El proceso de designación de quienes habrán de integrar los organismos públicos electorales locales, mejor conocidos como “Oples”, está en curso y para su siguiente etapa, de los 3,289 aspirantes convocados al examen de conocimientos, la lista ha sido decantada al punto de quedar únicamente los 50 mejor evaluados por entidad federativa: 900 finalistas.

Lo novedoso de este proceso, no sólo es el que se les haya quitado a los congresos estatales la facultad para llevar a cabo el mismo, para dárselo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), sino que por primera vez y derivado de las transformaciones que tuvo el sistema electoral mexicano con la reciente reforma política, la relación entre la autoridad electoral federal y los organismos electorales locales, tendrá cierta lógica de naturaleza jerárquica.

Ello es así, porque aunque la Constitución y la ley electoral establecen que los organismos públicos locales gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, lo cierto es que se faculta al Consejo General del INE a nombrar y remover, por mayoría calificada, a los integrantes de los mismos.

En tal sentido, si bien tal y como ha declarado el Consejero Presidente del INE, la relación que sostendrá dicho órgano con los organismos públicos locales no será jerárquica sino de coordinación y rectoría, lo cierto es que en los hechos, quien tiene la facultad de nombrar y remover a una persona, si no es técnicamente su superior jerárquico, por lo menos se parece.

Lo interesante es que también ahora, en la lógica de un instituto nacional responsable de velar por los procesos electorales tanto federales como estatales, las repercusiones de no garantizar plena certeza, legalidad e independencia en el desempeño que lleve a cabo cada uno de los consejeros electorales locales, impactarán directamente en el órgano que los designó.

Me explico: la falta de credibilidad que en lo sucesivo se llegara a generar entre los consejeros locales, derivado de un actuar que diste de ser imparcial y profesional por parte de la autoridad electoral, en lo que se va a traducir será en múltiples presiones en los estados hacia el Consejo General del INE, para que ejerza sus nuevas facultades especiales, y asuma de manera parcial o total, el control de las elecciones locales (ya veremos de cuántas).

No se debe soslayar que, en buena parte, las razones por las que se planteó la designación y remoción de consejeros locales desde el INE y la posibilidad del órgano nacional electoral de asumir la organización de elecciones locales, fue precisamente por el poco o nulo prestigio que en muchas entidades federativas habían generado los institutos estatales electorales, en buena medida por la indebida injerencia del Ejecutivo local en su integración y operación.

Tampoco hay que descartar que algunos actores políticos locales, acostumbrados a la recién eliminada usanza de designar consejeros directamente y atendiendo a virtudes, sobre todo de índole partidista, intenten presionar al INE para que les garanticen preservar a sus favoritos.

No se trata de negarle la oportunidad a nadie ni mucho menos de hacer juicios a priori respecto de ningún aspirante. Sin embargo, el reto para el Consejo General del INE no será sencillo.

Tiene en sus manos la compleja tarea de erradicar la idea fundada de que en estas designaciones sólo importa el interés político, para en su lugar brindar un proceso que dé certeza de que en la integración de los organismos públicos locales, los únicos factores de influencia serán el conocimiento, el compromiso institucional y la altura moral y profesional demostrada por cada aspirante, tanto en su historial como en las distintas etapas del proceso, para garantizar que el ejercicio de la importantísima función que les será encomendada, será realizada de manera intachable.

A diferencia del anterior diseño, en la nueva lógica de designación de los integrantes de los organismos locales, el desacierto de nombrar a alguien incompetente y/o desleal a los fines de la institución, tendrá todo que ver con el INE ya que no sólo mermará su crédito como responsables de los nombramientos, sino que eventualmente instará al INE a tener que asumir el trabajo y el resultado de sus pifias.

Un buen signo es que en las listas recientemente publicadas, hay perfiles de mujeres y hombres que cuentan con interesantes trayectorias, gente nueva pero de ninguna forma improvisada y lo más importante, que tanto el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, como el consejero que encabeza la Comisión de Vinculación con los “Oples”, Marco Antonio Baños, cuentan con un vasto y probado conocimiento de la materia electoral y de la institucionalidad democrática, lo cual permite tener optimismo de que los procedimientos de designación arrojarán a ciudadanos capaces y confiables. Que así sea.