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Escazú Art.9: Esquema de política pública

Introducción

El presente artículo busca caracterizar los delitos y agresiones contra personas defensoras del medio ambiente y derechos humanos como un problema público, desde un enfoque sistémico del fenómeno criminal para definir algunas líneas estratégicas en términos de política pública, que apunten a reducir la violencia ejercida contra las personas defensoras del medio ambiente, derechos humanos y periodistas.   

En consecuencia, desde BORDE desarrollamos una política pública descrita a continuación, la cual gira en torno a cuatro ejes estratégicos: educación, vigilancia, reacción y reparación de los delitos contra personas defensoras en esta materia. 

Esta propuesta se enfoca en dar respuesta a los parámetros convencionales definidos en el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, con el objetivo de aportar valor a otras partes del mismo que se relacionan con la política criminal. Asumimos, por ejemplo, que en la gran mayoría de los delitos ambientales hay una persona o comunidad afectada que, al realizar labores de defensa, puede ser ignorada, amenazada y violentada; muchas veces sin autodefinirse como personas defensoras del medio ambiente, de derechos humanos o periodistas pero realizando estas u otras actividades complementarias que las colocan en riesgo.   

A partir de lo anterior, aprovechamos la experiencia acumulada de BORDE trabajando en instituciones de seguridad y justicia en el desarrollo de propuestas de normatividad, políticas públicas y modelos de gestión dirigidos a mejorar la calidad de los servicios públicos que las instituciones de justicia ofrecen a las personas usuarias, con miras a incrementar la protección de derechos.

Este ejercicio es un primer acercamiento de forma unilateral por parte del equipo de BORDE: nuestra intención es esbozar el problema público y las áreas dentro de las cuales podrían desarrollarse las alternativas de solución. De acuerdo a nuestra metodología, este artículo es un paso previo necesario para guiar la discusión, profundizar y enriquecer las propuestas, de la mano de actores de cambio de los sistemas locales (personas defensoras y periodistas medioambientales, autoridades municipales y distritales, personas del sector productivo, representantes y académicos) sumando sucesivamente a los sistemas estatales, nacionales, regionales y globales.     

 

Contexto

El Acuerdo de Escazú, formalmente conocido como el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, es el primer tratado vinculante sobre asuntos ambientales en la región y el primero en el mundo que contempla disposiciciones sobre las personas defensoras de derechos humanos en la materia. Fue adoptado en Escazú, Costa Rica, en 2018, ratificado por el Senado mexicano el 5 de noviembre de 2020 y entró en vigor para todos los países miembros el 22 de abril de 2021, el Día Internacional de la Madre Tierra.

El Acuerdo tuvo como antecedente la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992, en donde se adoptó el compromiso de garantizar el acceso a la información y participación ciudadana en la toma de decisiones en materia medioambiental, y es resultado de un proceso de largas negociaciones en donde participaron representantes de gobiernos, sociedad civil, academia y otras partes interesadas. El Acuerdo ha sido ratificado por 15 países de la región, y tiene tres objetivos principales:

  1. Garantizar el derecho a un ambiente saludable y a un desarrollo sostenible.

  2. Establecer obligaciones para proteger los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

  3. Promover la protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.

Según el reporte de Global Witness, América Latina es la región más letal para la defensa medioambiental y, durante el 2021, México fue el país donde se registró el mayor número de asesinatos en contra de personas defensoras del medio ambiente (personas defensoras). Ante esta situación, el Acuerdo de Escazú es particularmente importante porque proporciona un marco legal que aboga por la transparencia, la inclusión y la justicia en derechos humanos y asuntos ambientales; además de que busca garantizar que todos los ciudadanos tengan voz y voto en las decisiones que afectan al medio ambiente. 

Como se mencionó anteriormente, en esta propuesta nos enfocamos en el artículo nueve del referido Acuerdo, el cual establece lo siguiente:

 

CITA TEXTUAL

Artículo 9

Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales:

  1. Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

  2. Cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de dicha Parte en el ámbito de los derechos humanos, sus principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico.

  3. Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo.

 

Escazú Art.9: Public Policy Proposal 

Introduction

This article aims to analyze and characterize crimes and attacks targeting environmental and human rights defenders, employing a systemic approach to the criminal phenomenon. The primary objective is to define strategic lines in terms of public policy that can effectively mitigate violence against these defenders. 

Therefore, we have formulated a comprehensive public policy, focusing on four key strategic axes: education, surveillance, reaction, and reparation for crimes committed against defenders in this domain. We hope that these axes serve as essential pillars in our endeavor to safeguard and protect the rights and safety of those dedicated to defending the environment and human rights. 

This proposal is specifically designed to address the conventional parameters outlined in Article 9 of the Escazú Agreement, with the primary objective of enhancing other aspects related to criminal policy. This is rooted in our assumption that the majority of environmental crimes impact individuals or communities engaged in defensive activities, who, while engaging in defensive activities, may be ignored, threatened, and subjected to violence, often without self-identifying as environmental defenders but still performing activities that put them at risk.

Drawing upon BORDE’s extensive experience collaborating with security and justice institutions, we aim to develop normative proposals, public policies, and management models that enhance the quality of public services provided by justice institutions, ultimately bolstering the protection of individual rights.

This exercise is an initial approach by the BORDE team: we intend to outline the public issue and the areas within which alternative solutions could be developed. According to our methodology, this article is a necessary preliminary step to guide the discussion, delve deeper into the subject matter, and enrich the proposals. It involves the participation of local system actors, such as environmental defenders, environmental journalists, municipal and district authorities, members of the productive sector, representatives, and academics. Subsequently, it seeks to engage state, national, regional, and global systems for comprehensive collaboration and effective problem-solving.

 

Context

The Escazú Agreement, officially known as the Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean, is the first binding treaty on environmental issues in the region. It is also the first agreement in the world to include provisions for the protection of human rights defenders in environmental matters. Adopted in Escazú, Costa Rica, in 2018, it was ratified by the Mexican Senate on November 5, 2020, and came into effect for all member countries on April 22, 2021.

The Agreement traces its roots back to the United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro in 1992, where a commitment was made to ensure access to information and citizen participation in environmental decision-making. Its formulation involved extensive negotiations with representatives from governments, civil society, academia, and various stakeholders. To date, the Agreement has been ratified by 15 countries in the region and has three primary objectives: 

  1. Guarantee the right to a healthy environment and sustainable development.

  2. Establish obligations to protect the rights of access to environmental information, public participation in environmental decision-making, and access to justice in environmental matters.

  3. Promote the protection of human rights defenders in environmental matters.

According to the Global Witness report, Latin America has the highest number of fatalities for environmental defenders, with Mexico recording the most killings in 2021. Given this alarming situation, the Escazú Agreement is particularly crucial as it provides a legal framework advocating for transparency, inclusivity, and justice in human rights and environmental matters. It also seeks to ensure that all citizens have a voice and vote in decisions that affect the environment.

As previously mentioned, this proposal focuses on Article Nine of the mentioned Agreement, which states the following:

QUOTED TEXT

Article 9

Human rights defenders in environmental matters

  1. Each Party shall guarantee a safe and enabling environment for persons, groups and organizations that promote and defend human rights in environmental matters, so that they are able to act free from threat, restriction and insecurity.

