Romper el ciclo:
Los desafíos que enfrentan las personas periodistas y defensoras de derechos humanos, el territorio y el medio ambiente
Sexenios van y vienen; promesas de solidaridad, tolerancia, integridad y transformación, y en México, las personas periodistas y defensoras de derechos humanos, del territorio y medio ambiente, continúan siendo violentadas por realizar su labor.
Frente a este panorama —sin pretender agotar los componentes y aceptando la complejidad del fenómeno y su intersección con problemas de larga data— el presente artículo busca introducir a las causas, efectos y factores que contribuyen a la persistencia de este ciclo de violencia, y sintetiza algunas de las reflexiones del equipo de BORDE que sustentan nuestras propuestas y proyectos de cambio.
De igual forma, proponemos identificar las características de la violencia ejercida en contra de las personas defensoras y periodistas, y las dificultades que se derivan de ello para garantizar su acceso a la justicia. Esto último es especialmente relevante tras la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú el pasado 22 de abril del 2021, mediante el cual se hace explícita la responsabilidad de los Estados para proteger los derechos humanos y de acceso a la justicia en asuntos ambientales; particularmente en la protección de las personas que ejercen estas labores.
A pesar de este logro, el panorama es por demás adverso. Según el reporte de Global Witness, América Latina es la región más letal para la defensa medioambiental. Durante el 2021, México ocupó el primer lugar mundial en asesinatos de ambientalistas, cuando se reportó el asesinato de 54 personas defensoras: dos tercios de estos ataques mortales tuvieron lugar en Oaxaca y Sonora, en donde existen importantes intereses mineros que han dado lugar a cruentas luchas por la tierra. En esta dirección apunta también el Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos en México 2022 del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en donde se establece que en el 2022 se registró el mayor número de eventos de agresión en contra de personas defensoras: al menos, 197 agresiones (lo que representa un incremento de más del 82% en comparación con el 2021, donde se registraron 108 agresiones). De estos 197 casos, 24 personas fueron asesinadas y los estados de la república que registraron un mayor número de agresiones fueron Oaxaca (34), Ciudad de México (27), Chihuahua (21), Jalisco (20), Chiapas (19) y Guerrero (17). En este contexto, es importante reconocer que la violencia se ejerce de manera diferenciada con motivos de etnia, género y condición socioeconómica pues, como señala este reporte, la mayor parte de las agresiones (el 52%) se ejercieron en contra de comunidades indígenas y en el 45% de los casos los perpetradores fueron agentes del Estado en sus diferentes niveles.
El panorama para la libertad de expresión es igualmente preocupante: tan solo en el 2022 se registraron 696 atentados en contra de los y las periodistas en el país, lo que significa que cada 13 horas se comete una agresión en contra de un periodista, según el reporte de la organización Artículo 19 Voces contra la indiferencia. Este mismo estudio también señala que, junto con el 2017, el 2022 fue el año más letal para quienes ejercen esta actividad, pues se reportó el asesinato de al menos 13 periodistas.
Para continuar con esta reflexión, consideramos necesario definir los conceptos centrales que nos ayudan a caracterizar la violencia en contra de las personas defensoras y periodistas, ya que sin ello sería difícil entender, en primer lugar, cómo estas formas de violencia han erosionado paulatinamente la confianza en las instituciones públicas mexicanas para garantizar el bienestar colectivo y, en segundo lugar, dificultaría entender cómo afecta de manera particular a periodistas y personas defensoras con motivo de su labor.
En primer lugar, se trata de una violencia multidimensional, que se refiere a la existencia de múltiples manifestaciones de violencia que pueden coexistir y a menudo se intersectan (incluyendo la violencia física, sexual, psicológica, económica, cultural, entre otras). Además, esta violencia puede manifestarse en varios espacios, incluyendo el hogar, el lugar de trabajo, la escuela, y el espacio público, lo que limita sensiblemente el desarrollo político, económico y social de las víctimas. La violencia multidimensional se reconoce por su complejidad y por el hecho de que diferentes formas de violencia pueden reforzarse mutuamente y tener efectos acumulativos.
