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Titi
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Reformas Electorales:
el "Plan B"

PUNTOS
10

¿Qué cambia?

Durante los años 2022 y 2023 se presentaron propuestas legislativas importantes en materia electoral. La primera de ellas, conocida como el “Plan A”, era una propuesta de reforma constitucional que se presentó en la Cámara de Diputados y que finalmente fue rechazada al no contar con los votos necesarios para una reforma a la Constitución (es decir, las dos terceras partes de los legisladores que se encuentran presentes en el pleno al momento de la votación) y fue desechada en esa cámara de origen. El mismo día de la votación del Plan A, una vez que este fuera descartado, en la Cámara de Diputados se presentó una propuesta de reformas a leyes secundarias conocido como el “Plan B”.

 

De manera concreta, el Plan B se integró por dos paquetes de reformas: el primero incluyó cambios en la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mientras que el segundo afectó a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

 Mediante estas reformas a leyes menores se realizarían cambios sustantivos en el sistema electoral mexicano, sin necesidad de modificar la Constitución y, por lo tanto, sin necesidad de negociar con la oposición los votos necesarios para lograr las dos terceras partes requeridas para una reforma constitucional (pues para reformar leyes secundarias basta el voto de la mitad más uno).

 

El “Plan B” fue aprobado por los grupos parlamentarios mayoritarios. No obstante, ambos decretos fueron invalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a violaciones en el procedimiento legislativo, como la presentación de iniciativas del Plan B sin publicación previa, clasificación injustificada de estas como urgentes, y su aprobación apresurada. Además, se señaló que la Cámara de Diputados y el Senado modificaron indebidamente artículos ya aprobados, y las Comisiones Unidas del Senado no cumplieron con las reglas de votación. La Corte enfatizó la importancia del proceso legislativo para garantizar la participación equitativa y respetar los principios democráticos. La anulación del decreto restaura la vigencia de las normas con su texto previo al 2 de marzo de 2023. 

¿En qué te afecta?

Entre las implicaciones sociales y políticas de la legislación (a pesar de algunos aspectos que podrían resultar benéficos, como implementar el voto electrónico e incorporar facilidades para el voto de los mexicanos en el extranjero, en prisión o con discapacidad) podemos mencionar riesgos significativos al reducir la capacidad de las autoridades electorales para organizar y supervisar elecciones. Este debilitamiento podría traducirse desde inconvenientes logísticos durante los procesos electorales (como largas filas y confusión en los centros de votación), así como en un aumento del riesgo de prácticas como el fraude, la manipulación, la intimidación y la violencia durante los procesos electorales. Todo ello, afectando la legitimidad de los resultados, desincentivando la participación cívica y aumentando la posibilidad de inestabilidad política en el país.

Justificación

Para proponer las reformas se argumentó que contribuirían a disminuir los costos de las elecciones y establecer el principio de austeridad, además de que buscarían implementar procedimientos “modernos” para erradicar malas prácticas electorales y fraudes. 

Dictamen de la Cámara de Diputados (paquete 1)
Dictamen de la Cámara de Diputados (paquete 2)
Dictamen de la Cámara de Senadores (paquete 1)
Dictamen de la Cámara de Senadores (paquete 2)
Publicación en el DOF (paquete 1)
Publicación en el DOF (paquete 2)
Artículo sobre la evaluación

¿Ganas o pierdes derechos?

puntos
10

Argumentos de evaluación

  1. Representa una vulneración del proceso legislativo y riesgo de inestabilidad a nivel local debido a la centralización de funciones electorales. Además, violaba el proceso legislativo constitucional y generaba incertidumbre.
  2. La reforma vulneraba los derechos laborales de los trabajadores de las instituciones electorales, generando preocupaciones sobre las condiciones laborales y su impacto en los procesos electorales.
  3. Esta propuesta abría la posibilidad de actos de proselitismo por parte de personas servidoras públicas, distorsionando la equidad en las contiendas electorales y planteando un riesgo de uso indebido de recursos públicos para promoción política, en lugar de destinarlos al bien común.
  4. Preocupaciones en materia de paridad y acciones afirmativas, pues aunque se planteaba una cuota obligatoria para nominar candidaturas de grupos minoritarios, los criterios carecían de claridad.
  5. Generó dudas sobre el resguardo de datos personales en instalaciones controladas por actores políticos y gubernamentales adicionales al INE, lo que podría comprometer los derechos de protección de datos personales.
  6. Opacidad presupuestaria y falta de justificación: Aunque la justificación principal era la reducción de costos, eliminación de dependencias y la independencia de las autoridades respecto a los partidos, no se presentaron pruebas claras de que los recortes no comprometerían las elecciones ni se evidenció cómo los cambios propuestos resultarían en una disminución real del presupuesto.

¿Qué tan relevante es para tu vida?

de 100%
0 %

Argumentos de evaluación

Esta propuesta quedó sin efectos porque la Suprema Corte de Justicia la declaró inconstitucional. Sin embargo, podemos destacar algunos elementos sobre su relevancia:

 

  1. En un contexto histórico donde las elecciones han inspirado desconfianza entre la población mexicana, tomó décadas alcanzar el nivel de operatividad y cobertura que el INE tiene ahora. La propuesta implicaba una reforma drástica que planteaba serias dudas sobre si realmente resultaría en una mejora y no en un retroceso.
  2. La legislación se prestaba a ambigüedad sobre actos de proselitismo y no quedaba claro cómo se evitaría el mal uso (o desviación) de recursos públicos por parte de servidores públicos para beneficiar a ciertos candidatos del gobierno por encima de otros.
  3. La falta de operatividad electoral se vería reflejada sobre todo a nivel local, por lo que sería especialmente susceptible a un aumento de la violencia y de la inestabilidad política durante las coyunturas electorales.
  4. El criterio de paridad y otras acciones afirmativas a favor de candidatos de grupos minoritarios se verían afectados, ya que los criterios para estas postulaciones eran poco claros.

¿Cómo fue el proceso legislativo?

puntos
10

Argumentos de evaluación

  1. Se caracterizó por polarizado y cuestionable ya que las modificaciones propuestas en el “Plan B” fueron aprobadas sin un amplio acuerdo político, lo que vulneró el proceso legislativo y generó señalamientos de irregularidades.
  2. Se observó una capacidad limitada al diálogo, donde las observaciones y críticas fueron desatendidas, reduciendo la participación de otros actores sociales.
  3. No se realizó un análisis detallado del impacto presupuestal, ni se consideraron alternativas de solución propuestas. La inversión necesaria para implementar la legislación, como la reestructuración del sistema electoral, no fueron abordadas adecuadamente.
  4. No se abordaron aspectos relacionados con el acceso a la información, protección de datos, datos abiertos, derecho de petición, transparencia y rendición de cuentas.
  5. La legislación presentó una definición general del problema público, con pocas alternativas exploradas y una mínima justificación de la relación entre el problema y la solución propuesta.

¿Cómo funciona la evaluación de calidad legislativa?

  1. Se calcula con base en la evaluación de los derechos que ganas o pierdes  
  2. Se suman los puntos que resulten de la evaluación del proceso legislativo
  3. Se multiplica por el porcentaje de relevancia de la reforma
de +-10 puntos
DERECHOS: 10 puntos
de +-10 puntos
PROCESO: 10 puntos
de 100%
RELEVANCIA: 100 %
ENTRE +10 Y -10 PUNTOS
CALIDAD: 10 puntos

Organizaciones evaluadoras

Consulta tabla de cálculo de evaluación