  2. Each Party shall take adequate and effective measures to recognize, protect and promote all the rights of human rights defenders in environmental matters, including their right to life, personal integrity, freedom of opinion and expression, peaceful assembly and association, and free movement, as well as their ability to exercise their access rights, taking into account its international obligations in the field of human rights, its constitutional principles and the basic concepts of its legal system.

  3. Each Party shall also take appropriate, effective and timely measures to prevent, investigate and punish attacks, threats or intimidation that human rights defenders in environmental matters may suffer while exercising the rights set out in the present Agreement.

Este diagrama integra en un esquema de política criminal 1) las necesidades de educación, valoración e integración social; 2) de vigilancia o investigación fenomenológica de conflicto social; 3) de reacción o respuesta del sistema de justicia penal; 4) y finalmente las de reparación del daño, castigo y las garantías de no repetición. A partir de estas áreas y sus intersecciones, analizaremos el problema y desarrollaremos un esquema general de ejes, líneas y programas para afrontarlos. 

Análisis del problema

Según lo expuesto anteriormente, consideramos que los objetivos serían los siguientes:

  • Generar un entorno propicio y seguro para el ejercicio de derechos y labores de las personas, grupos y organizaciones defensoras. 

  • Prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones en contra de personas y organizaciones defensoras.

  • Garantizar la protección integral de las personas y comunidades defensoras.

  • Garantizar el acceso a la justicia, la reparación integral del daño y garantías de no repetición a las víctimas directas e indirectas de delitos contra las personas defensoras.

Podemos inferir que estos puntos se desprenden de los siguientes problemas centrales (P), causas directas (Cd) e indirectas (Ci), efectos visibles (Ev)  o subyacentes (Es)  y factores que contribuyen a la persistencia (Fc) de las violaciones a los derechos de las personas dedicadas a la conservación del medio ambiente y el territorio:

Problema central (P-1):

Falta de valoración y reconocimiento hacia las personas defensoras del medio ambiente 

Causas directas para este problema central (Cd-1.1.)

  • Cd-1.1 Falta de valoración y reconocimiento por parte de la sociedad, las personas en el servicio público y el sector empresarial local hacia las labores realizadas por las personas y comunidades defensoras del medio ambiente y territorio.

  • Cd-1.2 Falta de apoyo para generar capacidades en las personas en el servicio público y las personas defensoras del medio ambiente y el territorio.  

Causas indirectas relacionadas con cada causa directa (Ci-1.1.1.)

  • Ci-1.1.1 Falta de apoyo y financiamiento local a proyectos culturales y de comunicación que difunda el trabajo de las personas dedicadas a la defensa del territorio y medio ambiente.

  • Ci.1.1.2 Falta de certificación periódica y concientización de las personas en el servicio público con contacto potencial con personas defensoras.

  • Ci-1.2.1 Falta de apoyo que permita generar espacios de formación de capacidades locales en el servicio público.

  • Ci-1.2.2 Falta de apoyo que permita generar espacios de formación de capacidades y esquemas de profesionalización de personas defensoras del medio ambiente y el territorio.

  • Ci-1.2.3 Falta de apoyo para el desarrollo de espacios colectivos y creación de redes de organizaciones, activistas y profesionales dedicados a la defensa del medio ambiente y el territorio. 

  • Ci-1.2.4 Falta de apoyo y financiamiento a proyectos locales dedicados a la defensa y protección de las personas y comunidades defensoras.

Efectos visibles relacionados con las causas directas (Ev-1.1.)

  • Ev-1.1.1. Las personas que trabajan en la conservación del medio ambiente se enfrentan a discriminación o invisibilización de sus labores en los espacios públicos.

  • Ev-1.1.2 El sector privado puede participar en prácticas no sostenibles con graves efectos para el medio ambiente, las especies, las personas defensoras y la población.

  • Ev-1.2.1 Falta de espacios públicos de diálogo y discusión sobre la importancia del medio ambiente y su conservación.

  • Ev-1.2.2 Deterioro acelerado del medio ambiente y pérdida de biodiversidad.

Efectos subyacentes relacionados los efectos visibles (Es-1.1.1.)

  • Es-1.1.1. Disminución del interés social en dedicarse a la conservación del medio ambiente.

  • Es-1.1.2 Influencia de intereses económicos en las decisiones políticas y administrativas en detrimento del bienestar ambiental y los derechos humanos.

  • Es-1.2.1 Problemas de salud ocasionados por la contaminación del medio ambiente.

  • Es-1.2.2 La integridad de los defensores del medio ambiente está en constante riesgo.

Factores que contribuyen a la persistencia del problema relacionado con las causas indirectas y efectos subyacentes (Fc-1.1.1.1.)

  • Fc-1.1.1 Falta de concientización y falta de certificación para personas en el sector privado dedicadas al uso, extracción y aprovechamiento de recursos naturales para acceder a permisos, licitaciones, concesiones y licencias.

  • Fc-1.1.2 En el sistema educativo, la educación ambiental y sobre la importancia de la labor de las personas defensoras es insuficiente.

  • Fc-1.2.1 Falta de interés de los medios de comunicación y autoridades para tratar temas de conservación del medio ambiente.

  • Fc-1.2.2 Cultura de consumo desmedido que no valora la sostenibilidad.

  • Fc-1.2.3 La sociedad no participa activamente en la conservación del medio ambiente.

 

Problema central 2:

Falta de mecanismos institucionales para asegurar el respeto de los derechos de las personas protectoras y responder de forma efectiva a sus necesidades.

 Causas directas para este problema central (Cd-2.1.)

  • Cd-2.1 Capacidad  insuficiente para la investigación fenomenológica de los delitos y análisis del contexto.

  • Cd-2.2 Falta de planeación y coordinación interinstitucional para la detección de casos sobre violaciones de derechos humanos.

  • Cd-2.3 Falta de mecanismos efectivos para proteger a las personas y comunidades defensoras.

Causas indirectas relacionadas con cada causa directa (Ci-2.1.1.)

  • Ci-2.1.1 Falta recursos materiales, humanos y financieros para las policías comunitarias con enfoque etnográfico para la protección del medio ambiente y el territorio.

  • Ci-2.1.2 Falta de coordinación interinstitucional en investigación fenomenológica y análisis del contexto.

  • Ci-2.2.1 Falta de un sistema interinstitucional que permita desarrollar una política de protección de personas defensoras del medio ambiente y los protocolos de priorización de casos.

  • Ci-2.2.2 Faltan medidas que garanticen el bienestar y seguridad laboral para integrantes de la administración pública municipal, estatal y federal con funciones de atención a personas defensoras del medio ambiente.

  • Ci-2.3.1 Marcos normativos y reglamentarios insuficientes para garantizar la protección efectiva y oportuna de la integridad física, psicológica y emocional de las personas defensoras del medio ambiente.

  • Ci-2.3.2 Falta de medidas y protocolos de protección a la privacidad y  datos personales.

  • Ci-2.3.3 Ausencia de datos abiertos que permitan fiscalizar  y evaluar el desempeño de las autoridades para garantizar el bienestar integral de las personas dedicadas a proteger el medio ambiente.

Efectos visibles relacionados con cada causa directa (Ev-2.1.)