El segundo concepto que retomamos en esta reflexión es la violencia sistemática, que se ejerce en contra de ciertos grupos de personas y, al estar arraigada precisamente en estructuras sociales, produce distribuciones inequitativas en el acceso a los recursos y bienes sociales. A diferencia de la violencia física, no existe un actor único y definido que ejerce la violencia directamente, pues los daños referidos pueden tener origen y ser formalizados en estructuras institucionales que imponen la marginación los grupos afectados y limitan seriamente su capacidad de satisfacer sus necesidades humanas básicas. Caracterizar la violencia sistémica, implica aceptar que las agresiones no son actos aislados, sino un patrón de comportamiento que se perpetúa y mantiene debido a elementos de discriminación estructural que afectan de forma diferenciada a las víctimas de acuerdo su género, raza, clase social, sexualidad, capacidad física o mental, origen étnico, nacionalidad, religión, edad o estatus migratorio —elementos que proponemos abordar desde la perspectiva interseccional—
Los personas periodistas y defensoras en México son violentadas de forma multidimensional y sistemática. Un ejemplo evidente de ello es que se obstaculiza su acceso a la justicia: la tasa de impunidad en delitos relacionados con estas actividades es del 98%, según el Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos relativo a su misión a México durante 2017, y la cifras de enjuiciamiento y sentencias condenatorias resultan insignificantes si consideramos el alto número registrado de casos de violaciones graves de los derechos humanos en esta materia. En el caso de delitos en contra de la libertad de expresión, la cifra de impunidad es del 97.9%, pues desde el 2010 —año en el que se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión— de un total de 1592 indagatorias solamente se han obtenido 32 sentencias.
En esta misma dirección apunta el Índice de Impunidad Ambiental —herramienta que evalúa la imposibilidad de investigar, perseguir, enjuiciar, sancionar y reparar los delitos y daños en contra del medioambiente; el incumplimiento de objetivos de política ambiental y climática, así como la inexistencia de estrategias y programas de políticas públicas —, que sitúa la media nacional en 1.9 de un máximo de 4 puntos, lo que evidencia la incapacidad institucional para proteger a las personas defensoras, así como garantizar el derecho constitucional a un medioambiente sano.
Frente a este panorama, es cierto que el problema se relaciona con actos de corrupción y colusión de las autoridades con grupos empresariales o del crimen organizado; además de la influencia de intereses económicos en las decisiones políticas en detrimento de los derechos colectivos, la falta de voluntad para hacer cumplir cabalmente la normatividad ambiental y la baja valoración social e institucional sobre las actividades destinadas a la defensa de la libertad de expresión y del medio ambiente y el territorio. No obstante, es necesario considerar al debilitamiento y la falta de capacidades institucionales a nivel nacional y local —particularmente, en los sistemas de justicia— como un factor que incide en la reproducción del problema, porque impide detectar incidentes e implementar medidas oportunas de protección, emprender acciones de investigación fenomenológica de calidad y mejorar la atención de víctimas en casos específicos. También incide en la falta de capacidad del sistema de justicia para perseguir delitos y obtener sentencias condenatorias en juicios públicos, transparentes, exhaustivos y equitativos; así como para definir consecuencias a las conductas delictivas, garantizar la reparación del daño y la no repetición de estas conductas.
Frente a la complejidad y gravedad de los ataques contra personas defensoras del medio ambiente, los presupuestos estatales son insuficientes. En este sentido, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año 2023 asigna al Ramo 16 (el destinado al medio ambiente y recursos naturales) un total de 75.627 millones de pesos, lo que significa un aumento del 85 % con respecto al Presupuesto aprobado en el 2022; no obstante, este aumento se refleja principalmente en el monto asignado a la Comisión Nacional del Agua (68 mil 485.4 millones de pesos, lo que representa el 90.5% del presupuesto total), lo que significa que entre la SEMARNAT (que representa el 2.7% del presupuesto), CONAFOR (3.35%), PROFEPA (1.1%), CONANP (1.23%), IMTA (0.29%), INECC (0.25%) y ASEA (0.44%) se distribuirán los 7 mil 141.8 millones de pesos restantes (9.5%). Como ha expresado el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, a pesar de los recursos destinados, el sector ambiental sigue teniendo una asignación presupuestaria inadecuada que apenas permite a las dependencias operar, lo que tiene graves consecuencias para el medioambiente y las personas defensoras.
