Mapa Normativo de Seguridad y Justicia

Mapa normativo de Seguridad y Justicia

Para hacer justicia hace falta voluntad, pero sobretodo organización y una visión sistémica de las instituciones de seguridad y justicia para identificar las necesidades normativas y operativas que potencien su funcionamiento. Definir las relaciones entre ellas y las áreas de oportunidad para mejorar dichas relaciones. Es un proyecto siempre en proceso que nos permite visualizar la diversidad las propuestas provenientes de la academia, las personas operadores de las instituciones, de organizaciones sociales, los colectivos de víctimas e instituciones de defensa de los derechos humanos.

Objetivos específicos:

Definición de las relaciones entre instituciones y flujos de procesos.
Identificación de las necesidades normativas para fortalecer nuestro sistema de justicia.
Integrar los esfuerzos de la cooperación internacional, las organizaciones sociales y la academia; con las necesidades de las instituciones de seguridad y justicia, los operadores de policías, fiscalías, defensorías y tribunales y el sistema penitenciario.

Instituciones que atienden las causas sociodemográficas del delito y de disuasión, vigilancia, atención de denuncias y participación ciudadana e investigación proactiva de fenómenos criminales.

Instituciones encaminadas a garantizar el acceso a la justicia para víctimas e imputados; de investigación de delitos, de persecución penal, de defensa pública, asesoría de víctimas y sustanciadoras (poderes judiciales y justicia cívica).

Instituciones con la responsabilidad de aplicar las resoluciones judiciales: medidas cautelares, reinserción social, sistema penitenciario y trabajo en favor de la comunidad.

PREVENCIÓN

Las principales propuestas en esta sección del mapa nos hablan de la necesidad de:

Articular las accione entre las instituciones de seguridad pública y aquellas encargadas de atender las causas socio-demográficas del delito. Eso con la finalidad de que las políticas y programas tengan acciones e indicadores compartidos.
Borrar los límites entre la prevención y la investigación del delito; con la finalidad de expandir la capacidad del Estado de investigar y recibir denuncias.
Fortalecer el instituto nacional de ciencias penales para mejorar la calidad e independencia de las áreas forenses y periciales.
Cuerpos de seguridad civil enfocados en conocer a las personas y resolver problemas.

INVESTIGACIÓN

Para expandir la capacidad de investigar esta sección del mapa nos hablan de la necesidad de:

Acciones para recuperar a la policía, profesionalizarla y generar entornos seguros para las mujeres policía.
Nuevas facultades de investigación a policías e instituciones especializadas.
Eliminar el monopolio de la investigación y la recepción de denuncias del ministerio público.
Definir con claridad las competencias de las instituciones encargadas de perseguir los diferentes tipos de delito e integrarlas de forma sistémica.
Eliminar la puesta a disposición en el ministerio público para reducir la tortura y la corrupción; y en cambio sea directamente ante el juez de control.
Fortalecer a los órganos internos de control, garantizar su independencia para que investiguen faltas administrativas graves.

PERSECUSIÓN -DEFENSA

Para reducir la carga de trabajo de las fiscalías y que se concentren en litigar los casos que más afectan a la sociedad; se necesita:

Enfocar a las fiscalías en la persecución penal, reducir la carga del trabajo del MP, asegurar su independencia y sustentabilidad económica.
Asegurar la autonomía de la "función fiscal" que ejerce cada ministerio público.
Reforzar la protección de nuestros derechos fortaleciendo los controles judiciales de la investigación y los mecanismos alternativos.
Fortalecer a la defensoría pública para asegurar su autonomía técnica, de gestión y de definición de su presupuesto.

PODER JUDICIAL

Para que las desiciones que afectan la vida de las personas se tomen de forma transparente es necesario:

Una justicia más cercana y menos punitiva: juzgados cívicos en cada municipio enfocados en restituir la convivencia cotidiana.
Mayores controles judiciales para que se respeten los derechos de las personas investigadas pero se agilicen los procesos de investigación.
Mecanismos diferentes a la prisión para hacer justicia restaurativa y priorizar la reparación del daño con un robusto sistema de trabajo en favor de la comunidad.
Adecuaciones al juicio de amparo para armonizarlo con el sistema penal acusatorio.
Eliminar la prisión preventiva para que los jueces puedan decidir las medidas cautelares óptimas en cada caso.
Que exista control judicial en los mecanismos alternativos de solución de controversias.
Eliminar la vinculación a proceso para concentrar el juicio en la audiencia.
Que el control de detención, la calificación de la detención y la puesta a disposición sea en cede judicial.

EJECUCIÓN PENAL

Para garantizar las condiciones idóneas de las personas detenidas y los guardias:

Mecanismos diferentes a la prisión para hacer justicia restaurativa y priorizar la reparación del daño con un robusto sistema de trabajo en favor de la comunidad.
Fortalecer la figura del juez de ejecución y permitirle conmutar penas en caso de que el estado no asegure los derechos de las personas detenidas.
Sustituir el concepto de readaptación por un sistema de seguimiento y reincerción.
Fortalecer los órganos de control interno del sistema penitenciario para acotar la corrupción y sancionarla.
Generar un servicio profesional de carrera de guardias del sistema penitenciario, para asegurar sus derechos y mejorar sus condiciones laborales.

SECRETARÍA DE JUSTICIA

Para coordinar las acciones de n enorme conjunto de instituciones de seguridad y justicia es necesario:

Que exista un organismo encargado planear y publicar la política criminal.
Servicio profesional de carrera, escuela de altos mandos y certificación obligatoria para toda persona involucrada en el proceso penal.
Un consejo ciudadano de apoyo para el diseño de la política criminal del estado mexicano.
Diseñar y mantener la plataforma nacional de inteligencia / investigación que asegure la interoperabilidad y trazabilidad de la información de todas las instituciones que intervienen en el sistema penal en los tres niveles de gobierno.
Un sistema nacional de datos abiertos.
Un sistema de indicadores de desempeño de las instituciones y las personas operadoras.

Metodología de diseño del mapa normativo de seguridad y justicia

El mapa normativo, surge de un ejercicio ciudadano de parlamento abierto, mas que una propuesta terminada es un cúmulo de iniciativas ciudadanas que busca abrir la discusión y detonar un proceso de revisión de los sistemas de seguridad y justicia. Está basado en evidencia y datos aportados por decenas de personas, instituciones y organizaciones. Tiene como objetivo apoyar a los legisladores a tomar mejores desiciones.