  • Ev-2.1.1 Falta de formación y preparación de las personas funcionarias públicas en asuntos de investigación fenomenológica en casos relacionados con violaciones de derechos humanos contra personas defensoras del medio ambiente.

  • Ev-2.2.1. Los incidentes de agresión contra las personas dedicadas a la conservación del medio ambiente no son detectados o resueltos a tiempo.

  • Ev-2.2.2 Falta de transparencia y datos abiertos de las instituciones.

  • Ev-2.2.3 Crece el número de violaciones a los derechos humanos de las personas defensoras del medio ambiente  sin resolverse.

  • Ci-2.3.1 Falta de mantenimiento y mejora de sistemas informáticos de denuncia pública e investigación criminal.

  • Ci-2.3.2 Falta de adecuaciones al marco constitucional, legal y reglamentario a nivel municipal, estatal y federal para fortalecer el sistema de protección interinstitucional y garantizar la aplicación de los derechos de las personas defensoras del medio ambiente.

  • Ci-2.3.3 Falta de detección oportuna de amenazas y mitigación de riesgos para la protección en tiempo y forma de las personas defensoras.

  • Ci-2.3.4 Desconocimiento y falta de divulgación de los mecanismos de denuncia y protocolos existentes para la protección de las personas defensoras del medio ambiente.

Efectos subyacentes relacionados con cada efecto visible (Es-2.1.1.)

  • Fc-2.1.1 Recursos financieros y humanos insuficientes para desarrollar y mantener una capacidad institucional efectiva.

  • Es-2.2.1. Se desincentiva la participación de la sociedad en la conservación del medio ambiente por miedo a las represalias.

  • Es-2.2.2 Falta de un plan estratégico interinstitucional de implementación.

  • Es-2.2.3 La sensación de impunidad puede alentar a más agresores a cometer violaciones contra las personas defensoras.

  • Es-2.3.1 Desconfianza de la población en la capacidad del Estado para proteger a las personas defensoras

  • Es-2.3.2. Las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente pueden optar por abandonar su labor debido al riesgo.

  • Es-2.3.3. Se reproduce la violencia sistemática en contra de poblaciones históricamente excluidas.

  • Es-2.3.4 Falta de apoyo a la formación y preparación de las personas funcionarias públicas sobre los derechos de las personas defensoras del medio ambiente con una perspectiva interseccional y de derechos humanos para evitar estigmatizar, criminalizar y revictimizar.

Factores que contribuyen a la persistencia del problema relacionado con cada causa indirecta y cada efecto subyacente (Fc-2.1.1.1.)

  • Fc-2.1.1. Los presupuestos estatales dedicados a la investigación fenomenológica para la protección del medio ambiente y de las personas defensoras son insuficientes.

  • Fc-2.2.2 Falta de sanciones claras contra personas funcionarias públicas que violenten o pongan en riesgo la integridad de las personas defensoras.

  • Fc-2.2.3 Falta de enfoque participativo en la política de protección de personas defensoras del medio ambiente.

  • Fc-2.2.4 Influencia de intereses económicos y políticos que impiden la promoción de políticas de protección efectivas.

  • Fc-2.2.5 Alta tolerancia a la corrupción y a los procesos burocráticos ineficientes en las instituciones del Estado y en las instituciones privadas.

  • Fc-2.3.1 Falta de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en las instituciones estatales.

  • Fc-2.3.2. Falta de sanciones efectivas contra quienes cometen violaciones contra los conservacionistas.

  • Fc-2.3.4 La sociedad en general no está suficientemente informada o sensibilizada sobre la importancia de la conservación del medio ambiente.

  • Fc-2.3.5 Falta de una norma oficial mexicana de atención a personas defensoras del medio ambiente, otorgamiento y seguimiento de medidas de protección e investigación de violaciones a sus derechos.

 

Problema central 3:

Falta de capacidad institucional para reaccionar efectivamente ante la ocurrencia de agresiones y violaciones de derechos humanos, perseguir delitos y establecer consecuencias a las conductas delictivas

Causas directas para este problema central (Cd-3.1.)

  • Cd-3.1 Falta de capacidad en investigación penal por parte del personal institucional.

  • Cd-3.2 Falta desarrollar protocolos transversales para generar sentencias con perspectiva interseccional.

  • Cd-3.3 Falta de capacidad y especialización de los servicios de defensa pública.

  • Cd-3.4 Falta de mecanismos que permitan reducir la impunidad y la corrupción institucional

Causas indirectas relacionadas con cada causa directa (Ci-3.1.1.)

  • Ci-3.1.1 Falta de certificación de capacidades en las personas con función fiscal para integrar investigaciones de carácter penal.

  • Ci-3.1.2 Falta de certificación de capacidades para litigar casos relacionados con la violación de derechos humanos.

  • Ci-3.1.3 Falta de mecanismos de vinculación, cooperación e intercambio de información de las instituciones coadyuvantes en la investigación y persecución penal. 

  • Ci-3.2.1 Falta de implementación de protocolos transversales para que las personas juzgadoras generen sentencias con perspectiva interseccional.

  • Ci-3.2.2 Falta de certificación de capacidades de las personas juzgadoras federales y estatales.

  • Ci-3.3.1 Falta de certificación de capacidades de las personas defensoras federales y estatales.

  • Ci-3.4.1 Falta de mecanismos de consulta, evaluación de calidad y aportación de pruebas a los procesos de denuncia anónima, investigación, sanción, ejecución y reinserción social.

  • Ci-3.4.2 Falta de seguimiento a los mecanismos de control interno de las instituciones y vinculación de las contralorías, visitadurías, auditorías y fiscalías anticorrupción para perseguir de forma conjunta faltas administrativas y delitos penales en contra de las personas dedicadas a la defensa del medio ambiente y el territorio.

Efectos visibles relacionados con cada causa directa (Ev-3.1.)

  • Ev-3.1.1. Aumento de los índices de impunidad en los delitos ambientales y en contra de personas defensoras.

  • Ev-3.2.1 La comprensión y respuesta ante violaciones de derechos de las personas defensoras es afectada debido a que la calidad de las investigaciones fenomenológicas es deficiente. 

  • Ev-3.3.1 Énfasis insuficiente en la formación de los funcionarios públicos concientizados en asuntos de protección del medio ambiente y en las consecuencias jurídicas y administrativas existentes de violentar a personas defensoras.

  • Ev-3.4.1 Falta de apoyo para fortalecer servicios adecuados de protección para la denuncia ciudadana.

Efectos subyacentes relacionados con cada efecto visible (Es-3.1.1.)

  • Es-3.1.1. Se perpetúa la violencia estructural ejercida en contra de personas en condición de vulnerabilidad o históricamente excluidas

  • Es-3.1.2 La falta de investigaciones de calidad puede llevar a la desinformación y a la falta de conciencia pública sobre la gravedad de estas violaciones.

  • Es-3.2.1. Las víctimas pueden experimentar un deterioro a largo plazo en su bienestar mental y emocional debido a la falta de apoyo y atención adecuada.

  • Es-3.3.1 Falta de concientización de personas funcionarias públicas en asuntos de protección del medio ambiente y en las consecuencias jurídicas y administrativas existentes de violentar a personas defensoras.

  • Es-3.4.1 La falta protección puede desalentar a otras personas de denunciar violaciones o de participar en la conservación del medio ambiente.

