La seguridad civil y el acceso a la justicia son prioridades de los estados democráticos y en México persiste una enorme deuda de violencia e impunidad que requiere ser atendida. Una red de organizaciones sociales nos dimos a la tarea de generar una propuesta de reforma constitucional que responda a las necesidades de seguridad y justicia para la construcción de paz.
En México el Ministerio Público (MP) hace todo lo posible para no recibir denuncias y en el el 93% de los casos las batea, las evita o no le llegan, de 33 millones de delitos, el MP recibe el 10.6%, solo investiga el 2.1% y tristemente judicializa un ridículo 0.3% del total. No obstante el MP mantiene el monopolio y no permite recibir denuncias a las policías ni deja investigar a otras instituciones con mayor especialización o capacidad territorial.
Estos niveles de impunidad no deberían sorprender a nadie, porque en México tenemos 6 mil 400 Ministerios Públicos y en promedio cada uno debe atender 546 denuncias al año, resolver 328 investigaciones; prácticamente, una por día. Esto provoca que cada MP logre llevar a juicio ta solo un caso al año.
¿Cómo llegamos a esto? pues en México la policía no recibe denuncias, no atiende a las víctimas y no investiga (como sí sucede en todo el mundo). Nuestra justicia cívica está marginada y toda la carga de resolución de los conflictos recaen en el Ministerio Público.
Es una propuesta con cinco componentes generales para lograr la paz:
Está dirigida a reorganizar con claridad los roles de las instituciones de seguridad y justicia para hacer más eficiente y humano el sistema:
El parlamento abierto debe ser más que un espacio para escuchar la ciudadanía y en cambio incluir a la participación como proceso de co-creación que sirva como motor para la democracia y como sistema de apropiación de nuestros derechos desde su origen. Mas que ser una propuesta terminada esta propuesta de iniciativa ciudadana busca abrir la discusión y detonar un proceso de revisión a fondo basado en evidencia y datos que nos ayuden a tomar mejores desiciones legislativas para evitar engaños punitivistas que afecten de manera irreparable a cientos de personas y en específico a las mujeres, las personas con menos recursos y las minorías. Por ello la iniciativa está acompañada de un proceso integral de parlamento abierto:
Toda propuesta legislativa debe partir de un análisis basado en evidencia. Un compendio de datos e información que sostenga la necesidad de hacer determinada modificación. Además es importante que la legislación no sea antidemocrática y por lo tanto es necesario realizar consultas abiertas y grupos d enfoque con personas que pertenezcan a las minorías y grupos sociales más afectados por determinada legislación.
Hay principios básicos para generar una modificación legislativa; el primero es que la propuesta no puede representar una perdida de derechos ya adquiridos (progresividad) en segundo termino es necesario hacer un análisis sistémico de la legislación que se relaciona con cada cambio (mapeo normativo) además es necesario generar criterios claros para valorar los cambios y priorizar las propuestas de solución.
Para lograr contrastar diferentes propuestas es necesario partir de un ejercicio dialéctico en el que las desiciones se basan en argumentos, no solo en votos o mayorías. Para ello es necesario generar un cuadro normativo que incluya los argumentos de cada propuesta de cambio.
Es importante generar una discusión pública y abierta en donde la ciudadanía pueda escuchar en vos de sus autores, las propuestas y argumentos que las sostienen. Finalmente es importante que la integración del texto del dictamen señale con la mayor especificidad en dónde y de qué forma se están considerando las propuestas de cada uno de los participantes en todo el proceso de Parlamento Abierto.
