Hace un poco más de dos años, comenzamos a posicionar el tema de #JusticiaAbierta en las redes sociales. En ese entonces apenas se podían encontrar un par de menciones al tema por día, generalmente provenientes de cuentas españolas. En México, cuando hacíamos la búsqueda del hashtag en Twitter o en alguna otra red social nos redirigía de forma inexorable al material que desde Borde Jurídico estábamos creando. Intentábamos iniciar un diálogo en el que carecíamos de interlocutores, en términos generales se trataba de un monólogo.

Hoy, al cerrar el 2015 es un tema presente en las redes sociales y al que se han subido magistradas y magistrados del Tribunal Electoral, jueces de distrito, juezas locales, comisionadas y comisionados del INAI, asociaciones civiles, etc. No podemos decir que se haya vuelto trending topic, pero sí podemos afirmar que ya no es un tema de culto. Sin duda es un dato que nos alegra. No nos alegra porque hayamos sido pioneros en el tema en México y queramos colgarnos la medallita, sino porque vemos que se construyen condiciones para un diálogo interinstitucional y para una deliberación pública concienzuda. Si las semillas de diálogo y deliberación germinan, probablemente podríamos apuntalar directrices para que el poder judicial y el derecho dejen de ser instituciones alejadas de la sociedad en las que sólo pueden participar los especialistas. Esto sería un progreso significativo para una república como la nuestra que ansía justicia.

También nos alienta que el pasado octubre, en el marco de la Cumbre de la Alianza Para el Gobierno Abierto celebrada en nuestro país, hubiera tres mesas donde se discutió de manera directa tanto el concepto como las prácticas de #JusticiaAbierta y que en noviembre se haya realizado un foro organizado por el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral donde se abordaron diversas problemáticas tanto institucionales como conceptuales al respecto.

Finalmente, el hecho de que en las comparecencias de candidatas y candidatos para ocupar un asiento en la SCJN que se realizaron en el Senado de la República, se les haya cuestionado al respecto, nos entusiasma porque nos indica que el tema empieza a estar en la agenda política y jurídica nacional.

Con todo y la alegría, el aliento y el entusiasmo, es indispensable para nosotros hacer una pausa y preguntarnos ¿qué implica que la #JusticiaAbierta se esté posicionando en la agenda pública? ¿quiere decir que hemos llegado ya a buen puerto?

Desde mi perspectiva aún no hemos llegado a buen puerto, sino que estamos en una fase de reconocimiento. Es decir, el barco apenas zarpó. Las personas implicadas en el tema comenzamos a comprender que si lo que queremos es un Estado Democrático de Derechos, entonces el poder judicial no puede hacerse a un lado de la dinámica de rendición de cuentas, ni tampoco el derecho y la administración de justicia pueden seguir siendo ajenos al ciudadano. Y no puede ser así porque la construcción de un Estado de Derecho (ese que tanto aparece en los discursos oficiales) implica por fuerza confianza en las instituciones que permiten procesar los conflictos de forma pacífica (juzgados, tribunales, Suprema Corte, Consejo de la Judicatura, etc.). Dicha confianza se logra con rendición de cuentas y apertura del poder judicial y el derecho. Un poder judicial que se percibe como obscuro o corrupto, un poder judicial que no se abre a la sociedad o un derecho que se percibe como un instrumento de dominación, generan condiciones que permiten que florezca la ley del más fuerte del Estado Mafioso y no la justicia del Estado de Derecho.

Si tenemos esto en cuenta, resulta curioso –por decir lo menos– que en las comparecencias para las designaciones de Ministra y Ministro de la SCJN, volvimos a escuchar la tesis de que los jueces rinden cuentas y le hablan a la sociedad a través de sus sentencias. Las sentencias son la resolución del juez respecto a un conflicto, pero no un instrumento para rendir cuentas, al menos no es el medio idóneo para hacerlo. Las sentencias no nos especifican los gastos que se han hecho en un juzgado, tampoco los conflictos de interés que pueda tener una jueza o juez, ni cómo se contrata al personal del juzgado, ni si en él existen políticas de equidad de género. Reducir a las juezas y jueces a sus sentencias supone no reconocer la diversidad de funciones que desempeñan como funcionarios públicos. Ciertamente en las sentencias podríamos encontrar las interpretaciones que sobre el derecho y la justicia tienen, las cuales podrían convertirse en instrumentos de rendición de cuentas si desde el poder judicial se instrumentara una política de comunicación que permitiera a los ciudadanos comprender cómo se están protegiendo sus derechos. En las comparecencias, lo que escuchamos fue que esto es labor de la coordinación de comunicación social del CJF o de la SCJN y no de las juezas y jueces. Resulta curioso –por decir lo menos, insisto– que en el mismo proceso se escuche que es urgente que el poder judicial se abra a la sociedad, buscando generar comunicación con ésta y que a la vez se enuncie que la jueza o el juez no tienen porqué participar en esos procesos de apertura, argumentando que con su sentencia basta.

¿Bastan sentencias de 100 páginas escritas en un lenguaje que sólo entienden los iniciados? ¿bastan sentencias que son materialmente imposibles de encontrar en las páginas de Internet salvo con un folio exacto? ¿basta que el juez juzgue, sin importar cómo lo hace para rendir cuentas? Apenas ha zarpado el barco de la #JusticiaAbierta y ya vislumbramos el mayor obstáculo: comprender la complejidad y la profundidad de conceptos como transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración ciudadana en los procesos jurídicos y judiciales. El reto para el año que viene es que la #JusticiaAbierta no se asimile como un concepto más que devora la agenda pública y que se vacía tras una repetición constante, sino que se arraigue como el concepto guía de una discusión indispensable: la necesidad de confianza en la justicia para la construcción de un Estado Democrático de Derecho.