Destituir a un secretario técnico de la ponencia de un consejero de la Judicatura Federal por asuntos relacionados con corrupción y tráfico de influencias para determinar la adscripción de los jueces y magistrados no es cosa menor.

Esta semana el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) “aceptó la separación” (sic del boletín oficial) de Mario Alberto Prado Rodríguez quien se desempeñaba Secretario Técnico de la ponencia del consejero Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández –designado para ese cargo por el ex presidente Felipe Calderón- con la intención de  “facilitar la investigación del caso en que se han visto involucrados funcionarios judiciales federales en posibles actos ilícitos relacionados con la actividad de casinos”. Tal caso, se refiere a la publicación en medios de comunicación de grabaciones que contienen conversaciones entre el magistrado José Manuel Rodríguez Puerto -Primer Tribunal Colegiado en materia Penal y del Trabajo del Décimo Noveno Circuito (Tamaulipas)- y Francisco Salazar Arreozola -apoderado de Juan José Rojas Carmona, alias el zar de los casinos– en las que se involucra a Prado Rodríguez como facilitador para un cambio de adscripción del mencionado magistrado a Cancún donde podría operar a favor de los intereses del empresario de casinos.

Este no es un hecho aislado. Como se informa en el boletín citado, el CJF ha realizado en los últimos meses, indagaciones e iniciado procedimientos contra “juzgadores federales que habrían emitido irregularmente resoluciones jurisdiccionales en beneficio de centros de apuestas”.

Esta muestra de la perversa relación entre jueces y casinos (ya clásica en la literatura político-mafiosa) pone en evidencia la corrupción existente en el Poder Judicial de la Federación y la falta de independencia real de los jueces y magistrados de esos poderes fácticos que trastocan el espacio de decisión judicial para trasladarlo a sedes extra-legales y extra-institucionales creadas por intereses económicos en las que la justicia se resuelve por medio de la transacción de bienes, favores e influencias.

En el primer caso, la adscripción de un funcionario judicial resulta un tema de importancia fundamental e ilustra como la ubicación en la geografía judicial de jueces y magistrados puede resultar benéfica para ciertos intereses económicos, políticos o criminales que constantemente son recurridos ante tribunales. La decisión sobre la adscripción es una atribución del CJF regulada someramente por la ley orgánica del poder judicial y está a cargo de una comisión que se integra por tres consejeros (entre ellos el consejero Daniel Francisco Cabeza de Vaca). La posibilidad de que en la decisión sobre la adscripción de los jueces y magistrados haya conductas ilícitas, que deja entrever el caso actual, obliga a que el Consejo de la Judicatura Federal haga públicos los informes, los lineamientos de los concursos de oposición, las políticas sobre la adscripción de jueces y magistrados, así como la investigación correspondiente.

Las investigaciones a funcionarios judiciales federales por su participación en posibles actos ilícitos relacionados con la actividad de casinos tampoco son menos graves. Estos casos en que los jueces y magistrados son investigados por la emisión irregular de resoluciones judiciales en beneficios de centros de apuestas, sostienen que la decisión de los operadores jurídicos no tiene como base el derecho, sino que se deciden por un interés diferente al jurídico. Esto apunta a la revisión de las sentencias y otras resoluciones judiciales. La única forma de revisar la decisión del juez o magistrado es la publicidad de sus sentencias. De ahí la importancia de la transparencia que obliga a hacer públicas las decisiones de magistrados y así permitir el análisis de los argumentos, las razones jurídicas y las pruebas que soportan una resolución judicial. El CJF debe  desarrollar mecanismos -que actualmente no tiene- que permitan una verdadera publicidad, accesibilidad y difusión de las sentencias para su conocimiento por parte de la sociedad; de esa manera se podrá reducir la discrecionalidad en la decisión judicial y evitar esta forma de corrupción.

Es necesario concebir como nocivas estas conductas judiciales no solo por lo que se refiere a sus consecuencias en el debilitamiento institucional del Poder judicial o la comisión de ilícitos por parte de funcionarios judiciales. Por encima de estas consecuencias institucionales hay que considerar que estas conductas judiciales atentan contra el derecho de las personas a contar con una justicia imparcial, independiente y objetiva. El debilitamiento del Poder Judicial por corrupción o ineficacia importa porque es el órgano del estado encargado de garantizar el derecho de acceso a la justicia de todas las personas. La falta de una justicia independiente, imparcial y eficaz es una violación a los derechos humanos.

Ante esta situación, se vuelve necesario reafirmar la importancia de un Consejo de la Judicatura Federal que actúe de manera contundente para evitar la impunidad y combatir la corrupción en la impartición de justicia. Actualmente el CJF tiene dos vacantes en el Pleno por la omisión del Senado de la República en la designación de los consejeros correspondientes al Poder Legislativo. En ese contexto, resulta casi ridículo que el Congreso de la Unión pida al Consejo de la Judicatura una reunión y exija una eficiente investigación en el tema de los casinos y las casas de apuestas cuando el Senado tiene más de un año con el retraso en la designación de consejeros. Un Consejo de la Judicatura Federal débil porque no se encuentra completamente integrado no puede responder a las funciones que tiene y la complejidad de la problemática judicial en el país. Para tener la contundencia y fortaleza es necesario que el CJF esté completamente integrado y así atender sus funciones de manera cabal, entre ellas la vigilancia y disciplina de los órganos jurisdiccionales que son urgentes como demuestra el caso.