Factores que contribuyen a la persistencia del problema relacionado con cada causa indirecta y cada efecto subyacente (Fc-3.1.1.1.)

  • Fc-3.1.1 Financiamiento insuficiente para la formación y el desarrollo del personal en técnicas de investigación fenomenológica.

  • Fc-3.1.2 Falta de reconocimiento y valoración de la investigación fenomenológica en las políticas y programas de conservación del medio ambiente.

  • Fc-3.2.1 Restricciones presupuestales que limitan la capacidad de las instituciones para desarrollar y mantener protocolos de atención a las víctimas.

  • Fc-3.2.2. Falta de liderazgo y voluntad política para mejorar la atención a las víctimas.

  • Fc-3.3.1 Falta de capacitación y certificación de personas de la administración pública.

  • Fc-3.4.1 Falta de conciencia pública sobre la gravedad de las violaciones de derechos humanos, lo que limitar la presión pública para mejorar las investigaciones.

 

Problema central 4:

Falta de capacidades institucionales que permitan asegurar el acceso de la justicia por parte de la víctimas y garantizar la reparación integral del daño 

Causas directas para este problema central (Cd-4.1.)

  • Cd-4.1 La capacidad de servicios de los mecanismos alternativos de solución de conflictos es insuficiente.

  • Cd-4.2 La capacidad de seguimiento de sentencias es insuficiente.

  • Cd-4.3 Las capacidades institucionales para garantizar la reparación del daño es insuficiente.

Causas indirectas relacionadas con cada causa directa (Ci-4.1.1.)

  • Ci-4.1.1 Falta de certificación de capacidades de las personas facilitadoras de procesos de mediación de conflictos relacionados con el medio ambiente y en contra de las personas defensoras.

  • Ci-4.2.1 Falta de seguimiento de las resoluciones de los tribunales en temas ambientales, así como facilitar su difusión ante la ciudadanía.

  • Ci-4.3.1 Faltan parámetros  claros y transparentes que permitan otorgar y dar seguimiento a medidas de reparación integral del daño ante las víctimas. 

  • Ci-4.3.2 Procesos burocráticos que dificultan el acceso a la justicia a las victimas.

  • Ci-4.3.3 Faltan sanciones efectivas ante eventos de reincidencia en afectaciones en contra de las personas defensoras del medio ambiente y el territorio. 

  • Ci-4.3.4 Faltan mecanismos de seguimiento sobre los procesos de reparación y rendición de cuentas que permitan fiscalizar y evaluar el desempeño de las autoridades para garantizar el bienestar integral de las personas dedicadas a proteger el medio ambiente.

  • Ci-4.3.5 Falta de mecanismos permanentes de retroalimentación y trabajo conjunto entre autoridades, víctimas, sociedad civil y colectivos.

Efectos visibles relacionados con cada causa directa (Ev-4.1.)

  • Ev-4.1.1 Saturación de las instituciones y operadores del sistema de justicia.

  • Ev-4.2.1 Los servicios de defensa pública deficientes suelen revictimizar a poblaciones sistemáticamente violentadas y excluidas.

  • Ev-4.3.1 Aumenta la probabilidad de reincidencia de agresiones y violaciones de derechos humanos en materia ambiental.

  • Ev.4.4.1 Polarización y falta de cohesión entre las comunidades.

Efectos subyacentes relacionados con cada efecto visible (Es-4.1.1.)

  • Es-4.1.1 Aumentan los costos económicos y sociales para las instituciones públicas y sus servicios se vuelven ineficientes.

  • Es-4.2.1 Impunidad y percepción de falta de justicia.

  • Es-4.3.1 Se incentiva la comisión de delitos por falta de consecuencias significativas.

  • Es-4.3.2 Desconfianza en el sistema judicial y en las instituciones del Estado.

  • Es-4.4.1 Falta de reparación adecuada y garantía de no repetición para las víctimas.

  • Es-4.4.2 Se obstaculiza el derecho de las víctimas a una justicia pronta y expedita.

  • Es-4.4.3 Se dificulta la integración y gobernabilidad dentro de las comunidades afectadas.

Factores que contribuyen a la persistencia del problema relacionado con cada causa indirecta y cada efecto subyacente (Fc-4.1.1.1.)

 

  • Fc-4.1.1 Restricciones presupuestarias que limitan la capacitación y el desarrollo del personal judicial, y obstaculizan las mejoras del sistema judicial.

  • Fc-4.1.2 Falta de conciencia y priorización de la gravedad de los delitos ambientales y violaciones de derechos humanos en la agenda política y judicial.

  • Fc-4.1.3. Falta de voluntad política y liderazgo para realizar cambios necesarios y significativos en el sistema judicial.

  • Fc-4.2.1 Ausencia de un marco legal sólido y adecuado para sancionar y prevenir delitos ambientales y violaciones de derechos humanos.

  • Fc-4.3.1 Se disminuye la presión social por el cambio y mejora ante la desconfianza generalizada en las instituciones del Estado.

  • Fc-4.4.1 Falta de sistemas institucionales que permitan a las autoridades y comunidades dar seguimiento al cumplimiento cabal de las sentencias.

  • Fc-4.4.2. Cultura de impunidad y falta de responsabilidad social, que disminuye la presión pública por la reparación del daño y garantía de no repetición.

  • Fc-4.4.3 Falta de apoyo institucional para la asistencia integral de las víctimas de delitos ambientales y violaciones de derechos humanos.

This diagram integrates a criminal policy framework that includes: 1) the needs for education, assessment, and social integration; 2) the surveillance or phenomenological investigation of social conflict; 3) the reaction or response of the criminal justice system; 4) and finally, the needs for reparation, punishment, and guarantees of non-repetition. From these areas and their intersections, we will analyze the problem and develop a general framework of axes, lines, and programs to address them.

 

Problem Analysis

 

Based on the aforementioned, we consider the following objectives:

 

  • Create a conducive and secure environment for the exercise of rights and duties of individuals, groups, and organizations advocating for environmental issues.

  • Prevent, investigate, and sanction attacks, threats, or intimidation against defenders and organizations.

  • Ensure comprehensive protection for environmental defenders and communities.

  • Guarantee access to justice and comprehensive reparation for direct and indirect victims of crimes related to the defense and protection of human rights in environmental matters.

 

We can infer that these points stem from the following central problems (P), direct (Cd) and indirect (Ci) causes, visible effects (Es) or underlying effects (Es), and contributing factors (Fc) to the persistence of violations against individuals dedicated to environmental conservation.

 

Central Problem (P-1):

Lack of recognition and appreciation towards environmental defenders.

 

Direct Causes for this Central Problem (Cd-1.1.)

Cd-1.1 Lack of recognition and appreciation from society, individuals in public service, and local businesses for the work done by environmental defenders and their communities.

Cd-1.2 Lack of support to build capacities in individuals in public service and environmental defenders.

 

Indirect Causes related to each direct cause (Ci-1.1.1.)

Ci-1.1.1 Lack of local support and funding for cultural and communication projects that highlight the importance of the work done by defenders.

Ci-1.1.2 Lack of periodic certification for individuals in public service with potential contact with environmental defenders.

Ci-1.2.1 Lack of support to create local spaces for capacity building within public service.

