Protocolo de Actuación y hoja de ruta para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos en Asuntos Ambientales.
Apoyo de Agence Française de Développement para el Gobierno Mexicano.
Reporte de julio 2023
El objetivo del presente documento es dar seguimiento a las acciones realizadas en el marco de esta Consultoría, la cual tiene como objetivo principal elaborar un Protocolo General de actuación para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Ambientales, a partir de los lineamientos y obligaciones establecidas al Estado Mexicano por el Acuerdo de Escazú, así como una guía de implementación eficiente a nivel federal y estatal. Mediante el Protocolo y su guía de implementación, se busca atender lo establecido en el artículo 9 del referido Acuerdo, pues se estima que ambos funcionarán como instrumentos para lograr el reconocimiento, protección y promoción de los derechos de las personas defensoras de derechos humanos en materia de asuntos ambientales en México.
Para estos fines, el proyecto se integra de los siguientes componentes:
Investigación.
Diagnóstico de instrumentos normativos y de políticas públicas, para identificar el reconocimiento de los derechos de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, la existencia de mecanismos de protección y las acciones para la promoción de los derechos reconocidos. En la escena nacional (Federal- General) se encontró la siguiente normatividad y políticas públicas:
Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Ley General de Víctimas.
Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024.
Programa Institucional 2020-2024 de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2020-2024.
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024.
Con respecto a la escena estatal, los hallazgos fueron los siguientes:
Legislación:
Leyes de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (14 entidades).
Ley de Atención a Víctimas (18 entidades).
Leyes de protección ambiental (Veracruz, Tlaxcala).
Otras legislaciones constitucionales (Ciudad de México).
Política Pública:
Coahuila – Ciudades Seguras para periodistas y personas defensoras.
Oaxaca – Por la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas (PDP).
Ciudad de México – Plan Anual de Trabajo del Mecanismo de Protección.
También se contempló un análisis comparativo de buenas prácticas regionales, con los casos de Colombia, Perú y Ecuador, así como los antecedentes de Escazú: la Conferencia de Río, el Convenio de Aarhus y la implementación del Principio 10 de Río-LATAM).
Asimismo, derivado del diagnóstico, se realizó una matriz de análisis de las 32 entidades federativas con el objetivo de incluir en las mesas de trabajo a tres entidades federativas paradigmáticas en la materia: como resultado de ello, se sugirió la elección de Sonora, Oaxaca y Tlaxcala. La decisión final se tomará mediante diálogo con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Agencia Francesa de Desarrollo
Proceso Nacional Participativo.
Contempla la realización de cuatro mesas virtuales con la participación de la ciudadanía interesada en la materia, academia, representantes del gobierno federal de los tres poderes, representantes de tres gobiernos locales, y organizaciones y agencias de cooperación internacionales.
En la sesión preliminar se consulta sobre las acciones y normativas que las instituciones implementan actualmente para el reconocimiento, promoción y protección de los derechos, se recibe una retroalimentación y se identifican las necesidades específicas. En la sesión 1 se realiza la identificación de necesidades y clasificación por institución. En la sesión 2 se conduce la primera etapa para la identificación de medios de articulación institucional o bien, necesidades conjuntas. En la sesión 3 se lleva a cabo la presentación de casos hipotéticos para análisis de mecanismos de acción.
Protocolo y guía de armonización e implementación del Protocolo.
Hasta la fecha, hemos avanzado facilitando el proceso nacional participativo, involucrando a diversos actores interesados en la materia y enriqueciendo el análisis con buenas prácticas regionales e internacionales. Como resultado, identificamos como siguientes pasos la necesidad de desarrollar políticas sectoriales que garanticen la protección y promoción de los derechos de las personas defensoras de derechos ambientales en diferentes ámbitos institucionales. Además, es fundamental acompañar a las políticas con planes de acción específicos que concreten la implementación del Protocolo y su guía de armonización en cada entidad federativa y a nivel nacional. Asimismo, se deberán establecer modelos de gestión en las instituciones, desde el nivel municipal hasta el multinacional, para asegurar la efectiva aplicación y seguimiento de las medidas de protección y promoción. La colaboración y coordinación entre diferentes niveles de gobierno, organizaciones y agencias internacionales será clave para lograr el éxito en la implementación de este importante instrumento de salvaguardia de los derechos ambientales y los defensores que luchan por ellos.
