Por obligación, y por presión desde el centro, los Congresos de los 16 estados que a partir de la primera semana de octubre tendrán elección local concurrente con la federal están en una vorágine para adecuar sus respectivas constituciones a la reforma político-electoral. En el caso del DF, el jueves pasado el Congreso de la Unión reformó el Estatuto de Gobierno con el mismo propósito.

Dar seguimiento a las adecuaciones que están aprobando los poderes legislativos de los estados es una tarea detectivesca ya que sus páginas electrónicas parecen haber sido diseñadas bajo el principio de máxima opacidad; el retraso en la difusión de gacetas parlamentarias y diarios de debates es generalizado. Lo mismo ocurre con los periódicos oficiales de los estados y el DF.

Gracias al apoyo de amigos y a la colaboración del INE, he podido leer algunas de las iniciativas de reforma a las constituciones locales; la relativa al Estatuto de Gobierno del DF está disponible en la página del Senado. En la mayoría de los casos lo que han hecho los legisladores locales es transcribir en sus constituciones párrafos completos de los artículos 41, 115 y 116 de la Constitución federal, en lo relativo a instituciones, procesos electorales, duración de campañas, partidos políticos y reelección de legisladores y munícipes.

Constato que, salvo contadas excepciones, no fueron tomadas en cuenta disposiciones sustantivas de las leyes generales electorales, que por su naturaleza tienen una jerarquía superior a las constituciones locales. Al parecer, la técnica legislativa utilizada se basa en una práctica que los jóvenes denominan “patear el bote”. Los asuntos delicados que implica la reforma serán discutidos y convenidos en las leyes electorales locales, esperando que lo anterior sea posible antes que se cumpla el plazo fatal que impone el artículo 105 de la Constitución.

Patear el bote ha sido la única manera de atender la presión que el PAN impuso al gobierno federal, al condicionar su participación y votación de las leyes en materia energética a la aprobación de las adecuaciones electorales en los estados. Se espera que la presión funcione y que antes del último día de este mes queden promulgadas las reformas a 16 constituciones estatales y al Estatuto de Gobierno del DF, para de inmediato proceder a discutir los cambios en las leyes electorales respectivas. El plazo límite para tales efectos se cumplirá el día 9 de julio, ya que se espera que el 10 de octubre arranquen los procesos electorales.

Entre los asuntos que mayores complicaciones habrán de provocar para la reforma de las leyes electorales encuentro:
 
Elaborar la fórmula para la asignación local de diputados plurinominales, debido a que por Ley General primero habrá que entregar una curul a los partidos que obtengan, al menos, un 3 por ciento de la votación válida emitida; desarrollar esa fórmula y cumplir con las reglas de sobre y sub representación es un reto mayúsculo, que terminará en manos del TEPJF.

Mientras el INE no decida las funciones que en los procesos electorales locales habrá de ejercer por sí mismo, y las que delegará en los institutos locales, adecuar las leyes electorales es un rompecabezas. La indefinición impacta especialmente dos temas: La selección y capacitación de funcionarios de mesas directivas de casilla en las jornadas comiciales en que concurren elección local y federal, casos en que existirá casilla única, y la fiscalización de los ingresos y gastos de partidos y candidatos.

A menos que las dudas se resuelvan de inmediato, a los legisladores locales solo les queda seguir pateando el bote, colocando en las leyes electorales normas genéricas del tipo: “En esta materia se estará a lo que disponga el INE”. Quedará abierta una zona de gran incertidumbre, que previsiblemente dará lugar a debates interminables y votaciones divididas entre los consejeros del INE.

Posdata. ¡Bien por la selección! Nos queda la esperanza de que Holanda sucumba ante el buen juego de los nuestros. Ojalá.