Ci-1.2.2 Lack of support to create spaces for capacity building and professionalization schemes for environmental defenders.

Ci-1.2.3 Lack of support for the development of collective spaces and networks of organizations, activists, and professionals dedicated to environmental defense.

Ci-1.2.4 Lack of support and funding for local projects dedicated to the defense and protection of environmental defenders and their communities.

 

Visible Effects related to direct causes (Ev-1.1.)

Ev-1.1.1 People involved in environmental conservation face discrimination or lack of recognition for their work in public spaces.

Ev-1.1.2 The private sector may engage in unsustainable practices with severe effects on the environment, species, environmental defenders, and the population.

Ev-1.2.1 Lack of public spaces for dialogue and discussion about the importance of the environment and its conservation.

Ev-1.2.2 Accelerated deterioration of the environment and loss of biodiversity.

 

Underlying Effects related to visible effects (Es-1.1.1.)

Es-1.1.1 Decreased social interest in environmental protections.

Es-1.1.2 Influence of economic interests in political and administrative decisions to the detriment of environmental well-being and human rights.

Es-1.2.1 Health issues caused by environmental pollution.

Es-1.2.2 Environmental defenders’ safety is constantly at risk.

 

Contributing Factors to the persistence of the problem related to indirect causes and underlying effects (Fc-1.1.1.1.)

Fc-1.1.1 Lack of certification for individuals in the private sector engaged in the use, extraction, and exploitation of natural resources to access permits, bids, concessions, and licenses. 

Fc-1.1.1.2 Insufficient environmental education and awareness within the education system about the importance of environmental defenders’ work.

Fc-1.1.2.1 Lack of interest from the media and authorities in addressing environmental conservation topics.

Fc-1.1.2.2 Culture of excessive consumption that does not value sustainability.

Fc-1.1.2.3 Society’s lack of active participation in environmental conservation.

 

Central Problem 2:

Lack of institutional mechanisms to protect the rights of environmental defenders and respond effectively to their needs.

 

Direct Causes for this Central Problem (Cd-2.1.)

Cd-2.1 Insufficient capacity for phenomenological investigation of crimes and analysis of the context.

Cd-2.2 Lack of inter-institutional planning and coordination for detecting cases of human rights violations.

Cd-2.3 Lack of effective mechanisms to protect environmental defenders and communities.

 

Indirect Causes related to each direct cause (Ci-2.1.1.)

Ci-2.1.1 Lack of material, human, and financial resources for community policing with an ethnographic focus on environmental protection.

Ci-2.1.2 Lack of inter-institutional coordination in phenomenological investigation and analysis of the context.

Ci-2.2.1 Lack of an inter-institutional system to develop a policy for protecting environmental defenders and protocols for prioritizing cases.

Ci-2.2.2 Lack of measures to ensure the well-being and job security of public servants with functions related to environmental defenders.

Ci-2.3.1 Insufficient normative and regulatory frameworks to guarantee effective and timely protection of the physical, psychological, and emotional integrity of environmental defenders.

Ci-2.3.2 Lack of measures and protocols to protect privacy and personal data.

Ci-2.3.3 Absence of open data for evaluating the performance of authorities to guarantee the integral well-being of those dedicated to protecting the environment.

 

Visible Effects related to each direct cause (Ev-2.1.)

Ev-2.1.1 Lack of training of public officials in phenomenological investigation of cases related to human rights violations against environmental defenders.

Ev-2.2.1 Incidents of aggression against defenders are not detected or resolved in a timely manner.

Ev-2.2.2 Lack of transparency and open data from public institutions.

Ev-2.2.3 Increased impunity in cases against human rights defenders.

 

Underlying Effects related to each visible effect (Es-2.1.1.)

Es-2.1.1 Insufficient financial and human resources to maintain effective institutional capacities.

Es-2.2.1 Society’s reluctance to participate in environmental conservation due to fear of reprisals.

Es-2.2.2 Lack of an interinstitutional strategic implementation plan for protecting defenders.

Es-2.2.3 The sense of impunity may encourage more aggressors to violate the rights of environmental defenders.

Es-2.3.1 Public distrust in the State’s ability to protect environmental defenders.

Es-2.3.2 Environmental defenders may opt to abandon their work due to risks.

Es-2.3.3 Systemic violence against historically excluded populations is perpetuated.

Es-2.3.4 Lack of support for training of public officials on the rights of environmental defenders from an intersectional and human rights perspective to avoid stigmatizing them.

 

Contributing Factors to the persistence of the problem related to each indirect cause and each underlying effect (Fc-2.1.1.1.)

Fc-2.1.1.1 State budgets dedicated to phenomenological investigation for environmental protection and defense are insufficient.

Fc-2.2.2 Lack of clear sanctions against public officials who violate or put the integrity of environmental defenders at risk.

Fc-2.2.3 Lack of a participatory approach in the policy for protecting environmental defenders.

Fc-2.2.4 Influence of economic and political interests hindering the promotion of effective protection policies.

Fc-2.2.5 High tolerance for corruption and inefficient bureaucratic processes in State and private institutions.

Fc-2.3.1 Lack of accountability and transparency mechanisms in state institutions.

Fc-2.3.2 Lack of effective sanctions against violators targeting conservationists.

Fc-2.3.4 Society, in general, is not sufficiently informed or sensitized about the importance of environmental conservation.

Fc-2.3.5 Lack of an official Mexican standard for the care of environmental defenders, granting and monitoring protection measures.

 

Central Problem 3:

Lack of institutional capacity to effectively respond to aggressions and human rights violations, prosecute crimes, and establish consequences for criminal conduct.

 

Direct Causes for this Central Problem (Cd-3.1.)

Cd-3.1 Insufficient training in criminal investigation by institutional personnel.

Cd-3.2 Lack of cross-cutting protocols to generate sentences with an intersectional perspective.

Cd-3.3 Lack of capacity and specialization in public defense services.

Cd-3.4 Lack of mechanisms to reduce impunity and institutional corruption.

 

Indirect Causes related to each direct cause (Ci-3.1.1.)

Ci-3.1.1 Lack of certification of capabilities for fiscal personnel to conduct penal investigations.

Ci-3.1.2 Lack of certification of capabilities to litigate cases related to human rights violations.

Ci-3.1.3 Lack of mechanisms for linking, cooperating, and exchanging information among coadjutant institutions in the investigation and prosecution of crimes.

Ci-3.2.1 Lack of implementation of cross-cutting protocols for judges to generate sentences with an intersectional perspective.

Ci-3.2.2 Lack of certification of capabilities for federal and state judges.

Ci-3.3.1 Lack of certification of capabilities for federal and state public defenders.

Ci-3.4.1 Lack of mechanisms for consultation, quality evaluation, and contribution of evidence to anonymous denunciation, investigation, punishment, execution, and social reintegration processes.

Ci-3.4.2 Lack of follow-up to internal control mechanisms of institutions and linkage between oversight bodies, visitations, audits, and anti-corruption prosecutors to jointly prosecute administrative offenses and criminal acts against individuals dedicated to environmental defense.

 

Visible Effects related to each direct cause (Ev-3.1.)

Ev-3.1.1 Increase in the rates of impunity for environmental crimes and crimes against defenders.

Ev-3.2.1 The understanding and response to violations of defenders’ rights are affected due to the poor quality of phenomenological investigations.