Protocol of Action and Roadmap for the Protection of Environmental Human Rights Defenders.
Support from Agence Française de Développement for the Mexican Government.
July 2023 Report
The purpose of this document is to provide an update on the actions taken within the scope of this Consultancy, which aims to develop a comprehensive Protocol of Action for the Protection of Environmental Human Rights Defenders, based on the guidelines and obligations established by the Escazú Agreement to the Mexican State, along with an efficient implementation guide at the federal and state levels. Through the Protocol and its implementation guide, we aim to address the provisions of Article 9 of the aforementioned Agreement, as we envision both instruments functioning as tools to achieve recognition, protection, and promotion of the rights of environmental human rights defenders in Mexico.
To achieve these objectives, the project consists of the following components:
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Research.
Diagnosis of normative instruments and public policies to identify the recognition of human rights defenders in environmental matters, the existence of protective mechanisms, and actions to promote the acknowledged rights. On a national scale (Federal-General), the following norms and public policies were found:
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Law for the Protection of Human Rights Defenders and Journalists.
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General Law of Victims. National Human Rights Program 2020-2024.
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Institutional Program 2020-2024 of the Executive Commission for Attention to Victims.
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Institutional Program 2020-2024 of the National Institute of Indigenous Peoples.
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Comprehensive Program to Prevent, Address, Sanction, and Eradicate Violence against Women 2020-2024.
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Environmental and Natural Resources Sector Program 2020-2024.
Regarding the state level, the findings were as follows:
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Legislation:
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Laws for the Protection of Human Rights Defenders and Journalists (14 states). Victims’ Assistance Law (18 states).
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Environmental protection laws (Veracruz, Tlaxcala).
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Other constitutional legislations (Mexico City).
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Public Policy:
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Coahuila – Safe Cities for journalists and defenders.
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Oaxaca – For the Protection of Human Rights Defenders and Journalists (PDP).
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Mexico City – Annual Work Plan of the Protection Mechanism.
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We also considered a comparative analysis of regional best practices, including cases from Colombia, Peru, and Ecuador, as well as the background of Escazú: the Rio Conference, the Aarhus Convention, and the implementation of Rio-LATAM Principle 10.Additionally, as a result of the diagnosis, we created an analysis matrix of the 32 federal entities to include three paradigmatic federal entities in the work sessions: Sonora, Oaxaca, and Tlaxcala. The final decision will be made through dialogue with the Ministry of Foreign Affairs and the Agence Française de Développement.
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National Participatory Process. This involves conducting four virtual sessions with the participation of interested citizens, academia, representatives of the federal government’s three branches, representatives of three local governments, and international cooperation organizations and agencies. During the preliminary session, we inquire about the actions and regulations currently implemented by institutions to recognize, promote, and protect rights, gather feedback, and identify specific needs. Session 1 focuses on identifying needs and classification by institution. Session 2 addresses the initial stage of identifying means of institutional articulation or common needs. Session 3 involves presenting hypothetical cases for analysis of action mechanisms.
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Protocol and Harmonization and Implementation Guide for the Protocol. This includes the delivery of these tools.
To date, we have made progress by facilitating the national participatory process, involving diverse stakeholders interested in the matter, and enriching the analysis with regional and international best practices. As a result, we have identified the need for developing sectoral policies to ensure the protection and promotion of the rights of environmental human rights defenders at various institutional levels. Additionally, it is crucial to accompany these policies with specific action plans to concretize the implementation of the Protocol and its harmonization guide in each federal entity and at the national level. Furthermore, it is imperative to establish management models within institutions, from the municipal to the multinational level, to ensure the effective application and monitoring of protective and promotional measures. Collaboration and coordination among different levels of government, organizations, and international agencies will be key to achieving success in implementing this essential instrument for safeguarding environmental rights and the defenders who fight for them.