Son públicos y ampliamente conocidos los conceptos, datos e información referida en esta reflexión que describen el fenómeno de violencia ejercida contra las personas defensoras y periodistas desde una visión sistémica y multidimensional del problema público. En ello, el fracaso del Estado por asegurar la integridad de este grupo de personas y la colusión entre las autoridades electas, algunas personas en el servicio público y agentes económicos en conjunto, perpetúan el ciclo de violencia e impunidad.
Pero todo ciclo tiene un eslabón débil y, en este caso, es evidente la necesidad de generar respuestas desde la esfera social. Podemos apuntar hacia el fortalecimiento de los sistemas locales mediante la formación de capacidades entre periodistas y personas defensoras de derechos para incorporar un enfoque sistémico, participativo e interseccional en el diseño de políticas públicas dirigidas a aumentar la prevención, protección, investigación y procuración de justicia. El objetivo es mejorar la gestión de su seguridad y el bienestar integral de quienes se dedican a estas labores; para ello, en la definición y en el análisis de los efectos y consecuencias de este problema público es importante integrar actores clave de los sistemas locales, generar una propuesta colectiva para construir una agenda de política pública y formar capacidades locales para emprender campañas de incidencia pública con enfoque estratégico.
Durante este ejercicio, identificamos al menos estas entre otras muchas formas de romper el ciclo. Reconocemos una grán diversidad de personas, colectivos y organizaciones comunitarias con una basta trayectoria en la materia, y por ello planteamos profundizar en este vasto potencial de cambio en futuras entregas:
Título: Repensar la justicia: una reflexión sobre las capacidades Institucionales y desafíos en el sistema de justicia mexicano
Sinopsis: Este artículo busca centrar la atención en el actuar del Estado mexicano Estado mexicano para garantizar un entorno seguro, y construir comunidades en paz, así como en las capacidades y retos institucionales para hacer frente al problema. De forma particular, se propone ahondar en el contexto y capacidades instituciones del sistema de justicia mexicano.
Título: Transparentar y abrir la justicia ambiental y derechos humanos
Sinopsis: Este artículo busca señalar el mapa de ruta para lograr un sistemas de datos abiertos que permitan fiscalizar y evaluar el desempeño de las autoridades para garantizar el bienestar integral de las personas dedicadas a proteger el medio ambiente.
Título: Aliados anónimos: sobre la importancia de la denuncia anónima y la protección de testigos en la lucha por la libertad de expresión y los derechos humanos ambientales
Sinopsis: Este documento busca explorar sobre los mecanismos existentes de consulta, evaluación de calidad y aportación de pruebas a los procesos de denuncia y reinserción social, así como en las posibilidades y oportunidades institucionales para crear y fortalecer servicios adecuados de protección de testigos y las personas denunciantes en materia de violación de derechos humanos medioambientales y libertad de expresión.
Título: La larga lucha: recorrido por la normatividad nacional e internacional para la protección derechos humanos en materia medioambiental y libertad de expresión en México
Sinopsis: Este artículo busca realizar un mapa sistémico la normatividad nacional e internacional reconocida por el Estado mexicano destinada a la protección, acceso a la justicia y reparación del daño de personas de derechos humanos y periodistas .
Título: De la colaboración a la acción: planificación y procesos interinstitucionales en la protección de personas defensoras de derechos humanos ambientales y libertad de expresión
Sinopsis: Este artículo busca ahondar en los procesos y planeación interinstitucionales a nivel federal que existe para la vigilancia y detección de casos sobre violaciones de derechos humanos relacionados con la defensa del medio ambiente y la libertad de expresión, así como sugerir ideas de mejora de dichos procesos.
