En México y el mundo cada día cobra mayor relevancia la justicia abierta. Es por ello que María Silva y Carlos Soto, con la ayuda de las ilustraciones de Gustavo “Guffo” Caballero, ideamos este cómic para tratar de explicar brevemente en qué consiste el concepto en mención.
Los personajes principales, un mallete -que simboliza la función jurisdiccional- y una lupa -que resalta la importancia de la transparencia-, nos guían a través de las ideas torales que dan sustento a la justicia abierta, tales como transparencia, sentencias ciudadanas, rendición de cuentas, participación social y colaboración institucional. Además, nos indican cuáles son los beneficios de contar con una justicia abierta.
Así, sin mayores presentaciones, conozcamos el cómic que presentamos.
A fines del siglo pasado surgió el movimiento de gobierno abierto, que buscaba terminar con la secrecía con la que usualmente actuaba el poder ejecutivo, a través de la transparencia y la rendición de cuentas. Para lograrlo, se buscó que la sociedad participara activamente en la toma de decisiones, resaltando la utilización de los avances tecnológicos para empoderar a la sociedad. Esta figura fue trasladada a los otros dos poderes del Estado, es decir, el legislativo y el judicial, adoptando los nombres de parlamento abierto y justicia abierta, cada una con las particularidades del caso concreto.
La actividad principal de los poderes judiciales es la resolución de conflictos a través del dictado de sentencias. Para lograr lo anterior, bajo los estándares modernos de transparencia, es necesario que tales fallos estén redactados en un lenguaje claro, comprensible para toda la gente, a través del dictado de sentencias ciudadanas.
De esta manera, las sentencias ciudadanas se convierten en una herramienta indispensable de la justicia abierta, ya que permite que toda la ciudadanía, y no solo los estudiosos del derecho, comprendan cómo están resolviendo sus juezas y jueces.
A través de la transparencia y la rendición de cuentas del poder judicial se permite luchar contra uno de los males que aquejan a nuestra sociedad: la corrupción. De esta manera, la justicia abierta será una aliada indispensable al momento de instrumentar el sistema nacional anticorrupción en el ámbito judicial, tanto a nivel federal como local.
Como señalamos al principio, la participación de la sociedad en todos los poderes del Estado es sumamente importante. A fin de cuentas, todos los órganos gubernamentales, entre los que se encuentran los tribunales, tienen como finalidad servir a la colectividad.
Una forma de interacción con los tribunales, poco explorada y utilizada en nuestro país, es a través de la figura del amicus curiae, en el que cualquier persona u organización no gubernamental, sin ser parte en un juicio respectivo, puede presentar por escrito un punto de vista que, razonadamente, aporte mayores elementos jurídicos o técnicos para que el tribunal pueda emitir su decisión.
Los observatorios judiciales ciudadanos se constituyen por un conjunto de personas que vigilan directamente la actividad judicial y administrativa del poder judicial, verificando, por ejemplo, las licitaciones para adquisición de materiales o bienes inmuebles, o los procedimientos de elección de juzgadores.
Aunque no existan observatorios judiciales ciudadanos, el poder judicial debe transparentar todas sus actividades, publicando en su portal de internet las sentencias que dicta, la forma en que está conformado (organigrama), un directorio de todos los servidores públicos, el curriculum vitae de los funcionarios judiciales y administrativos, así como toda la información administrativa requerida por la sociedad, como son los sueldos percibidos, los ingresos que obtiene año con año, así como la forma en que se gastan los recursos públicos.
Transparentando las decisiones judiciales se puede saber, por ejemplo, si un juzgado o tribunal es consistente en la toma de decisiones; es decir, si se sujeta a sus propios precedentes, lo que permite reducir la sospecha de que se resuelvan dos casos idénticos en sentidos diferentes por motivos de corrupción.
La justicia abierta permite la optimización de los recursos públicos aplicados por el poder judicial. Además, el uso de la tecnología facilita a los usuarios el acceso al servicio de impartición de justicia al permitirles, por ejemplo, consultar las listas de acuerdos por internet e, inclusive, presentar demandas, documentos, promociones y recursos por medios electrónicos.
El Presidente de la República y los Gobernadores de los Estados obtienen su legitimación en el poder por el voto popular. Lo mismo sucede con los legisladores federales o estatales. Por el contrario, los juzgadores no son elegidos por la votación popular directa, sino que son designados a través de concursos de oposición o a propuesta de algún poder (ya sea el ejecutivo o el judicial), con ratificación de la legislatura local o el Senado de la República, según sea el caso. La justicia abierta permite conocer cómo actúan las juezas (y sus homólogos varones), a efectos de otorgarles la legitimación democrática que tienen.
La justicia abierta abona a la confianza de la sociedad en sus juezas y jueces, de manera que, aunque no se comparta el sentido de una resolución, se sabrá que el fallo se emitió de manera independiente, objetiva e imparcial. Esto, a sus vez, se traduce en que los obligados a cumplir una determinación la acaten en sus términos (lo anterior, sin desconocer el derecho a impugnar las determinaciones que son adversas a las partes).
Un poder judicial eficiente es una herramienta para el crecimiento económico de un país o de una localidad. Imaginemos a un empresario que quiere invertir su dinero. ¿Dónde lo hará? ¿En un lugar donde las deudas mercantiles o los conflictos con los trabajadores tardan años en resolverse o en una entidad federativa donde estas controversias se tramitan y resuelven rápidamente?
En México se ha avanzado bastante en materia de justicia abierta. En la actualidad existen juicios en línea y los portales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal y del Consejo de la Judicatura Federal, generan muchísima información disponible a la sociedad. Sin embargo todavía hace falta mucho por hacer. La justicia abierta se va construyendo día con día, en la que juezas, jueces y sociedad deben ir de la mano mejorando el sistema de impartición de justicia.
Como adelantamos, estas líneas e ilustraciones son solo un pequeño adelanto de lo que es la justicia abierta y las implicaciones que ésta tiene para la sociedad y el Estado en su conjunto.
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