Ev-3.3.1 Insufficient emphasis on training public officials in matters of environmental protection and the existing legal and administrative consequences of violating defenders.

Ev-3.4.1 Lack of support to strengthen appropriate services for citizen denunciations.

 

Underlying Effects related to each visible effect (Es-3.1.1.)

Es-3.1.1 Structural violence against vulnerable or historically excluded individuals is perpetuated.

Es-3.1.2 Lack of quality investigations may lead to misinformation and lack of public awareness about the seriousness of these violations.

Es-3.2.1 Victims may experience long-term deterioration in their mental and emotional well-being due to a lack of support and proper attention.

Es-3.3.1 Lack of awareness among public officials about environmental protection and the legal and administrative consequences of violating defenders’ rights.

Es-3.4.1 Lack of protection can discourage others from reporting crimes or participating in environmental conservation.

 

Contributing Factors to the persistence of the problem related to each indirect cause and each underlying effect (Fc-3.1.1.1.)

Fc-3.1.1.1 Insufficient funding for the training of personnel in phenomenological investigation techniques.

Fc-3.1.2 Lack of recognition and appreciation of phenomenological investigation in environmental conservation policies and programs.

Fc-3.2.1 Budgetary constraints that limit institutions’ capacity to maintain victim care protocols.

Fc-3.2.2 Lack of political will to improve victim care.

Fc-3.3.1 Lack of training and certification of public administration personnel.

Fc-3.4.1 Lack of public awareness about the seriousness of human rights violations, limiting public pressure to improve investigations.

 

Central Problem 4:

Lack of institutional capacities to ensure access to justice for victims.

 

Direct causes for this central problem (Cd-4.1.)

Cd-4.1 Insufficient capacity of alternative dispute resolution mechanisms.

Cd-4.2 Insufficient capacity for monitoring courts resolutions.

Cd-4.3 Insufficient institutional capacities to guarantee comprehensive reparation for damage.

 

Indirect causes related to each direct cause (Ci-4.1.1.):

Ci-4.1.1 Lack of certification for facilitators of conflict mediation processes related to the environment and against defenders.

Ci-4.2.1 Lack of follow-up to environmental court resolutions and dissemination of their outcomes to the public.

Ci-4.3.1 Lack of clear and transparent parameters to grant and monitor comprehensive reparation measures for victims.

Ci-4.3.2 Bureaucratic processes hindering victims’ access to justice.

Ci-4.3.3 Lack of effective sanctions for repeated offenses against environmental defenders.

Ci-4.3.4 Lack of mechanisms to monitor reparation processes and accountability to evaluate the performance of authorities in ensuring the overall well-being of defenders.

Ci-4.3.5 Absence of permanent feedback mechanisms and collaborative work among authorities, victims and civil society.

 

Visible effects related to each direct cause (Ev-4.1.)

Ev-4.1.1 Overwhelmed institutions within the justice system.

Ev-4.2.1 Deficient public defense services often revictimize systematically oppressed and excluded populations.

Ev-4.3.1 Increased likelihood of recurrence of aggressions and human rights violations related to the environment.

Ev.4.4.1 Polarization and lack of cohesion among communities.

 

Underlying effects related to each visible effect (Es-4.1.1.)

Es-4.1.1 Increased economic and social costs for public institutions, leading to inefficiency in their services.

Es-4.2.1 Impunity and perception of lack of justice.

Es-4.3.1 Encouragement of criminal acts due to the lack of significant consequences.

Es-4.3.2 Distrust in the judicial system and state institutions.

Es-4.4.1 Lack of adequate reparation and guarantee of non-repetition for victims.

Es-4.4.2 Hindrance to the victims’ right to prompt and expeditious justice.

Es-4.4.3 Difficulty in integration and governance within affected communities.

 

Factors contributing to the persistence of the problem related to each indirect cause and each underlying effect (Fc-4.1.1.1.)

Fc-4.1.1 Budget constraints limiting training and development of judicial personnel and hindering improvements in the judicial system.

Fc-4.1.2 Lack of awareness of the seriousness of environmental crimes and human rights violations in the political and judicial agendas.

Fc-4.1.3 Lack of political will to enact necessary and significant changes in the judicial system.

Fc-4.2.1 Absence of an adequate legal framework to sanction and prevent environmental crimes and human rights violations.

Fc-4.3.1 Diminished societal pressure for change and improvement due to widespread distrust in state institutions.

Fc-4.4.1 Lack of institutional systems enabling authorities and communities to monitor full compliance with sentences.

Fc-4.4.2 Culture of impunity and lack of social accountability, reducing public pressure for reparation and guarantee of non-repetition.

 

Fc-4.4.3 Lack of institutional support for comprehensive assistance to victims of environmental crimes and human rights violations.

 

Esquema de política pública

Eje 1: Prevención primaria mediante el aumento de la valoración, reconocimiento y espacios de formación de capacidades. 

Línea estratégica 1.1: generar valoración y reconocimiento por parte de la sociedad, las personas en el servicio público y el sector empresarial local.

Programa 1.1.1: de apoyo y financiamiento desde lo local a proyectos culturales y de comunicación que contribuyan, por diferentes medios, a visibilizar, reconocer y valorar el trabajo de las personas dedicadas a la defensa del territorio y el medio ambiente.

Programa 1.1.2: de certificación periódica de personas en el servicio público con contacto potencial con personas defensoras del territorio y el medio ambiente.

Programa 1.1.3: de certificación periódica de personas en el sector privado dedicadas al uso, extracción y aprovechamiento de recursos naturales para acceder a permisos, licitaciones, concesiones y licencias. 

Programa 1.1.4: de educación básica y media superior para visibilizar las labores realizadas por las personas dedicadas a la defensa del territorio y el medio ambiente, así como difusión de conocimientos a favor del medio ambiente.

Línea estratégica 1.2: generar capacidades en las personas en el servicio público y las personas defensoras del medio ambiente y el territorio   

Programa 1.2.1: de inversión pública a nivel municipal que permita generar espacios de formación de capacidades en el servicio público.

Programa 1.2.2: de inversión pública a nivel municipal que permita generar espacios de formación de capacidades y esquemas de profesionalización de personas defensoras del medio ambiente y el territorio.

Programa 1.2.3: de apoyo y financiamiento para el desarrollo de espacios colectivos y la creación de redes de organizaciones, activistas y profesionales dedicados a la defensa del medio ambiente y el territorio. 

Programa 1.2.4: de apoyo y financiamiento a proyectos locales dedicados a la defensa y protección de las personas y comunidades defensoras.

Eje 2: Prevención secundaria para vigilar el respeto de sus derechos y responder de forma efectiva a sus necesidades.

Línea estratégica 2.1: Aumentar la capacidad de investigación fenomenológica y análisis del contexto.

Programa 2.1.1: de creación y aportación de recursos materiales, humanos y financieros para las policías comunitarias con enfoque etnográfico para la protección del medio ambiente y el territorio.

Programa 2.1.2: de creación de unidades interinstitucionales de investigación fenomenológica y análisis del contexto que incluya, como mínimo, a policías de los tres niveles de gobierno, fiscalías por región, fiscalía general, la guardia nacional y otras instituciones y comisiones relacionadas con la materia medioambiental, de seguridad y justicia.