Título: Proteger a quienes protejen
Sinopsis: Este artículo busca tratar la existencia de mecanismos institucionales, jurídicos y administrativos que abonen a la protección de personas servidoras públicas encargadas de la gestión de protección y justicia, las condiciones de bienestar y satisfacción laboral, así como identificar posibles nudos burocráticos y jurídicos que obstaculicen el acceso a la justicia y la reparación del daño
Título: Preservar la justicia: sobre la importancia de las investigaciones fenomenológicas y judiciales para asegurar el bienestar integral de las personas defensoras
Sinopsis: Este artículo busca reflexionar en torno a las posiblidades de mejorar la formación y certificación de capacidades del personal dedicado a investigar, así como analistas, peritos, forenses, agentes de investigación y unidades de operación táctica en casos relacionados con violaciones a personas defensoras del medio ambiente.
Título: Romper las inercias: ¿Cómo fortalecer los controles institucionales internos para la investigación efectiva en materia de corrupción ante delitos medioambientales y contra la libertad de expresión?
Sinopsis: Este artículo pretende ahondar en la investigación sobre órganos internos de control de las instituciones públicas de procuración de justicia en materia medioambiental y de derechos humanos. El objetivo es esclarecer sus protocolos de autoinvestigación y qué carácterísticas institucionales deben prevalecer para garantizar el correcto funcionamiento de esta labor. Asimismo, se pretende arrojar luz sobre las denuncias recibidas, casos investigados y sentenciados en los controles internos de las fiscalías y policías.
Título: Mejorar el enfoque para juzgar
Sinopsis: Este artículo busca abonar hacia la existencia de protocolos transversales para que las personas juzgadoras generen sentencias con perspectiva interseccional para garantizar el acceso a la justicia y reparación integral de las víctimas de violaciones de derechos humanos en materia ambiental y libertad de expresión.
Título: Protegiendo el medioambiente y la libertad de expresión: diez años de jurisprudencia en materia ambiental y de derechos humanos en México
Sinopsis: El presente artículo busca recopilar resoluciones de los tribunales en temas ambientales en beneficio de los derechos humanos emititos en los últimos 10 años en México, así como ahondar sobre las mejores prácticas en la materia
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Título: Trazando nuevos caminos: reflexiones sobre el marco normativo existente para la protección de derechos ambientales y de las personas defensoras
Sinopsis: Este artículo pretende explorar y sugerir adecuaciones al marco constitucional, legal y reglamentario a nivel municipal, estatal y federal en México para fortalecer el sistema de protección interinstitucional y garantizar la aplicación de los derechos de las personas defensoras del medio ambiente.
Referencias:
Artículo 19, “Voces contra la indiferencia”, marzo del 2023, disponible en la siguiente liga electrónica: https://articulo19.org/vocescontralaindiferencia/.
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Centro Mexicano de Derecho Ambiental, “Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos en México 2022”, abril del 2023, disponible en la siguiente liga electrónica: https://www.cemda.org.mx/publicaciones-y-estudios-del-cemda/resumen-ejecutivo/. Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, “El proyecto de presupuesto 2023 margina y mantiene en la precariedad al sector ambiental:CCMS”, 16 de septiembre del 2022, disponible en la siguiente liga electrónica. https://www.ccmss.org.mx/el-proyecto-de-presupuesto-2023-margina-y-mantiene-en-la-precariedad-al-sector-ambiental-ccmss/.
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JAAS, “La interseccionalidad”, disponible en la siguiente liga electrónica: https://justassociates.org/es/ideas-clave/la-interseccionalidad/.
La Parra, D. y Tortosa, J., “Violencia estructural: una ilustración del concepto”, Documentación Social, 131, 2003, disponible en la siguiente liga electrónica: https://www.ugr.es/~fentrena/Violen.pdf.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023. Resumen en clasificación económica por: unidad responsable, funcional y programas presupuestarios”, septiembre del 2023, disponible en la siguiente liga electrónica: https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/8uLX2rB7/PPEF2023/mo2h2PK/docs/16/r16_reurgfpp.pdf.
