del parque vehicular, un alto gasto en transporte, y un transporte público deficiente; sumado a una alto índice de siniestros viales y su impacto en muertes, lesiones y discapacidades. Es patente la urgencia de mejorar la seguridad vial, especialmente entre los sectores más vulnerables como niños y jóvenes. Los datos de la OMS sobre el alcohol y la conducción, así como los análisis sobre la expansión urbana y el uso del automóvil, enfatizan la necesidad de un enfoque integral en la legislación de movilidad y seguridad vial que aborde estos problemas sistémicos.
Genera un marco de referencia flexible que se adapta a los distintos contextos y capacidades institucionales.
Además este conjunto de reformas nos permiten instrumentar los tratados internacionales en materia de movilidad de los que México es parte.
b) Derecho de acceso a la información y protección de datos personales con enfoque de Estado abierto
Considera mecanismos que facilitan el cumplimiento activo y proactivo de estas medidas.
Comprueba la necesidad de apertura y manejo de datos personales para sostener procesos de evaluación y mejora.
Considera los sistemas de opresión existentes y se enfoca en acotarlos (brecha digital).
c) Derecho a un medioambiente sano
8. Dada su relevancia en el contexto internacional, se profundiza en aquellas disposiciones de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible sobre movilidad y seguridad vial; en particular porque busca orientar esfuerzos hacia el desarrollo sostenible en las dimensiones económica, social y ambiental.