Programa 2.1.3: de formación y certificación de capacidades de investigación de fenómenos delictivos, así como analistas, peritos, forenses, agentes de investigación y unidades de operación táctica.

Programa 2.1.4: de diseño, mantenimiento y mejora de sistemas informáticos de denuncia pública e investigación criminal.

Línea estratégica 2.2: Planeación interinstitucional para la detección de casos de violacion de derechos.

Programa 2.2.1: de creación del sistema interinstitucional para el desarrollo, implementación y evaluación de la política estatal de protección de personas defensoras del medio ambiente.

Programa 2.2.2: de desarrollo participativo, interseccional y multiactor de la política de protección de personas defensoras del medio ambiente.

Programa 2.2.3: de transparencia y datos abiertos de las instituciones encargadas de implementar la política.

Programa 2.2.4: para la proyección, aprobación y mejora del plan estratégico de implementación publicado por cada institución del sistema.

Programa 2.2.5: de medidas que garanticen el bienestar y seguridad laboral para integrantes de la administración pública municipal, estatal y federal con funciones de atención a personas defensoras del medio ambiente.

Línea estratégica  2.3 Aumentar la protección de las personas y comunidades defensoras

Programa 2.3.1: del desarrollo e implementación de los marcos normativos y reglamentarios necesarios para garantizar la protección efectiva y oportuna de la integridad física, psicológica y emocional de las personas defensoras del medio ambiente.

Programa 2.3.2: de exploración de adecuaciones al marco constitucional, legal y reglamentario a nivel municipal, estatal y federal para fortalecer el sistema de protección interinstitucional y garantizar la aplicación de los derechos de las personas defensoras del medio ambiente.

Programa 2.3.3: de medidas y estrategias que permitan establecer a nivel local  un protocolo para la detección oportuna de amenazas y mitigación de riesgos para la protección en tiempo y forma de las personas defensoras.

Programa 2.3.4: de medidas y protocolos de protección a la privacidad y  datos personales y la inviolabilidad de las comunicaciones de las personas defensoras.

Programa 2.3.5: de apoyo a campañas de difusión sobre los mecanismos de denuncia y protocolos existentes para la protección de las personas defensoras del medio ambiente.

Programa 2.3.6: de mejorar o expedir una norma oficial mexicana de atención a personas defensoras del medio ambiente, otorgamiento y seguimiento de medidas de protección e investigación de violaciones a sus derechos.

Programa 2.3.7: de sistemas de datos abiertos y levantamiento de encuestas que permitan evaluar el desempeño de las autoridades para garantizar el bienestar integral de las personas dedicadas a proteger el medio ambiente.

 

Eje 3: Reacción ante violaciones a los derechos de las personas defensoras del medio ambiente y el territorio.

Línea estratégica 3.1: Aumentar la capacidad de persecución penal

Programa 3.1.1: de servicio profesional de carrera y certificación de capacidades en investigación penal e integrar casos susceptibles a ser judicializados.

Programa 3.1.2: de servicio profesional de carrera y certificación de capacidades en las personas con función fiscal para integrar investigaciones de carácter penal y litigar efectivamente casos de delitos cometidos contra personas defensoras del medio ambiente y el territorio.

Programa 3.1.3: para generar mecanismos de vinculación, cooperación e intercambio de información de las instituciones coadyuvantes en la investigación y persecución penal. 

Línea estratégica 3.2: Mejorar el enfoque para juzgar

Programa 3.2.1: de desarrollo de protocolos transversales para que las personas juzgadoras generen sentencias con perspectiva interseccional para sustanciar casos que involucran personas dedicadas a la defensa del territorio y el medio ambiente.

Programa 3.2.2: de certificación de capacidades de las personas juzgadoras federales y estatales para aplicar los protocolos en las sentencias.

Línea estratégica 3.3: Aumentar la capacidad y especialidad de los servicios de defensa pública

Programa 3.3.1: de servicio profesional de carrera y certificación de capacidades de las personas defensoras federales y estatales para representar a personas imputadas por delitos relacionados con la defensa del medio ambiente y el territorio.

Línea estratégica 3.4: Reducir la impunidad y la corrupción institucional

Programa 3.4.1: para crear y fortalecer mecanismos de consulta, evaluación de calidad y aportación de pruebas a los procesos de denuncia, investigación, sanción, ejecución y reinserción social; de forma anónima para las personas defensoras del medio ambiente

Programa 3.4.2:  para crear y fortalecer servicios adecuados de protección a denunciantes en casos de agresiones y violaciones de derechos humanos en materia ambiental.

Programa 3.4.3: fortalecimiento del control interno de las instituciones y vinculación de las contralorías, visitadurías, auditorías y fiscalías anticorrupción para perseguir de forma conjunta faltas administrativas y delitos penales en contra de las personas dedicadas a la defensa del medio ambiente y el territorio.

 

Eje 4: Reparar el tejido social y el daño causado a las personas defensoras del medio ambiente y el territorio.

Línea estratégica 4.1: Mejorar la capacidad de servicios de los mecanismos alternativos de solución de conflictos

Programa 4.1.1: de certificación de capacidades de las personas facilitadoras de procesos de mediación de conflictos relacionados con el medio ambiente y en contra de las personas defensoras.

Línea estratégica 4.2: Mejorar la capacidad de seguimiento de sentencias y reinserción social

Programa 4.2.1: de desarrollo de sistemas de seguimiento de las resoluciones de los tribunales en temas ambientales, así como su difusión y conocimiento por parte de la ciudadanía.

Programa 4.2.2: del desarrollo de sistemas institucionales que permitan a las autoridades y comunidades dar seguimiento al cumplimiento cabal de las sentencias.

Línea estratégica 4.3: Mejorar las capacidades institucionales para garantizar la reparación integral del daño 

Programa 4.3.1: del establecimiento de parámetros  claros y transparentes que permitan otorgar y dar seguimiento a medidas de reparación integral del daño ante las víctimas. 

Programa 4.3.2: de la simplificación y mejora de los procesos administrativos y burocráticos en los sistemas institucionales de atención a víctimas en atención  a las mejores prácticas en la materia.

Programa 4.3.3: de la detección, seguimiento y sanciones efectivas ante eventos de reincidencia en afectaciones en contra de las personas defensoras del medio ambiente y el territorio. 

Programa 4.3.4: de la creación de mecanismos de seguimiento sobre los procesos de reparación y rendición de cuentas que permitan fiscalizar y evaluar el desempeño de las autoridades para garantizar el bienestar integral de las personas dedicadas a proteger el medio ambiente.

Programa 4.3.5: de la creación de mecanismos permanentes de retroalimentación y trabajo conjunto entre autoridades, víctimas, sociedad civil y colectivos.

 

Línea estratégica transversal ET-1: Sostenibilidad

Programa TE-1.1: de desarrollo de la proyección actuarial de costos de recursos financieros, materiales, tecnológicos y humanos necesarios para implementar las políticas y planes de acción interinstitucionales.

Programa TE-1.2: de desarrollo del programa presupuestal y los lineamientos de operación de los programas.

Programa TE-1.3: de desarrollo del programa de evaluación del gasto en tiempo real, seguimiento o contraloría social y transparencia presupuestal de los recursos asignados para promover, prevenir, investigar, perseguir y sancionar; delitos contra las personas defensoras del medio ambiente y el territorio.  