Zamora, J., “La violencia estructural. Defensa de un concepto cuestionado”, Instituto de Filosofía (CSIC), 2018, disponible en la siguiente liga electrónica: https://digital.csic.es/bitstream/10261/184720/4/Violencia_estructural.pdf.
Breaking the cycle:
The challenges facing journalists and environmental human rights defenders in Mexico
In Mexico, presidential terms come and go, along with promises of solidarity, social peace, and political transformation. Nevertheless, journalists and environmental defenders continue dealing whit several threats to their safety, as a result of their activities in favor of human rights.
This article attempts to introduce the causes, effects, and factors that contribute to the persistence of this cycle of violence while recognizing the phenomenon’s complexity and its intersection with long-standing issues. This article also synthesizes some of the reflections of the BORDE team that support our proposals and initiatives for change. In addition, we propose to point out the characteristics of the violence committed against defenders and journalists, and the challenges it poses for ensuring their access to justice.
This last critical issue is especially significant due to the Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean (Escazú Agreement) because this regional treaty serves as a tool that poses obligations on the States parties regarding the protection of human rights and access to justice in environmental matters, particularly in the protection of environmentalists and defenders.
However, despite this accomplishment, the situation is adverse. According to Global Witness research, Latin America is the most dangerous region in the world for environmentalists and human rights defenders. In addition, Mexico ranked #1 in the world in environmentalist murders in 2021, when 54 defenders were killed; two-thirds of these assassinations occurred in Oaxaca and Sonora, where mining interests have endangered indigenous communities and caused violent struggles for land.
In the same way, according to the Mexican Center for Environmental Law’s (CEMDA) Report on the Situation of Human Rights Defenders and Communities in Mexico 2022, at least 197 incidents of aggression against human rights defenders and 24 murders occurred in 2022, representing an increase of more than 82% compared to 2021, when 108 aggressions were registered. Oaxaca (34), Mexico City (27), Chihuahua (21), Jalisco (20), Chiapas (19), and Guerrero (17) were the Mexican states with the highest number of attacks registered. Moreover, as the majority of attacks (52%) were carried out against indigenous communities, and the perpetrators were state agents at various levels of government in 45% of the cases, it is critical to recognize that violence is employed in a differentiated manner depending on ethnicity, gender, and socioeconomic status, as this report points out.
The situation for media and freedom of expression in Mexico is also concerning: according to a research conducted by the organization Article 19, there were 696 attacks against journalism in 2022, which implies that a journalist suffered an attack every 13 hours. Furtheremore, according to this research, 2022 was the deadliest year for journalists, with at least 13 individuals murdered.
Therefore, in order to continue with this reflection, it is especially important to define the central concepts that help us characterize violence against defenders and journalists, as otherwise, it would be difficult to understand, firstly, how this violence has gradually eroded trust in Mexican public institutions to ensure collective well-being, and, secondly, how violence particularly impacts journalists and human rights defenders as a result of their activities.
In the first place, it is a case of multidimensional violence, which refers to the existence of numerous manifestations of violence that may exist together and frequently overlap (for example, physical, sexual, psychological, economic, and cultural violence). Furthermore, this violence can present itself in a variety of environments, including the family, job, school, and public space, severely limiting the victims’ political, economic, and social growth. Multidimensional violence is recognized for its complexity and the fact that diverse forms of violence can reinforce and compound one other.
The second idea we would like to address is structural violence, which is embedded in social structures and directed at specific groups of people; as a result, it leads to unequal allocations of resources and social goods. In contrast to physical violence, it is difficult to identify a single and defined actor who actively exercises violence, because the referred harms might originate and be established in institutional frameworks that impose marginalization of affected groups, severely limiting their ability to meet their basic human needs. Consequently, structural violence implies that aggressions are not isolated incidents, but rather a pattern of practices perpetuated as a result of structural discrimination that affects victims differently based on their gender, race, social class, sexuality, physical or mental capacity, ethnic origin, nationality, religion, age, or migratory status — aspects that we propose to address from an intersectional perspective.
