Se trata de una corresponsabilidad de la sociedad civil para lograr que los Congresos estatales se adhieran a este gran proyecto de transparencia y rendición de cuentas

La apertura del período ordinario de sesiones del Congreso General representa, por lo menos en el discurso, la oportunidad de llevar a cabo tres acciones institucionales: revisar los pendientes legislativos y parlamentarios más apremiantes de la vida política nacional, hacer un balance sobre las decisiones de los legisladores y el impacto social esperado y establecer una visión sobre los acuerdos necesarios para cumplir con una agenda.

El 22 de septiembre de 2014 se abrió la oportunidad de establecer en la agenda política del Congreso, la firma de la Alianza para el Parlamento Abierto que tiene como objetivo: “transformar la relación entre representantes y representados para mejorar la rendición de cuentas, acceso a la información, participación ciudadana y uso de tecnologías de la información de las instituciones legislativas en México.”

A casi dos años de la firma de la Alianza, vale la pena analizar la expectativa que puede tener este tema, tanto al interior del Congreso General como de los Congresos estatales.

Es de destacar, que al menos uno de los grupos parlamentarios, como fue Movimiento Ciudadano, durante su posicionamiento frente al informe del poder Ejecutivo, tuvo la inteligencia de establecer como prioridad el tema de Parlamento Abierto como uno de los pendientes para desarrollar herramientas de vinculación ciudadana con la agenda legislativa. Asimismo, señaló que ha sido el único grupo parlamentario que adoptó un código de ética al interior y el que ha publicado, en su totalidad, sus tres declaraciones.

En este sentido, el modelo de Parlamento Abierto permitiría realizar un balance a cada grupo parlamentario para saber si las decisiones y los posicionamientos que han tomado hasta ahora han sido los más adecuados para generar un diálogo ciudadano que permitan dar solución a graves problemas nacionales como la desaparición forzada de personas, los delitos de tortura y en general de derechos humanos, como el tema más importante de la agenda legislativa.

El Parlamento Abierto debe ser el instrumento para establecer una visión sobre los acuerdos necesarios que deben alcanzar los legisladores para cumplir con una agenda que ellos mismos han establecido. Hasta ahora una de las principales faltas ha sido el cumplimiento de los plazos a los que se ha comprometido el Congreso, ya sea para aprobar una legislación como en los temas de archivos y datos personales para sujetos obligados derivados de las reformas en transparencia, o para implementar cambios al interior del Congreso, de acuerdo con los principios señalados en la Declaración de lanzamiento de la Alianza para el Parlamento Abierto en México.

Por último, es importante mencionar que la Alianza establece que para 2018 la “meta es que todas las instituciones legislativas del país implementen acciones específicas para el cumplimiento de los principios de Parlamento Abierto”, lo cual implica una corresponsabilidad de la sociedad civil para lograr que los Congresos estatales se adhieran a este gran proyecto de transparencia y rendición de cuentas.

Sobre el autor:
Javier Orizaga – @javiorizaga
Analista de asuntos legislativos y parlamentarios; Especialista en transparencia y rendición de cuentas para las organizaciones de la sociedad civil.