Bertha Alcalde

Hace algunos meses Iván de la Garza, consultor en sistema acusatorio, mencionaba en un documental sobre la reforma penal que existía el riesgo de que la reforma se convirtiera en una especie de gatopardismo, en donde todo cambia para quedarse igual. Pues efectivamente, la simulación es el pan de cada día en el sistema de justicia, todavía persisten prácticas inquisitivas y violatorias de derechos tanto de víctimas como imputados, que se esconden dentro de procesos garantistas, lo que las hacen aún más peligrosas.

La simulación comienza desde la primera intervención de los policía en las detenciones, quienes están obligados a llenar hojas y hojas de formatos para el Ministerio Público. El problema es que si bien en apariencia, los policías están documentando de forma más exhaustiva sus funciones, lo que cualquiera pensaría que brinda más seguridad jurídica al ciudadano, buena parte de la información contenida en los informes es inventada. Con el fin de justificar inspecciones y detenciones en flagrancia es común que el policía narre historias fuera del sentido común como la de un conductor manejando una camioneta con dos armas en la mano, o la de un hombre a quién se le encuentran 150 bolsas de cocaína en el bolsillo de su pantalón.

Es habitual también que el Ministerio Público, en aras de justificar la detención y vinculación a proceso en la audiencia inicial, le indique al policía cómo llenar los huecos de su informe, y “ayude” a redactar los testimonios de víctimas y testigos. Por otro lado, si bien se regula ampliamente el procesamiento de la evidencia, y la cadena de custodia, muchas veces también son simulados, al grado de que los embalajes de las evidencias se hacen a veces en la misma agencia del ministerio Público. Más grave aún, la siembra de armas y droga sigue siendo reiterada en muchos lugares del país.

Otra problema, que persiste es la corrupción por parte del Ministerio Público. No obstante el sistema acusatorio ofrece salidas alternas al proceso penal como los acuerdos reparatorios entre víctimas y ofendidos y la suspensión condicional del proceso, hay veces que para poder acceder a estas alternativas es preciso pagar “moches” al Ministerio Público. Esto es aún peor con los criterios de oportunidad y los procedimientos abreviados en donde el Ministerio Público tiene la última palabra.

Es cierto que con la implementación del sistema acusatorio muchas cosas han mejorado, por ejemplo se ha logrado más transparencia en la decisiones de los jueces y se ha facilitado la comprensión de los casos por los involucrados. Pero también es cierto que se están pervirtiendo muchos de los logros de la reforma penal, se están replicando prácticas del sistema inquisitivo y se está simulado para llegar a los estándares que no se han logrado con la capacitación. Los cambios importantes siempre son multifactoriales  y en un contexto de una cultura como la nuestra, tan proclive a la simulación y la corrupción, lo hace más difícil, pero la conclusión no debe ser abdicar y regresar a lo viejo, sino concentrar los esfuerzos en los factores que generen mas potencial de cambio.