Therefore, journalists and human rights defenders in Mexico deal with multidimensional and structural violence. An example of it is that their access to justice is hindered: the impunity rate for crimes related to aggressions against them is 98%, according to the Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders on his mission to Mexico in 2017, and the numbers of prosecutions and convictions are insignificant when we consider the high number of cases that involve severe violations of human rights in this matter. Similarly, in the case of crimes against freedom of expression, impunity remains at 97.9%, because despite 1592 inquiries opened since 2010 (the year the Special Prosecutor for Attention to Crimes Against Freedom of Expression in Mexico was established), only 32 sentences have been issued. In the same direction points the Environmental Impunity Index, which places the national average at 1.9 out of a possible 4 points, demonstrating the institutional inability to safeguard human rights defenders and the difficulties of guaranteeing the constitutional right to a healthy environment.
In this context, it is true that the problem is related to government corruption and collusion with business groups or organized crime; the influence of economic interests in political decisions to the detriment of collective rights; a lack of will to enforce environmental regulations; and the low social and institutional value of activities that protect human rights, such as free expression and environmental defense. However, it is necessary to consider the weakening and lack of institutional capacities at the national and local levels (particularly, in the justice systems) as a factor contributing to the problem’s reproduction because it prevents the detection of incidents and the implementation of timely protection measures. In addition, institutional inability hinders the development of quality phenomenological research actions, affecting victims’ rights in specific cases. It also affects the justice system’s abilities to pursue crimes and achieve judgments in public, transparent, exhaustive, and fair trials, and places difficulties to establish consequences for criminal behavior, and endanger damage repair.
Furthermore, the state’s budget is insufficient given the complexity and seriousness of the attacks against environmental defenders. In this regard, the Federal Expenditure Budget Project for 2023 allocates a total of 75,627 million pesos to the protection of the environment and natural resources. It represents an 85% increase compared to the government budget approved in 2022; nevertheless, the National Water Commission received most of the resources (68 thousand 485.4 million pesos, or 90.5% of the overall budget). As a result, the remaining 9.5% of the budget (that is, 7 thousand 141.8 million pesos) must be distributed among all the other governmental institutions dedicated to environmental protection and crime prosecution. According to the Mexican Civil Council for Sustainable Forestry, despite the resources granted, the environmental sector has an inadequate budget that barely permits government agencies to carry out their daily operations. The lack of public resources seriously affects environmental protection and human rights defenders.
The concepts, facts, and information referred to throughout this article on the violence directed toward human rights defenders and journalists are widely known. Furthermore, the failure of the state to safeguard the integrity of this group of people, as well as complicity between authorities, some public officials, and economic actors, all contribute to the perpetuation of the cycle of violence and impunity.
When confronted with this circumstance, it is clear the need to generate responses from the social sphere. We may aim to strengthen local systems by creating capacity among journalists and human rights defenders to adopt a systemic, participative, and intersectional approach in creating public policies focused on preventing, investigating, and prosecuting aggressions against defenders. The goal is to improve the management of defenders’ security and their well-being and to reach this objective, it is essential to integrate actors from local systems in the definition and analysis of this public problem, generate a collective proposal to build a public policy agenda and build local capacities to undertake public advocacy campaigns.
To break the cycle of violence against human rights defenders, we identified a diverse range of persons, groups, and community organizations with extensive expertise in the field. Thus, we propose to delve into this opportunity for institutional improvement in future articles regarding the following issues:
Rethinking Justice: A Reflection on Institutional Capabilities and Challenges in Mexico’s Justice System
Abstract: This article aims to draw attention to the steps taken by the Mexican State to provide a secure environment and peaceful communities; specifically, the objective is to investigate the context and institutional capacities of the Mexican legal system.
Advancing toward public and accessible environmental justice
Abstract: This article seeks to outline a road map for achieving open data systems that allow monitoring and analyzing government performance to ensure the holistic well-being of people committed to environmental protection.
Anonymous allies: on the importance of anonymous reporting and witness protection in the fight for freedom of expression and environmental human rights
Abstract: This article seeks to examine the existing mechanisms for transparency and assessment of quality in the institutional mechanisms for witness and person protection regarding environmental, human, and free expression rights.
