Movilidad y seguridad vial

Desde 2019 el equipo de BORDE colaboró en la implementación de metodologías de co-creación a lo largo del Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de movilidad, mismo que concluye con un nutrido grupo de reformas a nivel local y que desencadena la aprobación de la reforma constitucional que eleva a rango constitucional el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. De esta reforma se desprende la necesidad de redactar la Ley General de Movilidad y seguridad vial que promete ser el punto de partida para un nuevo proceso de armonización e implementación a nivel nacional.

Pirámide de la movilidad

Este esquema es el centro de esta reforma y conceptualiza la orientación de las políticas públicas y la planificación urbana, promoviendo los modos de transporte en la parte superior de la pirámide y buscando reducir la dependencia de los vehículos privados. Esta jerarquización ayuda a las ciudades a desarrollar estrategias de movilidad más eficientes y sostenibles, alineadas con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mejora de la calidad del aire y promoción de estilos de vida más sustentables. Estas son algunas de las ventajas que se desprenden de su implementación:

Sostenibilidad ambiental enfatiza preservar el medio ambiente y reducir la huella ecológica del transporte.
Salud pública y bienestar promueven actividad física y reducción de contaminación para mejorar la salud.
Equidad social y accesibilidad buscan igual acceso a transporte para todas las personas, enfocándose en transporte público.
Eficiencia y uso del espacio urbano priorizan modos de transporte que minimizan espacio y congestión.
Economía y costo-efectividad evalúan la relación costo-beneficio de modos de transporte, favoreciendo opciones sostenibles.
Cambio de comportamiento y cultura implican educar y sensibilizar sobre beneficios de transporte sostenible.
Planificación y diseño urbano promueven ciudades que integren transporte público y no motorizado eficientemente.
Interconexión y multimodalidad enfatizan integración de modos de transporte para transiciones eficiente.

Enfoque sistémico

La movilidad como parte de los instrumentos de ordenamiento territorial, se relaciona íntimamente con el ordenamiento de la vivienda, los espacios productivos (fábricas, oficinas, comercios), con el espacio público y el medio ambiente. Diseñar cuerpos normativos que integren un enfoque sistémico implica integrar a todas las instituciones, organizaciones y personas que pertenecen a cada subsistema, en los tres niveles de gobierno y tomando en cuenta las cuatro capas transversales del entorno humano:

Artículo 4. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
Artículo 73. XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, así como en materia de movilidad y seguridad vial;

Reforma constitucional

Modifica cuatro artículos de la constitución

En el artículo. 115. se faculta a los municipios para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial. Además se define la necesidad de coordinación entre municipios que integran zonas metropolitanas.
Artículo. 122 mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el Congreso de la Unión. Para la eficaz coordinación se establecerá las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en materia de asentamientos humanos; movilidad y seguridad vial; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y seguridad pública.

10 puntos de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial:

Se definen principios de movilidad y seguridad vial como la base conceptual que profundiza en la descripción del derecho a la movilidad.
Se establece la Política Pública, la política sectorial y el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial; como elemento transversal para la implementación e instrumentación de la ley.
Se plantean las plataformas nacional y estatales de datos de Movilidad y Seguridad Vial, la interoperabilidad de la información y los registros existentes que la integran. Esto con el fin de generar insumos para el diseño de la Política Pública.
Se definen instrumentos o herramientas para hacer útil esta ley, como criterios para el diseño de la infraestructura, la red vial, los espacios públicos de diseño universal, los servicio de transporte, sistemas integrados y gestión de la demanda.
Se establecen estándares generales de regulación de tránsito, dispositivos de diseño, control y seguridad del tránsito, obtención de las licencias, seguro obligatorio, condiciones mínimas para las víctimas de siniestros viales y sus familias, registro e información de la atención médica prehospitalaria, estándares de seguridad de los vehículos nuevos y estacionamiento en vía pública.
Se establecen esquemas de sostenibilidad financiera y se prioriza el financiamiento para responder directamente los principios y apostar por políticas públicas de avanzada.

Se establece la distribución de Competencias y Coordinación interinstitucional en los tres niveles de gobierno; para asegurar la integración del sistema y evitar generar nuevas estructuras caras y burocráticas. Se plantea que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, sea la cabeza del sector.
Se establece el marco para generar convenios de coordinación y colaboración metropolitanos; para promover el diseño integral de nuestra ciudades.
Se define la responsabilidad de las y los servidores públicos y esquemas de contraloría y vigilancia social: para asegurar el cumplimiento de la ley.
Finalmente se propone un régimen transitorio que permita la implementación gradual y realista de la iniciativa.

Proceso nacional de armonización normativa

Armonizar el marco jurídico para para dar cumplimiento a las obligaciones jurídicas, nacionales e internacionales en materia de movilidad.
Mas que homologación de legislaciones se refiere al reconocimiento de las necesidades normativas en realidades diversas
Es un esfuerzo conjunto del gobierno mexicano y la cooperación internacional (Agencia de cooperación alemana) y la sociedad civil.
Es un Diagnóstico de análisis e investigación que tiene el objetivo identificar los elementos fundamentales de la movilidad, así como las facultades jurídicas que deben ser atendidas por los diversos órdenes de gobierno.
Parte de la relación entre la movilidad y tres pilares fundamentales: derechos humanos, cambio climático y participación ciudadana.