42.4 no es lo mismo que 50

Al día de hoy, los resultados de la pasada jornada electoral nos indican que la paridad de género no fue alcanzada en la conformación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), ni mucho menos en las 16 jefaturas delegacionales.

Una vez más, el Distrito Federal le quedó a deber a las mujeres y a la paridad de género.

En la próxima administración, únicamente cuatro de las 16 delegaciones, tendrán a una mujer al frente de la demarcación. Representando un retroceso, ya que actualmente son cinco posiciones; de tal forma que las y los habitantes de Álvaro Obregón, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tlalpan estarán gobernados por una mujer.

Si bien, esto constituye el 25% del total de las delegaciones, según las proyecciones del INEGI para 2015, estas cuatro mujeres serán las representantes de aproximadamente 3, 602, 873 personas; es decir el 40.68% del total de la población del Distrito Federal.

Respecto a la conformación de la ALDF, de los 40 distritos de mayoría relativa que fueron disputados entre los partidos políticos y candidaturas independientes; 24 fueron ganados por hombres y 16 por mujeres, es decir 60% frente a 40%.

A estas cifras, hay que agregar los resultados de la asignación de Diputadas y Diputados electos por el principio de representación proporcional; lo cual indica que de los 26 espacios distribuidos, 14 serán ocupados por hombres y 12 por mujeres.

Dando como resultado que, al día de hoy, la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se compondrá por 38 hombres y 28 mujeres; es decir un 57.6% frente a un 42.4%.

Si bien, el incremento del 9.1% representa un avance significativo en el porcentaje de la participación de las mujeres, dado que en la actual legislatura únicamente el 33.3% está ocupado por ellas; una vez más la paridad de género quedó en buenos deseos plasmados en la legislación electoral, en las plataformas de los partidos políticos y en la normatividad aplicada en la materia.

La paridad sustantiva no fue alcanzada y únicamente fue respetada en el registro de candidaturas. Sin embargo, el que hoy hayamos dado un paso significativo para alcanzar la paridad, es reflejo de una serie de batallas que mujeres y hombres comprometidos con la igualdad han dado a lo largo de muchos años.

En nuestro país no podemos olvidar al movimiento sufragista que hace 62 años logró –después de muchas trabas- que las mexicanas tuvieramos el derecho de votar y ser votadas; siendo éste último aspecto, la bandera de quienes comulgamos con la paridad de género; ello con la finalidad de que todas las personas que deseen participar en la vida pública del país, a través de un cargo de elección popular puedan hacerlo sin distinciones ni restricciones de ninguna índole.

Pero… ¿Cómo ha sido el camino para que estemos cercanos de alcanzar la paridad? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué se debe hacer para que más mujeres ocupen más y mejores espacios? ¿Qué falta para dejar de cuestionar que una mujer cuenta con las mismas capacidades que los hombres para ocupar un cargo de elección popular? ¿Qué falta?

Ante ello, me gustaría hacer una serie de apuntes que buscan encaminarnos a una discusión seria y profunda sobre el tema, sobre todo considerando el escenario concerniente a los planteamientos enmarcados en la Reforma Política del Distrito Federal.

En primer lugar, quisiera referirme a las jurisprudencias 6/2015 y 7/2015 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las que se estableció, entre otras cosas, que los partidos y las autoridades electorales deben garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas municipales desde una doble dimensión: vertical y horizontal.

A la par de las jurisprudencias 8/2015 y 9/2015 en donde se reconoce que La igualdad, exige que la aplicación normativa posibilite el ejercicio de los derechos (y que) es necesario eliminar los obstáculos históricos que lo impiden y que se basan en características personales, sociales, culturales o contextuales.

Este hecho provocó que en algunos estados, como Baja California Sur, Morelos, Guerrero, Querétaro y Tabasco y, a raíz juicios para la protección de los derechos político-electorales de un cierto número de mujeres interesadas, se determinara que los partidos políticos deben aplicar los criterios que permitan la paridad tanto vertical como horizontal en el registro de candidaturas; sentando un precedente importantísimo para el resto del país y para los próximos procesos electorales.

Por ejemplo, en la segunda semana del mes de junio, el Congreso del Estado de Baja California, aprobó la iniciativa de reforma electoral del estado, la cual ya incluye la paridad vertical en el párrafo III del artículo 140 de la Ley Electoral del Estado de Baja California; siendo así la primera entidad en incluir este precepto de manera formal en su legislación y sentando las bases hacia la paridad en la entidad.

Por otro lado, en lo referente a la asignación de diputados por el principio de representación proporcional; tan sólo por citar otro ejemplo, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana aprobó el pasado 6 de junio el ACUERDO 150/2015, por el que se determinan los criterios correspondientes, así como para los regidores integrantes de los ayuntamientos de la entidad.

El Acuerdo en cuestión es por demás sobresaliente, ya que establece como principal argumento, la conformación paritaria del Congreso Estatal, por lo que si no se logra la paridad con los primeros resultados obtenidos y, siguiendo dichos criterios, podrá asignar las curules exclusivamente a mujeres, con la finalidad de que la brecha de género se reduzca al mínimo en la integración del Poder Legislativo local.

En dicho tenor, y a manera de conclusión, me gustaría reconocer el esfuerzo de quienes alzan la voz como las integrantes de la Red Mujeres en Plural, donde hemos puntualizado en la necesidad de realizar las acciones para garantizar la paridad, alcanzar la igualdad sustantiva, y tomar medidas para prevenir, atender y sancionar la violencia política hacia las mujeres; todo ello con el objetivo de ser realmente una sociedad incluyente e igualitaria.

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