Public Policy Framework

Axis 1: Primary Prevention through increasing appreciation, recognition, and capacity-building spaces

Strategic Line 1.1: Generate appreciation and recognition from society, individuals in public service, and the local business sector.

Program 1.1.1: Support and funding for cultural and communication projects at the local level to raise awareness, recognize, and value the work of individuals dedicated to defending the environment.

Program 1.1.2: Periodic certification of individuals in the public service with potential contact with environmentall defenders.

Program 1.1.3: Periodic certification of individuals in the private sector engaged in the use, extraction, and exploitation of natural resources to access permits, tenders, concessions, and licenses.

Program 1.1.4: On educational campaigns in basic and upper secondary education to raise awareness of the work carried out by individuals dedicated to environmental defense and the dissemination of environmental knowledge.

Strategic Line 1.2: Build capacities for individuals in public service and environmental defenders.   

Program 1.2.1: Municipal-level public investment to provide capacity-building spaces for public service.

Program 1.2.2: Municipal-level public investment to provide capacity-building spaces and professionalization schemes for environmental defenders.

Program 1.2.3: Support and funding for collective spaces and the creation of networks for organizations, activists, and professionals dedicated to environmental defense.

Program 1.2.4: Support and funding for local projects dedicated to the defense and protection of environmental defenders and communities.

Axis 2: Secondary Prevention to monitor respect for their rights and respond effectively to their needs.

Strategic Line 2.1: Enhance the capacity for phenomenological investigation and context analysis.

Program 2.1.1: Creation and allocation of material, human, and financial resources for community police with an ethnographic approach to protect the environment and human rights defenders.

Program 2.1.2: Creation of inter-institutional units for phenomenological investigation and context analysis, including police from all three levels of government, regional prosecutors’ offices, the attorney general’s office, the national guard, and other institutions and commissions related to environmental, security, and justice matters.

Program 2.1.3: Training and certification of capacities for investigating criminal phenomena, as well as analysts, experts, forensic professionals, investigative agents, and tactical operation units.

Program 2.1.4: Design, maintenance, and improvement of public denunciation computer systems.

Strategic Line 2.2: Inter-institutional planning for detecting violations of environmental human rights.

Program 2.2.1: Creation of the inter-institutional system for the development, implementation, and evaluation of the state policy for the protection of environmental defenders.

Program 2.2.2: Participatory, intersectional, and multi-stakeholder development of the policy for the protection of environmental defenders.

Program 2.2.3: Transparency and open data from institutions responsible for implementing the policy.

Program 2.2.4: Projection, approval, and improvement of the strategic implementation plan published by each institution in the system.

Program 2.2.5: Measures ensuring the welfare and job security of the municipal, state, and federal public administration members with functions related to environmental defenders.

Strategic Line 2.3: Enhance protection for environmental defenders and their communities.

Program 2.3.1: Development and implementation of the necessary normative and regulatory frameworks to ensure effective and timely protection of the physical, psychological, and emotional integrity of environmental defenders.

Program 2.3.2: Exploration of adjustments to the constitutional, legal, and regulatory framework at the municipal, state, and federal levels to strengthen the inter-institutional protection system and ensure the application of the rights of environmental defenders.

Program 2.3.3: Measures and strategies to establish local protocols for timely threat detection and risk mitigation for the protection of environmental defenders.

Program 2.3.4: Measures and protocols for the protection of privacy, personal data, and the inviolability of communications for environmental defenders.

Program 2.3.5: Support dissemination campaigns on existing reporting mechanisms and protocols for the protection of environmental defenders.

Program 2.3.6: Improvement or issuance of an official Mexican standard for the care of environmental defenders, granting and monitoring protective measures, and investigating violations of their rights.

Program 2.3.7: Open data systems and surveys to evaluate the performance of authorities in ensuring the overall well-being of defenders.

Axis 3: Reacting to violations of the rights of environmental defenders.

Strategic Line 3.1: Strengthen the capacity for criminal prosecution.

Program 3.1.1: Professional career service and certification of capacities in criminal investigation to handle cases that may be brought to court.

Program 3.1.2: Professional career service and certification of capacities for fiscal functions to handle criminal investigations and effectively litigate cases of crimes against environmental defenders.

Program 3.1.3: Establish mechanisms for linking, cooperation, and information exchange among institutions involved in criminal investigation and prosecution.

Strategic Line 3.2: Improve the approach to judging

PProgram 3.2.1: Development of cross-cutting protocols for judges to render sentences with an intersectional perspective to address cases involving human rights defenders,

Program 3.2.2: Certification of capacities for federal and state judges to apply the referred protocols in their sentences.

Strategic Line 3.3: Increase the capacity and specialty of public defense services

Program 3.3.1: Professional career service and certification of capacities for federal and state defenders.

Strategic Line 3.4: Reduce impunity and institutional corruption

Program 3.4.1: Create and strengthen mechanisms for consultation, quality assessment, and submission of evidence for denunciation, investigation, sanction, enforcement, and social reintegration processes; anonymously for environmental defenders.

Program 3.4.2: Create and strengthen appropriate protection services for whistleblowers in cases of attacks and violations of human rights in environmental matters.

Program 3.4.3: Strengthen internal control of institutions and link the comptroller’s offices, ombudsman offices, audits, and anti-corruption prosecutors to jointly pursue administrative offenses and criminal offenses against individuals dedicated to defending the environment.

Axis 4: Repair the social fabric and the damage caused to environmental defenders.

Strategic Line 4.1: Enhance the capacity of alternative conflict resolution mechanisms.

Program 4.1.1: Certification of capacities for facilitators of conflict mediation processes related to the environment and against environmental defenders.

Strategic Line 4.2: Improve the capacity for monitoring sentences and social reintegration

Program 4.2.1: Development of systems to monitor environmental court resolutions and their dissemination and public knowledge.

Program 4.2.2: Development of institutional systems that allow authorities and communities to monitor the full compliance of sentences.

Strategic Line 4.3: Improve institutional capacities to ensure comprehensive damage reparation

Program 4.3.1: Establishment of clear and transparent parameters for granting and monitoring comprehensive damage reparation measures to victims.

Program 4.3.2: Simplification and improvement of administrative and bureaucratic processes in institutional victim support systems based on best practices in the field.

Program 4.3.3: Detection, monitoring, and effective sanctions for cases of recidivism in violations against environmental defenders.

Program 4.3.4: Creation of mechanisms for monitoring the reparation and accountability processes that allow oversight and evaluation of the performance of authorities in ensuring the overall well-being of individuals dedicated to protecting the environment.

Program 4.3.5: Creation of permanent feedback and collaboration mechanisms among authorities, victims, civil society, and collectives.

Transversal Strategic Line ET-1: Sustainability

Program TS-1.1: Conducting an actuarial projection of costs for the financial, material, technological, and human resources necessary to implement inter-institutional policies and action plans.

Program TS-1.2: Formulating the budgetary program and operational guidelines for the programs.

Program TS-1.3: Establishing a program for real-time expenditure evaluation, monitoring, social auditing, and budget transparency for resources allocated to promote, prevent, investigate, prosecute, and sanction crimes against environmental defenders.