En mi redacción anterior, mencionamos a la transparencia como una forma de vida en todos los hábitos y actividades cotidianas, también como una herramienta y derecho humano fundamental, en esta ocasión expongo en estas letras al derecho de acceso a la información y a la transparencia como una política pública, y específicamente la Presupuestal.

Gobernar nunca ha sido fácil, y en esta época menos, cuando por Ley los sujetos obligados deben de publicar información pública fundamental, con las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs), el auge que han tomado los medios digitales como las redes sociales, la innovación gubernamental con gobiernos más abiertos y transparentes, además de todos los nuevos paradigmas de la administración pública, donde la contradicción social más devastadora es tener gobiernos que no gobiernen.

Cuando hablamos de una política pública viable, es pensar en no llevar el servicio público de manera improvisada, es decir, debemos diseñar proyectos de interés social, que generen una mayor participación ciudadana, que deje un legado y beneficios a la población para que todos tengamos en el presente y futuro una mejor calidad de vida, un país más competitivo, devolver la confianza de las personas con las instituciones del estado mexicano. Se le atribuye a Harold Lasswell el inicio del estudio de las políticas públicas por sus diversas publicaciones desde el año 1951, documentos que tratan sobre la generación de ideas y uso de la información estadística para la elaboración y ejecución de mejores acciones de gobierno, mismo que define las “Políticas Públicas” como; “Un conjunto de disciplinas que se ocupan de explicar los procesos de elaboración y ejecución de políticas, y se encargan de localizar datos y elaborar interpretaciones relevantes para los problemas de políticas de un periodo determinado (Franco Corzo, 2016)”. Entendiendo estos conceptos, para enfatizar lo que separa a una política de Estado, de Gobierno con la Pública, donde esta última va encaminada a problemas específicos y de impacto con los ciudadanos, debemos tomar en cuenta el proceso para el desarrollo de una política pública viable como lo es; 1- la Gestión (identificación de problema público), 2- Diseño (análisis de factibilidad y plan de acción), 3- Implementación (legislación y presupuesto para el proyecto, así como, su ejecución), y 4- Evaluación de Impacto (efectos y cruce de resultados con los objetivos planteados).

En la actualidad la transparencia para muchos estados de las entidades federativas, se ha convertido en una política pública, encaminada a garantizar a la población, su derecho de acceso a la información, generar mayor participación ciudadana, contar con gobiernos de datos y procesos abiertos, prevenir posibles actos de corrupción y fortalecer la confianza de los ciudadanos con las instituciones.

Hace una década, el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. mejor conocido como el IMCO, buscó información sobre las finanzas públicas estatales para realizar distintos análisis, sin embargo no existía información o la que había, se encontraba dispersa, heterogénea e incompleta. Por ello en el año 2008 inició un análisis y estudio que midiera de forma anual la calidad de la información presupuestal de las entidades federativas a través de un indicador llamado Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE), que verificara el nivel de cumplimiento de las obligaciones por Ley de transparencia y acceso a la información pública, contabilidad gubernamental, disciplina financiera y la generación de las buenas prácticas en la materia, con el propósito de eliminar condiciones de opacidad en el manejo de los recursos públicos.

A lo largo de estos 10 años, el IMCO ha ido incrementado el nivel de cumplimiento de los criterios que integran la metodología de este indicador en materia de transparencia presupuestal (IIPE), donde en esta última edición (2017) logran por primera ocasión llegar 6 estados al 100% del cumplimiento de la evaluación; Jalisco, Puebla, Baja California, Chihuahua, Colima y Coahuila, con un nivel de cumplimiento “Muy Alta” según IMCO, señalando a dos estados que se consolidan por cuatro años consecutivos en el 1er. lugar de la tabla nacional, distinguiendo a Jalisco por llevar este indicador de transparencia presupuestal a Ley local a través de una iniciativa del Gobernador del Estado y aprobada por el Poder Legislativo (Congreso), como “Transparencia y Difusión de la Información Presupuestal” (Decreto publicado el pasado 20 de mayo del 2017, Periódico Oficial “El Jalisco”), donde el Director General del IMCO ha invitado a todos los estados a seguir el ejemplo de Jalisco, para llevar al país por una ruta de competitividad, innovación, transparencia y confianza. Recordando que en el año 2008 el objetivo en materia de transparencia presupuestal (IIPE) era subir de nivel de cumplimiento y generación e implementación de buenas prácticas donde se ha logrado avanzar significativamente en este rubro. Ahora el gran reto es de cara al nuevos Sistema Nacionales Anticorrupción (SNA) y los Sistemas Estales Anticorrupción (SEA), donde estaremos muy al pendiente de este tema desde el espacio que desempeñemos para seguir contribuyendo en la disminución de actos de corrupción y percepción en el país de la cual hemos sido acreedores.

Dr. Guillermo Muñoz Franco

@DrGuillermoMF

Politólogo – Académico e Investigador en materia de Transparencia y Acceso a la Información