Superando el falso dilema humano-tecnológico, defiende la autoridad co-construida, la alfabetización cívica digital, el razonamiento crítico y la artesanía intelectual para preservar la autonomía, la empatía y la formación democrática.
Un análisis desde la experiencia de organizaciones de la sociedad civil sobre los límites, retos y oportunidades para incidir en los procesos legislativos federales y locales.
Herramientas prácticas, ética pública y de gestión emocional, redactar propuestas de forma sistémica, fortalecer la organización horizontal y generar conocimientos colectivos.
Fortalecer las capacidades del Poder Legislativo Federal para hacerlo más abierto, democrático y cercano a la población mexicana.
Mejorando la calidad de los servicios que ofrecen las instituciones de justicia desde el bienestar laboral de las personas operadoras y la experiencia de las personas usuarias.
Facilitamos procesos de diseño participativo de agendas de incidencia pública desde un enfoque interseccional e intercultural para movimientos, colectivos y organizaciones sociales.
Trabajamos con instituciones públicas en procesos de diagnóstico, desarrollo, implementación y evaluación de políticas públicas, normatividad y tecnología cívica.
Activamos procesos de incidencia estratégica para el sector productivo que necesariamente respondan a un enfoque social de responsabilidad democrática, ética pública y transparencia.
Superando el falso dilema humano-tecnológico, defiende la autoridad co-construida, la alfabetización cívica digital, el razonamiento crítico y la artesanía intelectual para preservar la autonomía, la empatía y la formación democrática.
Regular el cabildeo debe transparentar la influencia, ampliar la incidencia y redistribuir capacidades de participación, evitando que la regulación concentre poder, cierre interlocución o convierta la transparencia en control político.
La reforma judicial mexicana politizó la selección de juzgadores sin demostrar mejoras en acceso, calidad o independencia; el artículo examina sus costos y propone profesionalización, participación ciudadana y evaluación reversible.
México necesita una justicia cívica territorial, accesible y coordinada, capaz de resolver conflictos tempranos, reparar daños y enlazar instituciones sin duplicar funciones ni sustituir las competencias penales, civiles o familiares.
El artículo examina cómo las plataformas digitales privatizan la conversación pública y propone una gobernanza algorítmica cívica, distribuida y auditable que combine regulación estatal, innovación empresarial, pluralidad y derechos democráticos.
México debe regular la inteligencia artificial antes de que la opacidad, la dependencia tecnológica y la desigualdad se vuelvan estructurales. La respuesta exige deliberación democrática, impulsar la innovación sin sustituir decisiones colectivas humanas.