An overview of national and international regulations in Mexico for defending freedom of expression and environmental human rights
Abstract: The purpose of this article is to create an in-depth map of the national and international legislation recognized by the Mexican State for the protection, access to justice, and redress of harm done to human rights activists and journalists.
From collaboration to action: Planning and inter-institutional processes in the protection of environmental human rights defenders and freedom of expression
Abstract: This paper aims to delve into the inter-institutional mechanisms at the federal level that exist for the surveillance and identification of cases of human rights abuses related to environmental defense and free speech.
Protecting those who protect
Abstract: This article seeks to discuss the institutional mechanisms that contribute to the protection of public servants in charge of managing defenders’ security and environmental justice. At the same time, the objective is to identify potential bureaucratic and legal knots that may interfere with victims’ access to justice.
Preserving Justice: The Importance of Phenomenological and Judicial Investigations in Ensuring Defenders’ Integral Well-Being
Abstract: The purpose of this article is to consider the possibilities for improving the training and certification of personnel dedicated to investigating the phenomenon of criminal behavior in cases related to violence against human rights defenders.
How to Strengthen Internal Institutional Controls for Effective Investigation of Corruption in Environmental Crimes and Against Freedom of Expression?
Abstract: The purpose of this study is to research internal control bodies of public institutions for the pursuit of justice in environmental and human rights issues. The objective is to clarify their investigation mechanisms and how to guarantee the effective execution of this job.
Improving the Judging Process
Abstract: This article seeks to point out the importance of transversal protocols that allow judges to generate sentences from an intersectional perspective, ensuring access to justice for victims of human rights violations in environmental and freedom of expression cases.
Protecting the Environment and Freedom of Expression: ten years of Environmental and human rights law in Mexico
Abstract: The purpose of this article is to analyze legal decisions on environmental concerns for the benefit of human rights issued in Mexico over the previous ten years, as well as to delve into best practices in the field.
Analyzing regulatory framework for environmental human rights preservation in Mexico
Abstract: The purpose of this article is to look at Mexico’s constitutional, legal, and regulatory frameworks at the municipal, state, and federal levels to propose some recommendations to strengthen the inter-institutional protection system to safeguard the rights of environmental defenders.
References:
Article 19, “Voces contra la indiferencia”, March 2023, https://articulo19.org/vocescontralaindiferencia/.
Cedillo, C., and LeClercq J., “Números de la injusticia ambiental: la medición de la impunidad en México, ÍCONOS Revista de Ciencias Sociales, 2022, núm. 73, https://iconos.flacsoandes.edu.ec/index.php/iconos/article/view/5172/4044.
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, “Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos en México 2022”, April 2023, https://www.cemda.org.mx/publicaciones-y-estudios-del-cemda/resumen-ejecutivo/.
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, “El proyecto de presupuesto 2023 margina y mantiene en la precariedad al sector ambiental: CCMS”, September 2022, https://www.ccmss.org.mx/el-proyecto-de-presupuesto-2023-margina-y-mantiene-en-la-precariedad-al-sector-ambiental-ccmss/.
Global Witness, “Decade of defiance. Ten years of reporting land and environmental activism worldwide”, September 2022, https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/decade-defiance/.
Human Rights Council of the United Nations, “Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders on his mission to Mexico”, February 2018, https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/doc_pub/A_HRC_37_51_Add_2_EN.pdf.
JAAS, “Intersectionality”, https://justassociates.org/big-ideas/intersectionality/.
La Parra, D., and Tortosa J., “Violencia estructural: una ilustración del concepto”, Documentación Social, 131, 2003, https://www.ugr.es/~fentrena/Violen.pdf.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023. Resumen en clasificación económica por: unidad responsable, funcional y programas presupuestarios”, September 2023, https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/8uLX2rB7/PPEF2023/mo2h2PK/docs/16/r16_reurgfpp.pdf.
Zamora, J., “La violencia estructural. Defensa de un concepto cuestionado”, Instituto de Filosofía (CSIC), 2018, https://digital.csic.es/bitstream/10261/184720/4/Violencia_estructural.pdf.