Contrario a lo que cualquiera de nosotros podemos pensar, relativo a que los delincuentes deberían ser los enemigos del Estado, increíblemente no es así; quienes forman parte de la delincuencia común y organizada, como es del conocimiento público, son en repetidas ocasiones, “amigos”, patrocinadores y hasta jefes de cientos de autoridades que forman parte de la burocracia mexicana en todos los niveles y poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno.

Las personas que ejercemos las libertades de expresión y de conciencia (artículos 7 y 24) reconocidas como Derechos Humanos en la Constitución Federal y en diversos tratados internacionales, hemos sido o somos considerados como enemigos del “Estado”, porque les resultamos incómodos a las autoridades cuando hacemos señalamientos, quejas, denuncias e imputaciones probadas y objetivas.

Como consecuencia del ejercicio de las libertades señaladas, corrupta e impunemente se inician investigaciones administrativas, penales y diversos actos represivos, amenazas, detenciones arbitrarias avaladas por fiscales y jueces. Son cientos los encarcelamientos, lesiones o muerte de personas inocentes que lo único que hicieron fue participar activa y creativamente dentro del marco de la legalidad para generar conciencia, evitando ser cómplices mudos de tanto abuso del poder público.

Las y los titulares de los poderes ejecutivos en los órdenes municipal, estatal o el Gobierno Federal, se convierten en “dioses” de trienio o sexenio; desde el momento en que entran en funciones y los regidores, diputados locales, diputados federales, senadores quedan vergonzosamente subordinados a aquellos.

En el caso de los poderes judiciales en las entidades federativas y el Poder Judicial de la Federación, jueces, magistrados y ministros, son producto de la designación indirecta de los ejecutivos locales o el federal con la simulación de una selección legislativa previa, pero en su inmensa mayoría de sus “empleados legislativos” (diputados y/o senadores), lo mismo sucede en organismos autónomos en el País que son ineficientes y costosos para el pueblo.

En México pensar, expresarse de forma crítica, propositiva y libre constituye un atentado contra quienes forman parte de los poderes o instituciones del Estado, siendo un riesgo para quienes nos atrevemos a hacerlo, así como para nuestras familias y amigos. Aún así, como ciudadanía tenemos el derecho y obligación de impedir el autoritarismo, abuso e imposición de la fuerza del Estado por el hecho de manifestarnos y pensar de forma diferente.

Continuaré ejerciendo mis libertades de forma legal, creativa, activa, me niego a ser rehén del miedo por las represalias que pueden derivarse al ser considerado erróneamente por algunos servidores públicos como un enemigo del Estado, no creo que una sociedad pasiva, mal educada y resignada contribuya al mejoramiento del País, el cambio empieza en uno mismo, mañana quizá sea demasiado tarde, debemos activarnos y participar desde hoy.

Miguel Nava Alvarado | @miguelnava_ 

Abogado Defensor de Derechos Humanos en Querétaro.

*Artículo publicado originalmente en Radio Capital Querétaro, reproducido íntegramente bajo autorización de Miguel Nava Alvarado, Defensor de Derechos Humanos en Querétaro.